Portfolio Capital: Fiscalía pedirá medidas limitativas para el matrimonio socio de la empresa este martes

Las investigaciones contra los fondos ganaderos que no afrontaron sus obligaciones con los ahorristas continúan y este martes habrá un avance en el caso Portfolio Capital. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3^er Turno, a cargo de Gilberto Rodríguez, solicitará medidas limitativas para el titular de la empresa, Alejandro Berrutti y su esposa María José Argenti.

La audiencia tendrá lugar a las 14 horas en el Juzgado de Crimen Organizado de 1^er Turno. La empresa, que estaba compuesta por dos sociedades anónimas, está concursada desde julio de este año, informó El País. En esa oportunidad se le trabó un embargo a Berrutti —como persona física— por US$ 4.500.000. La junta de acreedores está citada para los días 17, 18 y 19 de diciembre. Finalmente, también se decretó el concurso personal de Berrutti.

Semanas antes, el juez de Concurso Leonardo Méndez había impuesto un embargo a la empresa por US$ 7 millones. Se estimaba en ese entonces que la deuda con los inversores ascendía a US$ 15 millones y que había 400 afectados. La empresa ofrecía dos tipos de contrato, de feedlot o engorde y bajo acuerdos de accionistas en sociedades anónimas.

A su vez, la causa penal sigue avanzando en forma reservada para los investigados, dado que la Fiscalía pretende que la Secretaría Antilavado (Senaclaft) entregue el total de los informes previo a proporcionar la información. También se emitió una alerta plateada a nivel de Interpol, informó El Observador. Sirve para detectar cuestiones vinculadas con el lavado de activos, búsqueda de testaferros y para reconstruir la trazabilidad de dinero en el exterior.

Por el momento, no hay personas imputadas a nivel judicial. Sin embargo, el fiscal Rodríguez entendió necesario solicitar medidas limitativas. Al no haber formalizado la investigación, la Fiscalía puede pedir únicamente cuatro medidas: la obligación de fijar domicilio, la prohibición de salir del país sin aviso previo, la retención de documentos de viaje y el impedimento de asistir a determinados lugares o comunicarse con personas específicas.

El 20 de mayo, el fondo ganadero Portfolio Capital envió un correo a sus inversores informando que al momento no podía afrontar sus obligaciones financieras. Menos de 24 horas después, un ahorrista presentó una denuncia penal por el incumplimiento, según surge del documento cuyo contenido divulgó El País.

El denunciante, que es representado por Santiago Alonso, había invertido 36 mil dólares y le habían prometido que percibiría una renta fija anual de 9%, la que le sería abonada semestralmente. El pago debía efectuarse el 20 de mayo y el 20 de noviembre de cada año.

En noviembre de 2024 no recibió el monto correspondiente porque prefirió reinvertirlo, pero a comienzos de mayo le comunicó a la empresa que quería retirar la renta. El denunciante adjuntó capturas de mensajes de WhatsApp en la que representantes de la empresa se comprometen a acreditar el pago el 20 de mayo. Pero, sin embargo, recibió el mismo mail que el resto de los ahorristas en el que le comunicaban la imposibilidad de abonar lo debido.

El correo de la empresa, enviado el 20 de mayo a las 15 horas, informaba que el 100% de los accionistas decidieron, desde diciembre a esta fecha, vender sus acciones, cuando en el pasado solían renovar la inversión.

"Hoy, luego de haber agotado todos los esfuerzos, nos encontramos ante la imposibilidad de hacer el pago de los dividendos anticipados correspondientes a todos los accionistas como veníamos procurando", indica el correo, publicado por La Diaria.

De esta forma "nos enfrentaríamos a un 'esquema piramidal' que carece de sustento propio y requiere el ingreso de nuevos inversores para poder hacer frente a las obligaciones que vencen semestralmente, asumidas con los primeros accionistas", expone el texto presentado por Alonso.

En el primer semestre de este año se registró un récord de solicitudes de concursos. “Estas cifras permiten proyectar a 2025 como año récord en cuanto a la cantidad de concursos solicitados”, surge de un informe de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) publicado por El País en julio.

Según explicó en ese momento el gerente general Bernardo Quesada, “este año es especial por el tema de los fondos ganaderos, por eso el crecimiento de las solicitudes de concursos; en el resto de los concursos las cifras son similares a años anteriores”.

Tanto el grupo Larrarte, como Conexión Ganadera y República Ganadera fueron liquidadas por la Justicia. Su avance en el ámbito penal es dispar.

En el primer caso mencionado, el titular, Jairo Larrate, fue condenado, a través de un acuerdo abreviado, por un delito continuado de estafa, un delito de apropiación indebida y un delito de libramiento de cheques sin fondo. La pena acordada fue de tres años y ocho meses. El fiscal Alejandro Machado continuará con la investigación sobre Marcos Ledesma, pareja de Larrarte, y contra Rafael Vinzia, contador del Grupo Larrarte.

En Conexión Ganadera, los tres responsables de la empresa, Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, se encuentran imputados por la Justicia. Los primeros dos, se encuentran cumpliendo prisión preventiva y la última arresto domiciliario total, mientras avanza la investigación.

Por último, en el caso de República Ganadera aún no se ha formalizado la investigación. Se dispusieron medidas limitativas contra los directores, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, que tienen prohibido salir del país.