La “obsesión” de Mónica Ferrero: cómo será la Escuela de Fiscales que pretende poner en marcha en 2027

Es casi que una regla no escrita entre las personas que se sientan a hablar largo y tendido con Mónica Ferrero. En algún momento de la conversación, algo la llevará a recordar sus días formativos en la escuela judicial a inicios de los años noventa, cuando era una joven abogada decidida a convertirse en fiscal, y entonces la inundará un entusiasmo desbordante: hablará de las “lecciones de vida” de sus docentes, de la importancia de “la ética” y la “solvencia técnica” para el trabajo en el sistema de justicia, y de todo lo que le debe al Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) en una carrera que la llevó a ser referente de la lucha contra el narcotráfico y, más recientemente, a conducir de forma interina, desde 2024, la siempre problemática Fiscalía General de la Nación.

Ferrero —cuya gestión como “subrogante del subrogante” del fiscal de Corte divide en dos al sistema político— tradujo esa obsesión en una propuesta que, contrario a las discusiones en torno a su confirmación o no como titular de la Fiscalía, ha recibido amplios apoyos de todo el arco político, desde la frenteamplista Constanza Moreira hasta el colorado Pedro Bordaberry, pasando por el visto bueno presupuestal del ministro de Economía Gabriel Oddone.

La iniciativa en cuestión es la creación de una Escuela de Fiscales a imagen y semejanza de la que forma a los jueces desde hace más de treinta años, y que —como ocurre en la Justicia— oficiará como principal vía de ingreso al Ministerio Público.

La ley de Presupuesto le otorgó a Fiscalía una partida anual de aproximadamente 11 millones de pesos y creó siete cargos para poner en marcha la escuela, con una primera reglamentación que debería estar lista para fines de junio.

Es, dicen algunos, algo así como el “buque insignia” de la gestión de Ferrero, quien convenció al gobierno de la necesidad de un cambio en la formación de los letrados y trabaja contrarreloj para implementarlo a partir de 2027, cuando se cumplan diez años del nuevo Código de Proceso Penal, ese que dio un nuevo protagonismo a los fiscales y los convirtió en una pieza central —y cuestionada— del sistema judicial.

Mientras una comisión de la Fiscalía trabaja en la búsqueda de un local (hay once en carpeta), la elaboración de la currícula, el perfil de los docentes y la compatibilización con la normativa vigente de concursos de ingreso y de ascenso, Ferrero cuenta el origen de su obsesión y sale al cruce de algunas voces críticas dentro de la institución, que señalan que podía haberse destinado el dinero a otras prioridades.

—Yo soy optimista en que esto nos va a cambiar la vida —dice la fiscal de Corte a El País en su despacho, en medio de una de las tantas intensas y largas jornadas de trabajo.

Para entender los cambios conviene primero conocer el régimen vigente.

La Fiscalía General de la Nación cuenta con unos 729 funcionarios (según los últimos datos disponibles, del cierre de 2024), de los cuales 353 pertenecen al escalafón N, que es el de los fiscales letrados, sean nacionales, departamentales, adjuntos o adscriptos. Son ellos los que cumplen la tarea central del organismo. La otra mitad se compone en su amplísima mayoría de administrativos y profesionales, muchos de ellos también abogados asesores o coordinadores.

La vía de ingreso a la función fiscal, hoy en día, es a través de concursos de oposición y méritos que se abren para los puestos de fiscales adscriptos (la categoría más baja). Entre los requisitos para presentarse está el ser ciudadano natural o legal y tener título de abogado con dos años de profesión.

Foto: archivo El País

Ante cada llamado, los que cumplen los requisitos básicos realizan una prueba escrita y otra oral, a lo que se suma una entrevista psicolaboral y un puntaje adicional por méritos (por ejemplo, tener trayectoria laboral en Fiscalía, ya sea como administrativo o profesional, o haber trabajado en otros cargos técnicos dentro del Poder Judicial, o haber obtenido otros títulos académicos relevantes). Puede pasar que abogados ingresen primero como servicios profesionales y luego apliquen a una tarea de fiscal. Los que superan cierto umbral y obtienen las mejores notas quedan en una lista de prelación con la que luego se cubren las vacantes, previa venia del Senado.

El tema es que para Ferrero, ese esquema está lejos de ser el óptimo para asegurar el buen nivel de los fiscales.

—Hoy por hoy los aspirantes dan un concurso y tienen que estudiar —dice la fiscal de Corte—, pero no hay un conocimiento de cómo funciona la Fiscalía, ni una formación específica de la función, con sus complejidades y dilemas, ni tampoco una atención específica sobre la ética o la vocación.

Desde que llegó a ese puesto, aunque fuera como subrogante de Juan Gómez (quien dejó la labor por problemas de salud), Ferrero decidió que iba a gestionar con su “impronta propia” y que uno de sus legados sería la modificación del modo de ingreso de los fiscales.

—Yo entiendo que tienen que salir bien formados, bien firmes y atender cada caso como si fuera el último. Eso te lo va a dar una escuela, al menos como en la que yo me formé.

La creación de una escuela de fiscales no pertenece a ese tipo de ideas o iniciativas que siempre aparecen en el debate público pero nunca se concretan. Es, más bien, la obsesión de una fiscal de larga trayectoria que un día, por una sucesión de circunstancias, quedó al mando de la institución a la que pertenece y logró convencer a las personas correctas sobre las virtudes de su idea.

Durante meses, Ferrero defendió su propuesta ante el gobierno y el Parlamento con un abanico de argumentos: que la escuela de ingreso ayudaría a reducir los errores graves de los fiscales y a disminuir las diferencias de criterios aplicadas en los procedimientos; que el filtro de al menos un año de intensos estudios pondría a prueba la vocación de los aspirantes y permitiría conocerlos mejor; que incluso podría ser una barrera adicional al ingreso de abogados cercanos al narcotráfico.

“La escuela de fiscales está establecida en todos los sistemas de América del Sur, casi todos la tienen. Uruguay no, esta es una oportunidad de tenerla; es una oportunidad de ver quiénes ingresan a los cuadros de Fiscalía”, explicó el 9 de setiembre de 2025 ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. “¡Por favor, se los pido! Hay otros países que no voy a nombrar, respetando la soberanía de otros países linderos —o no tan linderos—, que tienen abogados que defendieron a narcos dentro de sus cuadros de Fiscalía. Nosotros no queremos tener esa situación en nuestros cuadros de Fiscalía”.

—¿Cómo garantiza la escuela que no se presenten abogados de narcos?

—Nada te lo garantiza —responde Ferrero a El País—. Lo que te garantiza la escuela es que, como vas a entrar con una formación que va a ser larga y para eso te tenés que dedicar y todo lo demás, vas a saber si la persona está apta para la función. No como ahora que entra alguien y solo hace un concurso.

Ferrero ya implementó un cambio en los concursos para que la entrevista de prueba psicolaboral, que se hacía al final del proceso, se haga al principio, como forma de mejorar los filtros en el ingreso. Eso ya se aprobó pero se implementará con el próximo concurso. La escuela, dice la fiscal de Corte, seguirá ese mismo camino.

Poder Judicial

Pero lo de los abogados narcos es una pequeña parte de los fundamentos para ir a un cambio de sistema. Está, por ejemplo, el tema de las consecuencias de la falta de formación. Luego de convencer a Oddone, quien la citó personalmente a una reunión y le dijo que le iba a dar la escuela, Ferrero fue al Parlamento a defender la propuesta y allí contó que ha habido varios casos de delincuentes que terminan haciendo un juicio a la institución por errores procedimentales.

—Tenés personas que cometen delitos graves como extorsión contra señoras mayores en un barrio, que no las dejan entrar al almacén por ejemplo y las sacan a punta de pistola, y terminan haciendo una demanda contra Fiscalía porque el procedimiento fue incorrecto —explica.

Cuando fue por segunda vez al Parlamento, a la Cámara de Senadores —donde volvió a repasar su experiencia en la CEJU del Poder Judicial y el “antes y después” que significaría para los fiscales— Ferrero les agradeció que tomaran su iniciativa y les aseguró que “no se van a arrepentir”. El colorado Pedro Bordaberry le dijo que “pensar en la escuela de fiscales es estar pensando mucho más allá de administrar esta situación de semicrisis”y “constituye un cambio en la base misma de la institución”. La frenteamplista Constanza Moreira planteó que la creación de la escuela era “quizás el principal logro del presupuesto” y que era algo que tendrían que haber hecho cuando se modificó el Código de Proceso Penal.

La escuela tendrá un director con formación en el área docente, pero Ferrero no quiere adelantar posibles nombres. Y habrá una comisión integrada por tres representantes designados por la Fiscalía (ella ya avanzó y sondea qué fiscales pueden estar interesados), uno por la Facultad de Derecho, uno por la Asociación de Magistrados Fiscales y uno por el Colegio de Abogados.

La fiscal espera que en los próximos meses el camino quede allanado:

—Yo dependo de esa comisión. Espero que a fin de año ya esté instalada la escuela, para arrancar 2027 con los cursos. Ojalá pudiéramos antes. Pero llevamos tres reuniones y vamos rapidísimo.

La formación, que duraría un año, incluirá investigación (“me gustaría que fuera una materia”, dice Ferrero), juicios simulados y pasantías en las fiscalías, parecido a cómo ocurre con la escuela judicial (de hecho, se está en contacto con esa institución para tomar lo mejor de su experiencia). Se plantea también que vayan fiscales a discutir cómo abordaron casos emblemáticos, y que puedan contar “cómo lo investigaron, qué dificultades hubo”, incluyendo detalles que “no se pueden decir para afuera”.

En Fiscalía buscan un local para al menos unos 40 alumnos (aunque todavía no se definió cuántos cupos se abrirán al año), con un espacio para poner una biblioteca. Se estima que el alquiler no bajaría de los 100.000 pesos mensuales al mes, salvo que se encuentre un inmueble del Estado. Los que egresen entrarán en una lista de prelación para convertirse en fiscales. Pero la idea es que la escuela, además de ingresos, también sirva luego, en una etapa más avanzada, para definir los ascensos.

—Estamos viendo con la comisión cómo acompasar el régimen vigente con el que va a quedar luego. Ya hay unas vacantes de adscriptos y tenemos que ver qué pasa si se hace un concurso y al mismo tiempo se avanza con la escuela. Es parte de lo que se discute.

Si bien la propuesta de la escuela recibió grandes elogios por parte de oficialistas y opositores en el sistema político, la apuesta de Ferrero fue recibida con muy poco entusiasmo por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, el sindicato de los fiscales.

Ya en el Parlamento el entonces presidente del gremio Willian Rosa dijo el año pasado a los diputados que había muchas otras prioridades antes que ponerse a gastar recursos y esfuerzos en una escuela. Lo mismo dice hoy la actual presidenta, Claudia González, en charla con El País. “No hay rubro para muchas cosas, por ejemplo a los fiscales no nos pagan la subrogación por orden de Ferrero, por eso me choca que se destinen más de 10 millones de pesos”, cuestiona y de inmediato ironiza: “Si hubiera plata, hagan una universidad de fiscales igual”.

González aclara que solo saben de la escuela por el Presupuesto y lo que ha dicho Ferrero (“es muy raro, no tenemos los detalles”) pero se anima a cuestionar varios aspectos. Dice que es “muy peligroso para la seguridad” que haya personas que accedan a información confidencial de las fiscalías y quizás luego no terminen siendo fiscales.

También critica que no se pague por cursar y cita el modelo español, en el que la carrera dura dos años y los estudiantes cobran un salario (aunque ello implicaría un presupuesto sensiblemente mayor). A su juicio, eso puede ser una “discriminación” a favor de aquellos abogados que puedan dedicar un año a la formación sin trabajar o trabajando menos. Los fiscales, dice González, se forman “en la práctica, en el barro” y con su grupo de trabajo.

En la misma línea, un fiscal de larga trayectoria que pide no ser identificado, describe: “Estamos en un estado de desastre, las fiscalías desbordadas, y el modelo impide ir a juicio, que debería ser la norma. En casi todos los casos hay acuerdos abreviados porque si no es inviable trabajar… Yo preferiría destinar el dinero a crear nuevas fiscalías”.

El contraargumento de los que, como Ferrero, impulsan la escuela, es que el presupuesto que se le destinará tampoco daría para solucionar esos problemas.

El artículo 549 de la ley de Presupuesto otorgó una partida de 10,8 millones de pesos para financiar siete nuevos cargos destinados a la escuela: dos administrativos, un encargado administrativo, un informático, un psicólogo y dos abogados.

—¿Es mucho o es poco?

—Bueno, vamos a tratar de ajustarnos a eso —responde la fiscal.

—Es más o menos lo que puede costar una fiscalía, ¿no? 

—Y sí, más o menos, porque yo creo que las fiscalías departamentales son unos 14 millones de pesos.

Foto: Ministerio del Interior

Dependiendo el caso, las nuevas fiscalías que se pedían en el Presupuesto, sumando salarios y gastos de funcionamiento, tenían un costo de entre 14 millones y 18 millones de pesos cada una.

—Lo que estamos ganando acá es que estamos formando —responde Ferrero—. Fijate vos, traspolalo a lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene su escuela, y en el Presupuesto no les dieron casi nada de sus reivindicaciones. Es como que vinieran los jueces y dijeran: saquen la escuela y creen cargos de juez. ¿Lo van a hacer? No, porque para ellos es impresionante el ver eso. No van a deshacerse de esa formación. Y te lo dice alguien que se formó con ellos. Y estoy muy agradecida. Lo digo en todos lados lo agradecida que le estoy a esa formación.