Portfolio Capital: tras no afrontar los pagos, socios transfirieron US$ 300 mil al exterior, según Senaclaft

Lo que ocurrió en Portfolio Capital fue, presuntamente, un esquema ponzi, dijo Agustín Majó, representante de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3^er Turno, cuando le explicaba al juez del caso por qué pretendía que se le impusieran medidas limitativas a los socios de la empresa, Alejandro Berrutti y María José Argenti. Aunque eso no terminó ocurriendo, debido a los reparos que hizo la defensa de los imputados que determinaran que la audiencia se postergara para el próximo jueves. Sin embargo, en esa instancia, en la que estuvo presente El País, el fiscal dio detalles de cómo avanza la investigación.

Detalló que hay 103 denuncias presentadas y que el equipo que lidera Gilberto Rodríguez indaga la posible existencia de delitos de apropiación indebida, estafa y lavado de activos. Los principales sospechosos son el matrimonio Berrutti Argenti, que "se desempeñaban como socios administradores de un equipo económico" que tenía siete empresas. Su "base de operaciones" estaba en la calle Mantua, en Carrasco, pero fue "desmantelada", aseguró el fiscal que intervino en la audiencia, Majó.

El 20 de mayo de este año enviaron un correo a los ahorristas diciendo que no estaban en condiciones de afrontar los pagos de rentabilidades adeudados. Los denunciantes, señaló Majó, tampoco pudieron retirar el dinero de su inversión inicial. El fiscal adscripto informó, en base a un documento confeccionado por la Secretaría Antilavado (Senaclaft), que cinco días después de ese correo, el matrimonio vendió un bien por el valor de US$ 750 mil. El 2 de junio, en tanto, hicieron una transferencia al extranjero por US$ 300 mil. A su vez, entre el 30 de mayo y el 4 de junio hubo un retiro en efectivo de US$ 130 mil y US$ 230 mil en un cheque.

En ese contexto, recordó una entrevista que Berrutti le dio a la revista Forbes Uruguay en octubre de 2024 en la que aseguró que su empresa tenía oficinas en Brasil, Argentina, Perú y Dinamarca.

El conglomerado de empresas tenía varios negocios. Uno estaba vinculado —como en el resto de los fondos ganaderos que cayeron en los últimos meses— a la gestión de ahorros y su inversión en ganado. Había diferentes productos y se prometía una rentabilidad fija de entre el 6% y 9% anual en contratos, generalmente, a cinco años. Ello sería abonado semestralmente, en los días 20 de mayo y 20 de noviembre, respectivamente.

Las denuncias apuntan a que, el 20 de mayo de 2025, se les informó que no iban a poder retirar las rentabilidades y que los ahorristas no pudieron recuperar el capital. "La rentabilidad no depende del ganado, sino de los nuevos aportes de capital con los que se iban abonando las rentas de los ya existentes. Tratándose, presuntamente, de un esquema ponzi. (...) Mediante el engaño de que el contrato y los animales garantizaban la inversión", indicó Majó.

Otro de los productos ofrecidos eran "contratos de capitalización". Allí, una de las empresas del matrimonio actuaba como administradora y se comprometía a adquirir cabezas de ganado para su engorde y posterior venta. Estos animales debían estar identificados. Las denuncias de los ahorristas es que esto no ocurrió así: el ganado no está identificado y no se permitió la venta.

Por último, otro de sus negocios era la venta de ganado a través de una firma que actuaba como "consignatario". "Las empresas compradoras, ahora denunciantes, entregaron cheques a denunciados con el monto de valor del ganado que recibieron, pero jamás hicieron la entrega del monto percibido por la transacción realizada", detalló el fiscal.

A lo que agregó: "Los denunciantes han manifestado que desconocen el destino de las inversiones realizadas, si se compró o no ganado con dichas inversiones y en caso de existir, dónde se encuentra".

La investigación está en su etapa más primaria. Aún no hay imputados y por eso son pocas las medidas que se pueden imponer sobre los sospechosos. Estas están legisladas en el artículo 222 del Código del Proceso Penal (CPP) y son: la obligación de fijar domicilio, la prohibición de salir del país sin avisar a la Justicia y la retención de documentos de viaje. Estas fueron las solicitadas por Majó para el matrimonio.

Sin embargo, se enfrentó a la oposición de sus abogados, Marcelo Domínguez y Gonzalo Fernández, quienes plantearon que lo rechazaban por una cuestión "formal". Explicaron que como hasta este martes la investigación estaba reservada incluso para ellos (se levantó la reserva apenas comenzó la audiencia) no podían contradecir o avalar información que desconocían.

Inicialmente, el fiscal cuestionó esta postura e indicó que no estaba reservada toda la investigación sino documentos puntuales y que eso no era impedimento para fijar medidas limitativas. Pese a eso, después de intercambiar sobre el punto y ante la intervención del juez Fernando Islas, decidieron postergar la audiencia hasta el jueves para que los abogados del matrimonio puedan acceder a la carpeta.

Las víctimas no tienen potestad legal para oponerse a ese tipo de resoluciones, pero sí dejar constancia de su parecer. Por eso, Juan Pablo Decia, que representa a un grupo de ahorristas, expresó que a su juicio la prórroga no correspondía porque la reserva era parcial y porque este tipo de medidas buscan que la persona no se sustraiga del proceso.