Guerra en barrio privado: Policía hizo allanamiento por error, narco fue preso y Mastropierro denuncia a vecinos

Como en todo barrio privado, la mayoría de los residentes de Haras del Lago llegaron hasta allí buscando mayor seguridad y tranquilidad para sus vidas cotidianas. Pero en los últimos cuatro meses han debido convivir con escenas que no estaban en sus planes, y que han dado lugar a una inesperada guerra interna en el vecindario.

La mañana del 21 de julio fue particularmente movida en el barrio, ubicado en Canelones a la altura del kilómetro 23 de la Ruta Interbalnearia.

A Juan (nombre ficticio) lo despertaron unos ruidos extraños a eso de las siete de la mañana. Junto a su señora, embarazada de tres meses, pensaron que les estaban queriendo robar. Él se acercó a la puerta.

Y entonces blum.

—¡Policía! ¡Policía!

No se trataba solo de un allanamiento en el barrio privado. Había empezado en el piso equivocado.

“Me apuntaron con un revólver en la frente, y a mi mujer en el tironeo le dejaron un chichón en la frente”, relata a El País el inquilino que sufrió el ingreso de la policía.

Es raro: para ir al piso número uno hay que subir dos pisos en escalera. Dicen que los deliveries que llegan hasta ahí suelen confundirse. Y hasta los propios inquilinos a veces también. Ahora le pasaba a los policías, que ante el grito de la pareja señalando que se estaban equivocando de apartamento, tomaron nota y continuaron un piso más arriba.

Otra vez blum.

Allí estaba la persona indicada.

A él lo buscaban desde hacía un buen tiempo. Le incautaron siete envoltorios con un total de siete kilos de pasta base, una pistola Glock con 17 cartuchos, billetes de pesos uruguayos y dólares, una balanza de precisión, insumos para fraccionar droga, celulares y un automóvil.

Ese vecino tranquilo, que muchos pensaban que sería “un jugador de fútbol o algo así”, resultaba ser un buscado narcotraficante, presuntamente involucrado con una banda responsable del homicidio de un policía.

Ministerio del Interior

La justicia dispuso su condena por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, dos delitos de porte y tenencia de armas de fuego, dos delitos de tráfico de armas y un delito de atentado agravado, todos en régimen de reiteración real y a título de dolo directo, a tres años de cárcel. La joven de 19 años que lo acompañaba al momento del allanamiento fue liberada.

Lo curioso es que todo esto no era algo novedoso para el barrio. Más allá de lo extraordinario del error en el procedimiento, la escena de los policías irrumpiendo en el complejo para allanar una vivienda no les era del todo extraña a los vecinos de este barrio privado.

Exactamente en ese mismo piso, a tan solo unas unidades de distancia, había habido un anterior allanamiento a un inquilino de alto perfil público: Jonathan Mastropierro, denunciante en la causa del exsenador Gustavo Penadés y actualmente cumpliendo prisión domiciliaria por facilitación de la difusión de material pornográfico con la imagen de un menor de edad.

La casa de Mastropierro fue allanada en marzo, en el marco de las investigaciones judiciales. En ese caso no hubo confusiones ni daños colaterales, pero a algunos vecinos les inquietó la imagen de las fuerzas policiales ingresando al edificio y montando allí un pequeño operativo.

Foto: Paula Ojeda/El País.

Ahora, ante un nuevo episodio que rompía la calma de la pequeña comunidad, recordaron con preocupación esas escenas. Y empezaron a hablar: que habría que tener más cuidado con la gente que ingresa al complejo, que quizá podría ser bueno compartir información con la policía, que sería prudente averiguar sobre Mastropierro y su causa judicial.

Los grupos de Whatsapp, como es lógico, ardían.

El pasado lunes 4 de agosto se convocó una asamblea de copropietarios para discutir el tema y se acordaron cinco puntos.

Por un lado, se autorizó a la administración a implementar un sistema automatizado de identificación de personas y matrículas. También se acordó revisar el protocolo de visitas al predio, así como “realizar un relevamiento de cédulas de identidad y libreta de propiedad de vehículos de todos los residentes, quienes deberán presentar fotos de las mismas a la administración, con el objetivo de mejorar el control de los habitantes del barrio”.

Al mismo tiempo, se resolvió “compartir con la autoridad policial información relevante sobre los residentes del barrio, en el marco de colaboración para garantizar la seguridad de todos”.

Y por último, se acordó contratar un abogado para “realizar una consulta en el expediente judicial sobre la situación jurídica y brindar asesoramiento sobre los pasos a seguir respecto a la situación” de Mastropierro, quien cumple una medida cautelar en el complejo.

Pero el joven inquilino no se tomó nada bien las resoluciones, y contraatacó con denuncias a la administración y a algunos vecinos en particular, aduciendo que se avasallaba su privacidad y que algunas de las disposiciones eran ilegales.

Ya antes de la asamblea, ante algunos mensajes en WhatsApp, envió una carta a los vecinos del barrio.

“Me dirijo a ustedes en calidad de vecino a fin de referirme con claridad y respeto a los hechos de público conocimiento que han sido objeto de comentarios y discusiones en diversos espacios vinculados a la comunidad del barrio”, comenzaba diciendo Mastropierro, antes de presentarse como “vinculado a una causa de alto perfil mediático”.

Agregó que sus procesos judiciales estaban siendo “motivo de comentarios recientes en grupos de comunicación internos del barrio”.

Sobre la acusación de material pornográfico de menores —por la que cumple prisión domiciliaria— adujo que se trata de “investigaciones accesorias o de menor entidad, muchas veces distorsionadas por el tratamiento mediático y la circulación informal de información”.

“En mi caso, ejerzo el derecho constitucional de reunirme con quien considero pertinente dentro del ámbito privado de la unidad que alquilo, siendo yo plenamente responsable de lo que allí ocurre. Esto se ha realizado siempre dentro del marco legal y reglamentario, respetando las normas del barrio”, añadió.

Mastropierro remarcó que no tiene vinculación alguna con el último allanamiento relacionado al narcotráfico, insistió que mantiene una “conducta ordenada, discreta y respetuosa con el entorno, sin interferir en la vida de nadie ni generar perturbaciones dentro del barrio”, dijo que las investigaciones en su contra son parte de “represalias” por haber “denunciado a personas poderosas”, y remarcó la vigencia de la presunción de inocencia, señalando ser “una persona sujeta a proceso, no un condenado”.

En la asamblea del 4 de agosto se leyó y repartió su carta.

Pero luego, notificado de las resoluciones, Mastropierro se negó a compartir los documentos solicitados y cuestionó la contratación de un abogado para averiguar sobre su causa, sobre la que “existen reservas judiciales y cualquier injerencia externa implica una clara transgresión pasible de ser penalizada”.

El joven anunció que realizaría una denuncia en Fiscalía contra algunos vecinos, al entender que incurrieron en amenazas, violencia privada y discriminación. También avanzó con una denuncia ante la Unidad de Datos Personales, dependiente de Presidencia.

El País se comunicó con la administración de Haras del Lago, que prefirió no hacer comentarios.

Algunos vecinos consultados por El País señalaron que las medidas solo apuntaban a tener un mayor “control y previsión” sobre lo que ocurre dentro del barrio privado y que sobre la situación de Mastropierro, no se procuraba otra cosa más que “hacer consultas”.

“No queremos más allanamientos acá”, dijo uno.

Mastropierro, en cambio, argumentó que se lo estaba “presionando” a abandonar su vivienda a raíz de los últimos episodios, pese a no estar relacionado, y que reclamaría por “daños y perjuicios”.

Mientras tanto, la pareja del piso de abajo, la del allanamiento equivocado, se tuvo que mudar a otro apartamento.

Todavía no saben si hacer la denuncia porque son “reacios al conflicto”, pero es algo que evalúan.

Desde la Policía, una fuente consultada para este informe relativizó los posibles errores en el operativo. Y desde el Ministerio del Interior señalaron que no tenían información sobre nada raro. En caso de haber denuncias se harán las investigaciones correspondientes, señalaron desde la cartera.

Como sea, el barrio quedó agitado. Y en los pasillos y corredores, los vecinos que llegaron hasta allí en busca de la seguridad y tranquilidad que no encuentran en otras zonas de la ciudad, se comparten preguntas e inquietudes.

¿Y si en vez de la policía, los que entraban eran sicarios?

¿Y si también se equivocaban de apartamento? 

¿Y si hay algún otro vecino que sea un peligro para el resto?