Portfolio Capital: Fiscalía espera informe clave y acreedores se reúnen hoy para definir cómo siguen las empresas

El caso del fondo ganadero Portfolio Capital, que tiene en el centro al matrimonio Berrutti-Argenti, ha tenido novedades esta semana. Este miércoles, la Fiscalía presentó al juez Fernando Islas avances en el caso y pidió que se extiendan en el tiempo las medidas limitativas para los investigados. Allí afirmó que está a la espera de un informe de un equipo multidisciplinario que trabaja para el equipo fiscal que, espera, pueda ayudar a echar luz sobre el caso. A su vez, este jueves, tendrá lugar la junta de acreedores. En esa instancia se definirá si los ahorristas suscriben un acuerdo o se liquidan las empresas.

En el plano penal, ni el titular de la empresa, Alejandro Berrutti, ni su esposa, María José Argenti, se encuentran imputados penalmente por la caída del fondo. Sí están sujetos a medidas limitativas —prohibición de salir del país, entre otras— mientras continúa la investigación. A fines del año pasado, la Fiscalía, en otra audiencia judicial, había dejado claro que su línea de investigación apuntaba a que Portfolio Capital trabajaba como un esquema ponzi. Este jueves, los fiscales Gilberto Rodríguez y Agustín Majó mencionaron que están trabajando con un equipo multidisciplinario y que se les entregará un informe con detalles del caso.

El País reconstruyó que este equipo lo integra la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, la Secretaría Antilavado (Senaclaft) y la Dirección Nacional de Registros, entre otras. El informe que formulen buscará determinar si el dinero no abonado a los inversores migró a otras empresas del grupo o desapareció. En base a eso, los fiscales podrán evaluar si, a su juicio, se cometieron delitos y cuáles. Se evalúa la posibilidad de que haya existido estafa, apropiación indebida o/y lavado de activos.

Los principales sospechosos son el matrimonio Berrutti Argenti, que "se desempeñaban como socios administradores de un equipo económico" que tenía siete empresas. Su "base de operaciones" estaba en la calle Mantua, en Carrasco, pero fue "desmantelada", dijo el fiscal Majó en la audiencia celebrada en diciembre. El 20 de mayo de 2025 enviaron un correo a los ahorristas diciendo que no estaban en condiciones de afrontar los pagos de rentabilidades adeudados. Los denunciantes tampoco pudieron retirar el dinero de su inversión inicial. Hasta fines del año pasado, se habían presentado más de 100 denuncias.

El juez Islas prorrogó las medidas limitativas hasta el mes de noviembre, con la anuencia del abogado del matrimonio, Marcelo Domínguez. A su vez, el defensor pidió permiso a la Justicia para que le devolvieran el pasaporte a Berrutti, dado que se encuentra vencido y pretende renovarlo. Una vez obtenga el nuevo, deberá entregárselo al juez. Domínguez explicó en audiencia que tras un caso de público conocimiento —sin nombrarlo, se refirió al caso de Sebastián Marset— cambió el decreto que regula la emisión de pasaportes y Berrutti podría tener dificultades para renovarlo en un futuro. Dado que es su derecho, argumentó, corresponde. El fiscal Rodríguez estuvo de acuerdo y así lo aceptó el juez.

En el plano concursal, este jueves en la tarde habrá novedades. Para ese entonces está citada la junta de acreedores de las empresas Oro Rojo S.A y Reina Vaca S.A, vinculadas a Portfolio Capital. Está arriba de la mesa la posibilidad de un acuerdo entre las empresas y los ahorristas. La propuesta, a la que accedió El País, implica la devolución de al menos el 58% del dinero por parte de la empresa en 19 cuotas semestrales de US$150 mil. Si esta no fuera aceptada, las empresas irían a liquidación, tal y como ocurrió en el caso de Conexión Ganadera.

Sin embargo, uno de los abogados de damnificados, Nicolás Ghizzo, dijo a El País que "no se estaría llegando a las adhesiones" necesarias para que se apruebe. Esta información, aclaró, es "a boca de urna", refiriéndose a que surge de lo que hablaron entre colegas que trabajan diariamente en el tema. Otros dos defensores consultados por El País coincidieron con Ghizzo.

El abogado citado explicó que la propuesta de acuerdo implica "casi que un volver a confiar". "Algunos colegas me dicen está bien definido porque es otra vez dejar el control a esta gente que dice que sacaría el dinero de una empresa, a la cual le van a caer embargos, tiene dificultades (...) Hay una empresa que es la que produciría el dinero para pagar las cuotas que serían a más de ocho años, con pagos semestrales", detalló. A su vez, los clientes "tendrían que renunciar a todas las instancias penales y tienen que renunciar en el mejor de los casos al 42 % de lo que se les debe. Estamos hablando solo de capital, no de intereses".

"Por tanto, tiene una renuncia grande en derechos penales, en los derechos económicos que tienen de los créditos ya verificados. Y, No ofrece ninguna garantía, es decir, van a administrar lo mismo, van a sacar el dinero desde una empresa que todavía tienen, la cual va a tener embates jurídicos porque todo está afectado, y que históricamente no ha tenido la producción de dinero que ellos dicen que va a tener", agregó.