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Joyas, autos, yates, monos, caballos y mansiones: ¿quién se queda con los botines de los narcos?

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sebastián Zorrilla
Sebastain Zorrilla de San Martin revisando joyas antiguas con lupa de joyero, propietario del local Zorrilla Antiguedades ubicado en Soriano 990, Montevideo, ND 20190327, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais
Leonardo Maine/Archivo El Pais

Bienes decomisados

Doce años después de su creación, el Fondo de Bienes Decomisados se convirtió en una jugosa caja para el Estado. ¿Por qué la adjudicación de sus bienes y fondos generó una controversia política?

Sebastián Zorrilla llegó a la cita en Interpol cargando el instrumental que le permitiría discernir la autenticidad de las alhajas y su valor. Se sentó frente a una mesa colocada en el centro de la habitación. A su alrededor, ocho personas lo observaban. “Entonces entró un oficial con dos valijas marca Louis Vuitton que estaban llenas, llenas, llenas de paquetes y paquetes y paquetes. Eran tantas las joyas que tardé tres días en revisar una por una”, dice.

Había de todo: collares de esmeraldas, cadenas con brillantes, relojes valuados en 40.000, 50.000, 60.000 dólares, incluido uno de los modelos más sofisticados de Rolex, el lujoso Daytona Rainbow que usa el futbolista Cristiano Ronaldo, famoso por lucir una gradación de zafiros con los colores del arcoíris en el bisel.

—¿Habías visto antes tanta riqueza?

—Nunca vi algo igual. Había medio millón de dólares por lo menos —dice.

Ese tesoro se halló investigando una megacausa de lavado de activos. En aquel momento las joyas estaban bajo la custodia de la Junta Nacional de Drogas (JND), que a través del Fondo de Bienes Decomisados se encarga del relevamiento y del registro de los botines que se les incautan a las personas formalizadas por narcotráfico y lavado de dinero. Este fondo también recibe los vehículos utilizados para cometer delitos de contrabando.

Para tasar los bienes, la JND cuenta con un plantel de peritos especializados en distintas áreas, como Zorrilla, a quien convocan cada vez que reciben artículos de arte. Anteriormente, le había tocado revisar la casa del estafador turco Osman Naim Kaya —que terminó apodándose“el turco de la Ferrari”, por el vehículo que conducía— en busca de cuadros valiosos: no había, “eran más bien decorativos”. Y en otra oportunidad, lo citaron porque sospechaban que había un Picasso original entre las pertenencias de un narco, pero resultó ser una réplica.

remate de autos decomisados
Remate de autos decomisados. Foto: Fernando Ponzetto.

Según el calibre de la organización delictiva “se puede encontrar de todo”, dice una fuente de la JND. El fondo recibe vehículos de cualquier tipo, incluso de alta gama. Muchas motos. Celulares. Dinero en efectivo “todos los días”, y también el de las cuentas bancarias. Electrodomésticos. Alhajas. Propiedades modestas y también mansiones. Aeronaves. Yates. Les han trasladado animales exóticos —como el mono Ricky, que se escapó del Villa Dolores y luego volvió a ser capturado—, caballos de carrera y hasta contenedores de soja.

Un grupo de abogados del área realiza un seguimiento de las causas, hasta que se confirma una sentencia de condena y el juez determina los bienes decomisados a favor de la JND. A partir de ese momento, le pertenecen. “Son únicamente los provenientes de una actividad ilícita vinculada a la Ley de Estupefacientes o la Ley Integral Contra el Lavado de Activos”, señala el abogado Marcelo Domínguez, quien patrocinó al sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege enla causa con más bienes decomisados.

Los bienes de los delincuentes se van agrupando y periódicamente se venden en remates organizados especialmente. Desde las mansiones, hasta los celulares. “Todo tiene su valor, todo se vende”, enfatiza Pablo Ponce de León, presidente de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios.

La ley también permite que, a través de un procedimiento, algunos puedan ser donados y transferidos a los organismos públicos (y ciertas instituciones privadas) que los solicitan, argumentando su petición y tras obtener el aval de los integrantes de la JND.

“La meta de la oficina es generar la mayor cantidad de plata posible”, dice una fuente que trabaja en la articulación del fondo. Con la venta de los trofeos de narcos se costeó, por ejemplo, la sede central de la Fiscalía.

En 2017, se compró para el Poder Judicial un espectrómetro FTIR de un costo aproximado de 40.000 dólares y en el año 2019 un cromatógrafo de base con detector de masas de espectro por un valor de unos 100.000 dólares. “En este último tiempo, se adjudicaron tres millones de dólares a la Dirección Nacional de Aduanas con el objetivo de incorporar tecnología de inspección no intrusiva, tanto de cargas como vehículos, para la mejor fiscalización aduanera en función de las circunstancias actuales del comercio exterior”, revela Jorge Chediak, secretario nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo e integrante de la JND.

Y la lista sigue.

Según información que difundió El Observador y a la que también accedió El País, los ingresos generados en 2020 fueron 428.458 dólares y 87.482.862 pesos. En 2021, se llegó a 5.038.612 dólares y también 26.951.355 pesos.

Daniel Radío
Daniel Radío, secretario General de la Junta Nacional de Drogas. Foto: Estefanía Leal.

Los montos del fondo varían según el éxito de los operativos y de las investigaciones judiciales, pero lo cierto es que 12 años después de su creación se convirtió en una interesante caja para el Estado. “Es una nueva modalidad de recaudación”, opina el abogado Domínguez.

Y por eso mismo se convirtió en el eje de una entramada controversia política.

La gestión de los trofeos malhabidos.

A fines de la década de 1980 se impusieron a nivel mundial las políticas que plantean que, si no se rompe la cadena económica de los delitos de narcotráfico y lavado de activos, por más que los delincuentes estén adentro de la cárcel, el engranaje sigue funcionando afuera. “Están orientadas a quebrar la espina dorsal del negocio ilícito: atacar los bienes y utilizarlos para las políticas de drogas”, resume Milton Romani, secretario general de la JND de 2005 a 2016.

En 2008, el gobierno de Tabaré Vázquez firmó un convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA), que asignó a un experto costarricense por dos años para ayudar a diseñar el Fondo de Bienes Decomisados, su soporte jurídico e instrumental. “Los fondos de bienes decomisados y las incautaciones pueden llegar a ser una brecha muy grande de corrupción. Por ahí pasa mucho dinero. Por eso tiene que estar todo muy legislado, ser muy transparente”, plantea Romani.

No fue una tarea fácil, hubo tropiezos. “Antes de que se crearan los juzgados especializados en crimen organizado (2009), los jueces hacían procedimientos y no dictaban medidas cautelares sobre los bienes de los detenidos. ¿Qué pasaba entonces? Desde la cárcel, los tiburones llamaban a sus testaferros para que salieran a proteger los bienes”, cuenta Romani. Así “se perdió” el edificio Ciudadela, tras la detención del narcotraficante José Luis Suárez, en 2006. La recordada Operación Campanita terminó con el procesamiento más de 30 personas —incluido el abogado del delincuente—, se incautaron 344 kilos de cocaína y miles de euros.

¿Qué tan bien funciona hoy? Desde el área que administra estos bienes, una fuente reconoce “que alguna causa pequeña” se les puede escapar. “Es un tema, pero se trata de actuar desde la oficina para estar lo más al día posible y estar al tanto de todo”, asegura.

El mecanismo para enterarse de una causa puede ser un poco “engorroso”, aclara. La principal vía de comunicación es con el Poder Judicial, que notifica cuando se concreta una sentencia, pero también hay un diálogo “permanente” con fiscalías y la Policía, que tras realizar una incautación debe registrar los bienes en el sistema de la JND. No obstante, la misma fuente menciona que los abogados de la oficina están atentos a la prensa cuando anuncia grandes incautaciones.

El cambio del Código del Proceso Penal (2017) tuvo un impacto positivo en la organización de la oficina; trajo “orden” al acortar los tiempos entre que se incauta un bien y se decomisa. Y se enajena. Antes, si un juicio llevaba años, “los bienes quedaban en un limbo”.

La abogada penalista Serrana Carbajal comenta que es común que ahora se acuerde la entrega de un bien durante la negociación de un proceso abreviado: “Es una forma de descontar tiempo de la condena”, como terminó sucediendo en el caso Balcedo. A cambio de no volver a prisión y cumplir una condena reducida mediante un régimen de libertad vigilada intensiva, el matrimonio entregó cuatro millones de dólares en efectivo, un chalet en Maldonado ycuatro vehículos de alta gama, cuyo valor se estimó en 1.200.000 dólares. Otra mansión y más autos lujosos —como una Ferrari y una coupé Mercedes McLaren— permanecen embargados como garantía del cumplimiento de la pena.

autos marcelo balcedo
Remate de autos de alta gama decomisados al argentino Marcelo Balcedo. Foto: Leo Mainé.

Ahora bien, ¿qué pasa con el mantenimiento de los bienes hasta que se concreta su enajenación? Según supo El País, la oficina que los administra no tiene un presupuesto específico asignado, ni siquiera un depósito adecuado para la magnitud de la tarea. Aquellas alhajas que tasó Zorrilla fueron “un dolor de cabeza”: funcionarios del Fondo de Bienes Decomisados pidieron a Interpol que se hiciera cargo de su custodia, “porque era una responsabilidad demasiado grande”. Cuando hay propiedades —recordemos los tres inmuebles que pertenecían a Eugenio Figueredo y se remataron por 1.800.000 dólares—, el fondo debe pagar la seguridad para evitar que la finca sea ocupada o dañada, el cambio de cerradura y hasta emprolijar el jardín.

“Cuidar estos bienes es una ciencia, porque te ves obligado a saber de todo y a lidiar con la burocracia requerida para dar cada paso”, dice una fuente de la JND. No olvidan la complicación que causó un yate que se rompió y se bamboleaba en el muelle, lo que provocaba las llamadas nocturnas de la Prefectura para advertirles que, si no se solucionaba, el Estado podría sufrir un juicio por daños a otras naves. “El tema es que no se conseguía a nadie que pudiera arreglar el barco y que integrara el registro de proveedores del Estado”; al final se remató por 243.000 dólares.

Otra vez, tuvieron que lidiar con las complicaciones del cuidado de la soja y conseguir cómo transportar el cargamento de los contenedores —en los que se quiso traficar cocaína— hacia un silo. Se logró rematar por 7.000 dólares.
“El año pasado rematamos dos caballos de carrera. No tenemos los recursos, pero tendríamos que tenerlos para darles los cuidados que necesitan, o si no se te convierten en un caballo sin valor”, dice una fuente vinculada al fondo. Por los animales se obtuvieron por 1.660 dólares.

En las causas más grandes, cuyas sentencias se demoran, existe la posibilidad de vender de forma anticipada el bien para evitar su deterioro y desvalorización. En ese caso, el monto obtenido se deposita en una cuenta bancaria del juzgado y, en caso de resultar sobreseído el propietario, se le transfiere el dinero.

“El gran problema es que muchas veces cuando se lleva a remate se paga mucho menos que lo que efectivamente vale. A su vez, otro problema son las condiciones en que tienen a los vehículos incautados, por ejemplo. El tema es qué pasa si con la sentencia de condena dicho bien no se decomisa. En ese caso la persona tuvo una pérdida clarísima en su patrimonio”, explica el abogado Domínguez. El Estado ha enfrentado juicios por esta razón.

Los usos de los botines.

Doce años después de la reglamentación del Fondo de Bienes Decomisados, el destino de los bienes y de los fondos obtenidos se convirtió en el centro de un enfrentamiento entre la oposición y el gobierno. La polvareda la despertó Romani tras hacer pública la respuesta a un pedido de acceso a la información en enero pasado. Lo tramitó debido a que “sospecha” que la JND “no se reúne, ni actúa, ni decide” como debería.

La junta está presidida por el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas —Daniel Radío—, el de la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo —Chediak— y los subsecretarios de nueve ministerios. La JND vota si se realiza y a quién cada adjudicación.

Jorge Chediak
Jorge Chediak preside la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

En la respuesta que recibió Romani surgió que en los dos últimos años, les fueron transferidos al Ministerio del Interior 74 vehículos terrestres por un total de 952.100 dólares y uno marítimo por 30.000 dólares. Uno de los autos es el Audi modelo Q5 que perteneció al narcotraficante “Betito” Suárez y utiliza el ministro Luis Alberto Heber para trasladarse. Su custodia y el jefe de Policía de Montevideo también se mueven en autos decomisados a narcos, lo cual abrió una polémica.

A su vez, la ley de Presupuesto de 2020 estipuló que el 10% de los fondos económicos obtenidos le corresponden a este ministerio. Desde el fondo, confirman que esta cartera es hoy la mayor beneficiaria.

Por otro lado, la Ley de Urgente Consideración estipuló que el 25% de los fondos se enviarán al Fondo Nacional de Recursos, “con destino a la cobertura financiera de procedimientos de medicina altamente especializada y de medicamentos de alto precio”. En tanto, el porcentaje que recibía la Fiscalía para financiar peritajes se redujo al 5%. En definitiva, el 40% de los ingresos “está tomado”.

auto estrella de un narco del cerro

Polémica por el uso del audi que era del “Betito”

El asunto trascendió en febrero pasado, pero se retomó en agosto durante la discusión por el articulado del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Cuando el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, compareció ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, la diputada frenteamplista Cecilia Cairo le dijo: “Algo que a mi barrio, al Cerro, le molesta sobremanera es que el ministro ande en el auto de "Betito" Suárez. Quisiera que argumente el motivo”. Reavivó así la polémica que generó la novedad de que Heber se trasladaba a diario en una camioneta de alta gama no blindada Audi modelo Q5 del año 2011, que había sido decomisada a la organización liderada por “Betito” Suárez en mayo de 2021. Según recogió El País un mes atrás, en esa instancia el ministro recordó que su utilización “surge de un convenio con la Junta Nacional de Drogas, del cual son ‘proveedores’ de ‘casi todos’ los autos que son incautados”. También argumentó que consideraba “absurdo” que esa camioneta fuera a remate, ya que tenía más de 150.000 kilómetros. “Se ha dicho que es emblemático, que no es conveniente. A mí me parece más inconveniente tener una camioneta blindada que la precisan más los policías que trabajan en los operativos que yo en esta instancia”, señaló el jerarca. Por su parte, el subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel, agregó que “el ministerio tiene la opción de no adquirir autos cero kilómetro, en la medida en que los podamos obtener de la droga, de las incautaciones o confiscaciones”.

“El fondo no es una expoferia por la que vos pasás y elegís lo que te gusta. Tiene que ser bien pautado y protocolizado. Te digo más: la experiencia nos indicó que algunas agencias cuando se enteraban de que habían caído determinados autos venían y los pedían”, lanza Romani. Tal y como él lo ve, “el enfoque de la lucha contra el narcotráfico está centrado especialmente en el Ministerio del Interior”, “fortaleciendo a través de las adjudicaciones el presupuesto de la Policía y descuidando el apoyo a los tratamientos para rehabilitación, para frenar así la demanda de la droga”, dice.

Radío, el secretario General de la JND, se excusó de participar de este informe, pero Chediak desde la Secretaría Antilavado sí lo hizo y confirmó que la regla general para los bienes, productos e instrumentos, “es la enajenación mediante remate o cualquier otro medio que asegure la transparencia de la operación, a menos que por su naturaleza ello no resulte posible o se justifique en forma expresa la conveniencia u oportunidad de su conservación. Con lo cual, la adjudicación es la excepción al régimen, luego de evaluarse la conveniencia de conservación del bien, y siendo la norma la que prevé quiénes pueden ser los beneficiarios de estas adjudicaciones, tratándose en todos los casos de los organismos que tienen competencia en prevención o represión en materia de drogas, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.”

auto decomisado
Auto decomisado. Foto: Leo Mainé.

Las solicitudes de bienes puntuales llegan por la prosecretaría. “A veces se enteran antes que nosotros de los bienes que hay”, cuenta una fuente del fondo. La oficina hace el informe y la junta evalúa y define. “Lo que sucede es que los pedidos llegan más rápido que el remate, entonces puede haber una lógica ‘de lo doy y no me preocupo más por custodiarlo y que no se dañe’”, dice una fuente.

Varios legisladores de la oposición se hicieron eco y acusaron al gobierno de “violar la normativa”, al desvirtuar la proporcionalidad que indica la norma entre el apoyo, por un lado, a las políticas de prevención del consumo de drogas, tratamiento, asistencia e inserción social de los usuarios, y por el otro a mejorar las actuaciones en la represión e investigación de estos delitos, así como los recursos humanos y materiales para cumplir la ley.

“Entiendo que este gobierno está interpretando que los autos se pueden usar porque de hecho en el Parlamento han dicho varias veces que ellos están aumentando la flota con vehículos decomisados. Yo creo que lo ideal es rematar los vehículos para que con ese dinero se puedan favorecer las políticas que hay que favorecer”, opina Diego Olivera, exsecretario general de la JND.

Consultado acerca de si bajo su gestión se mantenía la proporcionalidad que indica la norma, Olivera dice: “No te digo que fueran partes matemáticamente iguales, pero era bastante distribuido. Quizá depende del año porque a veces algunas declaraciones podían ser más importantes en un sentido u otro”.

“La pregunta es: ¿dónde están los recursos de fondos y bienes decomisados en materia de tratamiento?”, plantea Romani. El País consultó a la secretaría y no obtuvo respuesta, pero según el detalle que recibió Romani, en 2020 se transfirieron bienes por un valor de 239.500 dólares; de ese total, 500 dólares se gastaron en celulares y vestimenta para el dispositivo Ciudadela de Ciudad del Plata. En 2021, en tanto, se transfirieron bienes por 1.000.118 dólares: del detalle no surge ningún beneficiario relacionado a tratamientos ni rehabilitación.

La JND gestiona la Red Nacional de Atención en Drogas, que se financia mediante un fideicomiso que integran los ministerios de Desarrollo Social y Salud Pública, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Unos días atrás, Radío planteó a otros medios que “no hay ningún fideicomitente que ponga plata”. Dijo: “Solamente ASSE aporta nueve millones de pesos, luego otros 32 millones de pesos que por ley de Presupuesto nos vienen del Fondo de Bienes Decomisados, y el resto que se aporta desde Rentas Generales”. Reclama que parte de la financiación queda en buena medida supeditada a la recaudación del fondo, que es incierta.

En el mismo sentido, durante la discusión del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, Radío realizó duras declaraciones advirtiéndole al Ejecutivo que mientras pretende dotar al Ministerio de Desarrollo Social dirigido por Martín Lema con una partida de 482 millones de pesos (entre 2023 y 2024) para que inaugure un programa de drogas, el presupuesto otorgado para fortalecer al organismo competente en la materia es insuficiente, incluso para mantener su funcionamiento básico. “Nosotros pedimos ciento y poco, y no hay; nos dieron 40 millones de pesos —de los cuales 20 dependen del famoso fondo—, pero paralelamente se dan 400 millones al Mides para la misma tarea. Entonces, tenemos que definir qué es lo que queremos hacer y quién tiene que ejecutar ese presupuesto”, planteó.

El debate sigue abierto.

(Producción: Delfina Milder)

impacto de la ley

“Peces gordos”, ¿pierden bienes o se las ingenian para ocultarlos?

“Estos delitos te traen plata fácil y rápida, pero también así de rápido la perdés”, opina la abogada penalista Serrana Carbajal. ¿Los peces gordos realmente pierden en los decomisos o es excepcional? “Los tiburones pierden, pero no la gran parte del patrimonio”, plantea. “Por lo general ya cayeron presos más de una vez, y a la segunda ya saben que tienen que poner los bienes a nombre de un testaferro. Salen y saben que tienen dinero esperándolos”, dice. Los que “arriesgan y pierden” suelen ser los delincuentes menores. Celulares, computadoras, autos y motos, sobre todo. “El que recién empieza y pierde todo, no lo hace más. Eso lo he visto”, cuenta. Las armas y las sustancias incautadas siempre se destruyen, y lo mismo pasa con los celulares que están en pésimo estado: para esto el Fondo de Bienes Decomisados tiene un convenio con Antel. Ahora bien, ¿qué sucede si el bien incautado durante el delito es de otra persona que no está formalizada? “Hay que aducir tercería”, plantea la penalista. En su caso, inició el trámite para recuperar vehículos (“es bastante común porque los narcos se mueven en muchos autos diferentes”), celulares de alta gama y computadoras. “Pero tenés que tener la factura, es bastante complejo”, advierte.

Por su parte, el abogado Marcelo Domínguez plantea que en esos casos hay fiscalías que entienden que se debe resolver en el momento de la sentencia efectiva. “Es decir que puede demorar muchos años y el verdadero titular del bien no tiene acceso a su patrimonio”. En definitiva, “el decomiso siempre es un tema delicado”, dice.

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