POLÉMICA MUDANZA A LA UAM

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A medida que uno se aleja de Propios, la calle Cádiz se transforma en un hormiguero. Se entreveran los camiones, camionetas, autos, motos, carritos y montacargas con la gente a pie que entra y sale de los enormes galpones donde funciona el principal mercado de frutas y verduras del país. A eso de las seis y poco de la mañana una machacona cumbia suena allá lejos y en el aire se siente un leve aroma dulzón a marihuana. El Mercado Modelo es una ciudad adentro de una ciudad. Es un monstruo que impone respeto.

El que no conoce se pierde en este caos de cajones y callejuelas, de frutas y verduras amontonadas. A esta hora el movimiento es frenético en la nave central -aquella cuya fachada tiene un inconfundible estilo Art Decó y que fue inaugurada en 1937- así como en los galpones a los costados, conocidos popularmente como “el triángulo” y “el rectángulo”, construidos en 1996 tras un incendio ocurrido un año antes.

El día arranca a eso de las cuatro en este rincón de Villa Española y el ritmo recién empieza a bajar unas cinco horas más tarde, luego de las nueve. Entre 3.000 y 4.000 personas pasan cada jornada por acá. Hay un local del Banco República, un bar, carros de panchos y chorizos, vendedores ambulantes de milanesas y tortas fritas y hasta de ropa. Y la pandemia, parece, no existe: encontrar a alguien de tapabocas es una rareza absoluta y tampoco se mide la temperatura en el acceso. Apenas algún frasco de alcohol en gel perdido por ahí indica que el COVID-19 aún está en la vuelta. El virus, si quiere, se hace un festín en este enorme predio.

“Ojo que te pisan”, avisa Luis Carbone, presidente de la Asociación de Productores y Compradores de la UAM (Aprocuam, antes Asociación de Productores del Mercado Modelo), quien oficia de guía por el lugar y advierte al periodista de un peligro inminente. En las calles internas hay que estar bien despierto: los changadores con sus carros pasan veloces como si el mundo se acabara ya mismo. Corren, no se sabe por qué ni para qué. O sí se sabe: ellos cobran a destajo y cada minuto vale oro. Y también los montacargas avanzan intrépidos y maniobran en el mínimo espacio disponible.

Hace tiempo ya que en el mercado las conversaciones son monotemáticas. No hay casi otra cosa de la que se hable que de la polémica mudanza al nuevo predio de la llamada Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) allá en la ruta 5 y camino Luis Eduardo Pérez, con sus 95 hectáreas, que no solo se limitarán al mercado de frutas y hortalizas, sino que también se proyecta un mercado polivalente con quesos, lácteos, huevos, chacinados y área de servicios, entre otros.

La mudanza estaba prevista para el martes pasado, pero la fecha fue postergada semanas atrás tras una reunión entre el intendente Christian Di Candia y la intendenta electa Carolina Cosse, quien afirmó que fijar el nuevo día “es un tema técnico, no es político”. Lo cierto es que -más allá de un enfrentamiento entre el gobierno nacional y el departamental por la gobernanza de la UAM, que esta semana llegó a su fin- en el sector todos admiten que el nuevo predio no estaba pronto para empezar a operar. Es decir, era inviable una inauguración ahora en noviembre. Las autoridades no han comunicado en forma oficial una nueva fecha, aunque Cosse y el gobierno son partidarios de hacerlo en febrero. Igual, no está claro que lleguen a tiempo para esa fecha ni que sea aceptado por todos los involucrados.

El ministro Carlos María Uriarte, por ejemplo, dice a El País que “no están dadas las condiciones” para mudarse en el corto plazo porque “hay necesidades básicas de funcionamiento a las que no se ha llegado”. Entre los operadores y productores hay todo tipo de posturas, desde los que quieren irse ya porque pretenden arrancar en plena zafra de verano (“con quilombos, con líos, pero con un mercado demandante”, explica Carbone), hasta los que quieren hacerlo recién en Semana de Turismo. Y también están los que no se quieren mudar ahora ni nunca.

¿Qué hay detrás de esta mudanza que ha provocado una lucha de poder entre los operadores, los productores, los legisladores, la Intendencia de Montevideo (IMM) y también el Ministerio de Ganadería?

Hagamos primero un breve repaso de una historia que se arrastra desde hace más de dos décadas. Tras aquel incendio en 1995, empezó a ganar la idea de que había que irse porque el mercado se había construido para otra ciudad: en una zona donde en la década de 1930 era todo campo y alrededor solo había algunos tambos. Pero hace ya tiempo que, viejo y en mal estado, complica ahí en medio de Montevideo.

El primero en impulsar el tema fue el exintendente Mariano Arana desde su primer período (1995-2000). Y en 2005 asumió Ricardo Ehrlich: el traslado era una prioridad del intendente e incluso pretendía que la gestión estuviera a cargo de Mercabarna, la sociedad que concentra los mercados mayoristas de Barcelona, España. Pero Ehrlich traspasó el mando a Ana Olivera sin lograr avances concretos y recién en octubre de 2011 el entonces presidente José Mujica promulgó la ley 18.832, que crea la UAM como una persona de derecho público no estatal.

Al final las obras recién arrancaron durante la gestión de Daniel Martínez en abril de 2018, después de un período de zozobra porque un año antes el entonces intendente no había logrado en la junta departamental los votos para aprobar el llamado Fondo Capital. La inversión de la IMM, estimada en unos 90 millones de dólares (ver aparte), se concretó luego de que la junta aprobara un fondo agroalimentario.

Y este año el panorama se complicó a nivel político cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou incluyó unos artículos en el Presupuesto que cambiaban la gobernanza de la UAM. Allí establecieron que “el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)” ejercería “el contralor administrativo” y se modificaba la integración del directorio, dejando sin representantes a la IMM y otorgando la presidencia y la secretaría general al MGAP. Hasta ahora esos dos cargos pertenecen a la intendencia.

El Frente Amplio rechazó el cambio y sus dirigentes denunciaron una “rapiña” ya que entendieron que el gobierno trataba de quitarle el poder sobre esa inversión. Para Erik Rolando, presidente de la Confederación Granjera del Uruguay, que el debate haya caído en medio de la campaña electoral rumbo a las departamentales “desvirtuó” el asunto y “todo el mundo quiso llevar agua para su costal, pero nadie pensó en el sector productivo”.

En el Parlamento los diputados oficialistas llegaron a un camino intermedio: le dieron la presidencia al Poder Ejecutivo (con voto doble si hay empate, tanto en el Directorio como en la Mesa Ejecutiva) y la secretaría general a la IMM.

En el medio hubo una jugada estratégica de la comuna. A mediados de octubre reasumió la administración de los bienes donde funcionaría el parque, que le pertenecen y había cedido a la unidad, y dejando a la flamante UAM como una “cascara vacía”. Como para marcar la cancha, unos días después colocó un enorme cartel que dice “Bienvenidos al Mercado Modelo”.

Si esa postura se mantiene, la comisión administradora del Mercado queda a cargo del nuevo predio y se le traspasan los contratos ya firmados. “Ese es el camino de la actual intendencia e implica un enfrentamiento, pero no es el de la futura”, dice el senador Jorge Gandini, quien lidera las negociaciones en el Senado.

Allí Gandini negoció cambios al texto del Presupuesto con la oposición y hubo un acuerdo con el aval de Cosse y Lacalle Pou. Según el senador blanco, la intendenta electa mostró “un cambio de ánimo” y eso implica que el Frente Amplio esté “dispuesto a buscar una solución”. Al final se acordó otorgarle la presidencia a la IMM y la secretaría al MGAP, al revés de como lo votó Diputados. “Habrá una cogestión”, dijo Gandini el viernes en conferencia de prensa en el Parlamento.

Pero la redacción cayó mal en la Cámara Frutícola Uruguaya, una de las gremiales del sector, porque la Mesa Ejecutiva -que es la que toma las decisiones diarias en la UAM- pasa de tener tres miembros del sector productivo de un total de cinco a dos de cuatro, con voto doble del presidente en caso de empate. O sea, pierde la mayoría. Además, ese presidente podrá observar cualquier decisión en los cinco días hábiles siguientes. Si esa observación no es contemplada, será remitida a la Intendencia de Montevideo, que tendrá 30 días para resolver. La gremial entiende que eso es “poder de veto” de la IMM.

“No estamos nada conformes”, dice Ariel López, secretario general de la cámara. “El sector privado pierde peso en las decisiones y acá, como queda una obra para pagar, la gestión es crucial. ¿Para que tenés un órgano colegiado máximo, si agarrás la pelota y te la llevás si algo no te gusta?”, agrega. La productora Antonella Gordillo, integrante de esa gremial, está indignada con los últimos cambios: “Que el presidente sea quien más les guste pero la gestión es nuestra”, desafía. Ella es una productora de zanahorias que se define como “promudanza” pero dice que ahora se suma a los que no se quieren mudar. El malestar ya fue transmitido a los senadores.

Antes de conocer este acuerdo, los operadores preparaban demandas por la última movida de la IMM. Rolando explica que “el dueño de la UAM es el fideicomiso, no es la IMM ni el ministerio”. López dice que “las demandas iban a correr” en el eventual caso de que la comuna mantuviera su postura. “Yo soy escribano, tengo formación como para evaluar diferentes acciones y hablo con colegas. Algunos se estaban afilando las uñas porque eran juicios millonarios contra la intendencia”, dice. Carbone, en tanto, afirma que es “elemental” que las empresas grandes hayan estado “sopesando” la vía legal. Como sea, es probable que esta amenaza de juicios haya sido considerada por el equipo de Cosse para buscar un acuerdo con el gobierno.

Nadie de la actual gestión de la intendencia ni de la futura respondió las consultas de El País.

Que sí, que no, que hay que esperar, que hay que mudarse ya. Todos tienen opinión en el mercado, nadie es indiferente sobre esta mudanza que, lo saben, cambiará sus vidas porque el nuevo predio está 13 kilómetros más al norte de la ciudad, porque los costos son más elevados y porque aún hay unos cuantos problemas a resolver.

Uno de ellos es el de los accesos al predio: el Ministerio de Transporte iniciará la obra del intercambiador a mediados de 2021 y eso demorará al menos un año y medio. Mientras tanto, conversarán con la intendencia “fórmulas de acceso” y recibirán propuestas de los técnicos de la cartera, dice el ministro Luis Alberto Heber.

Lo cierto es que, según supo El País, la mayoría de los productores del norte del país quieren hacer el cambio entre marzo y abril porque ahora termina su zafra y el verano es un momento de poca venta para ellos. No quieren complicarse cuando ganan poco. De hecho, la Cámara Frutícola, junto a gremiales salteñas, recolectó hace un mes 429 firmas para aplazar la mudanza hasta después del verano. Muchos de los del sur, en cambio, quieren arrancar ya o a corto plazo para poder aprovechar la zafra veraniega en el nuevo sitio.

Aunque cree que hay que demorar algo la mudanza, el ministro Uriarte considera que hoy las condiciones de trabajo en el mercado son “imposibles”, además de riesgosas. Menciona entre los problemas “los riesgos de la integridad física” de los trabajadores por el estado del edificio y las condiciones de salubridad que “dejan bastante que desear” y le preocupan “como consumidor”. Uriarte recorrió hace dos semanas el mercado durante unas cuatro horas, recibió la preocupación de los changadores (son más de 600) sobre su futuro y dice que más de una vez se emocionó con los testimonios de la gente. “Ojalá pueda contribuir a sacar los miedos”, afirma.

Alexander (no quiere decir su apellido) trabaja desde hace unos 10 años en un puesto que está cerca de la entrada de Cádiz y Propios. Es uno de los que dice que hay que mudarse ya: “Esto está lleno de ratas. Es una mugrera”, afirma, respecto a las condiciones de higiene del sitio. Unos metros más allá, un peón asegura que el mercado se llenó de “droga y pasta base” y que piensa que en el nuevo sitio será distinto.

Washington Curbelo es otro de los que espera con ansias la mudanza y quiere que se haga en diciembre: “Cuando la intendenta asuma, quiere salir en la foto”, dice y se ríe con picardía. Tiene cuatro décadas arriba en el mercado y hoy es encargado de un puesto. Pero también admite que algunos colegas suyos no se quieren mudar: “La gran razón es que allá vamos a pagar el doble o más”. En su caso pasará de abonar 37.000 pesos por mes a 88.000. “Pero apuesto a mejorar y vender más, usar menos horas”, explica. Hoy, por ejemplo, para cargar los cajones vacíos e irse debe esperar que se vayan primero los que están adelante en el galpón.

Con 25 años en el mercado, Ricardo López vende mercadería de Salto y producción importada, con la banana en primer lugar. Y él también está firme con la mudanza: “Estamos en un lugar obsoleto, lleno de vicios y vamos al primer mundo”. ¿De qué vicios habla? “No quiero ser grosero pero hasta puedo hablar de un tema de coimas”, afirma. Después matiza y admite que “hoy no corre tanto” pero antes era norma pagar por afuera “para tener un buen lugar o estacionamiento”.

El productor hortícola Marcel Clavijo es de los que está convencido de que hay que esperar a Semana de Turismo antes de mudarse, ya que ese es el momento de recambio de producción del sur al norte. “Ahora jamás podemos mudarnos: arranca la zafra de la sandía, instalar toda la infraestructura, desarmarla y luego armarla allá es una verdadera locura”. Si se hace eso, será “un caos”, vaticina muy serio.

Daniela Lombardo es de Salto y viaja varias veces por semana a Montevideo con su producción de tomates, morrones, zapallitos, pepinos y naranjas. Dice que hay muchos aspectos que no están claros y que hasta entonces no se podrán mudar: menciona la rotonda de acceso al mercado y la ausencia de un banco, entre otros reclamos. “Falta mucho para mudarnos”, afirma, pero no queda claro si es un deseo o si maneja información. “Precisamos un mercado sí, ¿pero cuál es el apuro si no está todo pronto?”, pregunta.

A ella la ecuación económica le cambiará bastante: si bien pagará lo mismo que en el viejo mercado, el espacio que ocupará será casi la mitad. “Este tiene 20 metros cuadrados más y vamos a pagar lo mismo, unos 30.000 pesos al mes”, dice, rodeada de cajones de tomates mientras apura un cortado para despertarse.

En una punta del “rectángulo” está el puesto de Álvaro Avergo quien -con 24 años arriba en el mercado- es un férreo opositor a la UAM y no lo esconde. Dice que siempre estuvo en contra y que bastaba con agrandar el viejo mercado, tomando el predio del vecino Frigorífico Uruguayo. A su juicio la mudanza debe ser en Turismo: “Antes imposible”, afirma sin vueltas. “Primero hay que terminar la obra: sin Banco República no se puede hacer… ¿para que te roben todo?”.

Y menciona otra preocupación de muchos puesteros: en la nueva UAM no todos tendrán para descargar bajo techo. “En eso empeoramos... al aire libre, llueva o haya frío”. Para evitar eso hay que pagar un cerramiento, que no baja de 15.000 dólares. Avergo se pregunta: “¿Qué importa que sea más moderno si no da la plata?”. En su caso tuvo que invertir 45.000 dólares para completar el puesto. “¿Cuánto me llevará desquitarlo?”, vuelve a preguntar.

Pero además hay una disputa entre gremiales con dos estrategias bien distintas, aunque objetivos similares. Una ha decidido ir a la guerra y la otra está a favor de la vía diplomática.

De un lado está Aprocuam, que reúne a unos 150 operadores y es la que a nivel público se ha posicionado con una postura de diálogo, más allá de que su presidente diga que ha sido crítico con el proyecto. “No somos amigos de nadie, estamos para los productores, no tomamos posición política por la intendencia ni el gobierno. Hemos estado siempre a favor de no quemar naves, pero eso no quiere decir que no estemos continuamente peleando”, dice Carbone, quien es hijo y nieto de productores.

Desde la otra gremial, la Cámara Frutícola Uruguaya, algunos referentes ven a su competidor como representante de la “diplomacia de cóctel” y afirman que representan a algunos operadores que pusieron mucho dinero en la nueva planta y por eso quieren mudarse cuanto antes. Ellos, en cambio, apostaron a otra cosa.

La cámara tiene 189 socios y en 2018 hubo un mojón en su historia: un grupo de socios que representaba a empresas pequeñas se enfrentó en una tensa asamblea a los operadores grandes que la manejaban e impulsaban el nuevo mercado. Tiempo después ese grupo creó un movimiento al que bautizó Mercado para Todos y que pretendió luchar contra un contrato “leonino”: en pocos días juntaron unas 300 personas en un grupo de WhatsApp y encartelaron el mercado, cuenta López, secretario ejecutivo de la gremial y gestor de aquel movimiento casi revolucionario. “En los primeros meses era matar o morir”, dice. A mediados de 2018 los referentes de Mercado para Todos se quedaron con la directiva de la cámara: tenían el poder.

Hace poco la cámara marcó la cancha al pedir la renuncia del presidente de la UAM, José Saavedra. “En algún momento estuvimos solos en la crítica”, admite López, quien empezó a trabajar en el mercado en el invierno de 2002, en plena crisis. Pero no se radicalizaron de un día para el otro. “Nuestros socios en un momento nos querían comer: ¿Ustedes no van a hacer ni decir nada? ¿Están acomodados?”, recuerda, con una sonrisa.