El jueves 20 de abril a las siete de la tarde Peñarol recibía a Millonarios de Colombia en el Estadio Campeón del Siglo(CDS) por la Copa Sudamericana. Jorge y Adrián habían salido de trabajar y, sin cambiarse, rumbearon de camisa y zapatos directo al estadio. Llegaron un rato antes del partido.

—Bo, ¿tomamos una cervecita? —preguntó Adrián.

—Dale, dale.

Compraron una lata de 600 centímetros cúbicos a medias en un carrito en las afueras del CDS, en uno de esos puestos que tienen hasta sillas y mesas. “Abrimos la lata, empezamos a caminar hacia al estadio, tomamos dos tragos, no mucho más”, recuerda hoy Jorge, cuyo nombre, al igual que el de su amigo, ha sido modificado para preservar su identidad. En eso apareció un policía de tránsito y los llamó. “Pensé que era joda y que era conocido de mi amigo”, dice él.

Pero no era broma. Los llevaron a un móvil, les pidieron los datos, les hicieron entregar la lata, que estaba casi llena, y se dispusieron a hacerles la espirometría, que dio positivo. “En realidad no sabemos qué nos dio exacto porque no nos dijeron. Increíblemente soplamos del mismo caño los dos, no nos pusieron caños diferentes”, cuenta el muchacho, veinteañero.

—Bueno, nos dan las entradas —les dijo el policía.

Jorge respondió, sorprendido:

—Las entradas las tengo en el teléfono.

Los efectivos se miraron. Jorge y Adrián se reían.

—Llevalos a la puerta —dijo un superior. Entonces fueron a la tribuna Damiani y el policía le habló al portero.

—A estos dos les dio positivo, no los dejes entrar.

—¿Positivo de qué?

—De alcohol, de alcohol. No pueden entrar a la cancha. Sacales las entradas.

—Yo no les puedo sacar las entradas —les dijo el funcionario de la AUF, según el relato del joven.

—No seas malo, no seas malo —atacaban los dos muchachos. Habían pagado unos 500 pesos cada entrada. El policía siguió firme y pasó las entradas por el molinete y lo bloqueó: “Como que lo abrió y lo trancó”, dice Jorge. Y se marchó.

Ahí el funcionario de la AUF los invitó a “darse una vueltita” y les dijo que él los hacía “entrar” en un rato, según el relato de ellos. Pero los paró un efectivo de la Republicana: “Ya nos había fichado. Y nos dijo que nos fuéramos para nuestra casa”. Ahí cerca, en el piso, había envases de cerveza y cajas de vino. Ellos tuvieron mala suerte: “Se ve que la Policía agarró alguno para sumar”.

Pero la historia no termina ahí. Unos días después fueron por la revancha y Jorge quiso sacar las entradas para un partido en el Centenario. La respuesta inesperada: “Cédula inhabiltada”. Al amigo le pasó lo mismo. Entonces Jorge llamó al Palacio Peñarol.

—¿Tuviste problemas con la Policía? —le preguntaron—. Puede que estés en la lista negra.

Jorge no podía creerlo.

—Hablá con el comisario (Gustavo) Mariossa, el encargado de la seguridad de la AUF, a ver qué se puede hacer.

Jorge y Adrián no lo sabían pero Mariossa atiende a no menos de tres hinchas al día en la sede de la AUF. Los recibe, los escucha, les habla y los invita a dejar por escrito su descargo, de ser necesario.

Pero, claro, muchos de los que llegan a la AUF para interiorizarse sobre su situación no están en la lista negra por tomar una cerveza: hay desde gente que prendió bengalas hasta otros que protagonizaron peleas y episodios bastante más violentos.

Foto: Francisco Flores.

Ya en la AUF, Mariossa recibió a Jorge y Adrián, como les habían dicho. Ellos dicen que les dio lo que recuerdan como “un sermón”. Que les dijo que él recibe todo tipo de casos, hasta de gente que no sabe “ni escribir”, y que en el fondo la idea es que todos aprendan.

—¿Por un trago de alcohol nos vas a dejar seis meses sin ir a la cancha? —preguntó Jorge.

Como siempre hace y tal cual establece la normativa, Mariossa le recomendó presentar una carta con su versión de los hechos: la escribieron a mano, relatando estrictamente lo que pasó y diciendo que no volverían a tomar alcohol antes de ir a un partido de fútbol. Pero en la AUF les adelantaron que el período mínimo de sanción era de seis meses. Un periodista le recomendó a Jorge ir con un abogado pero él lo descartó: “No voy a pagar a un abogado como si hubiera matado a una persona. Me pareció exagerado”.

Jorge sabe que en el propio CDS se toma alcohol en los palcos, pasa lo mismo en el Parque Central. Y reflexiona que el sistema debe ser igual para todos. Desde la AUF explican que, en realidad, ahí se está en un terreno privado donde es difícil intervenir. “Solo a nosotros nos agarran”, se ríe él, aunque eso no sea cierto. “Ya ni caliente estoy, más bien triste. Vas a un asado un domingo, comés algo, tomás algo, ¿y no podés ir a la cancha?”.

Su historia, sin embargo, tendrá una vuelta de tuerca. Pero eso lo dejamos para el final.

Foto: Fernando Ponzetto.

Hoy la lista negra tiene 1.433 integrantes activos, según las cifras de la AUF a las que accedió El País. Es dinámica y cerca de una tercera parte son mujeres, en su inmensa mayoría por infracciones leves. La cifra ha ido en aumento, empezó con apenas 94 el primer año, en 2017. En casi seis años han pasado unas 2.600 personas y la AUF ha analizado unas 900 peticiones de hinchas, reclamando que se les retire la sanción o salir de la lista.

¿Pero cómo funciona en la práctica el registro de personas impedidas (ese es su nombre formal)? ¿Qué porcentaje de los que están allí son violentos y cuántos son hinchas como Jorge y Adrián, cuyo único pecado es haber tomado algo de cerveza antes de intentar entrar al estadio?

Para saberlo, hay que ir hasta la AUF.

La oficina de Rafael Peña y Mariossa, encargados de seguridad, está al fondo del edificio, en el primer piso y tras atravesar una especie de puente interno. Allí dentro está la computadora con todos los registros de la lista negra y carpetas con la información caso a caso, la normativa y las peticiones presentadas por los inscriptos en el registro.

Mariossa, un hombre que se define como obsesivo y que fue subdirector de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, maneja en forma casi artesanal todo el archivo y la comunicación con diferentes dependencias. Por estos días trabaja en un software que hará más simple el acceso a los datos.

Con Peña se conocen de memoria. Él es su jefe y estaba en Buenos Aires a punto de retirarse de Interpol cuando a inicios de 2017 lo convocaron desde la AUF. Antes habían trabajado tres décadas juntos en la Policía.

Ambos reciben a El País en su oficina.

—La base de datos sobre los impedidos de ingresar la defendemos a capa y espada —dice Peña— porque hemos conseguido que sea confiable, segura, confidencial y seria. Hay un amplio índice de respeto a la lista.

—No miedo —apunta Mariossa—, hay respeto.

—Cada uno que tiene un problema, puede venir. Y vienen —agrega el jefe.

Los hinchas suelen enterarse que están en la lista cuando van a sacar la entrada y hay un número de WhatsApp por el cual se confirma si están incluidos o no en el registro de impedidos. Los intercambios más ricos, dicen Peña y Mariossa, se dan cara a cara en la propia AUF. Porque solo por esa vía el encargado de seguridad conoce de cerca al implicado y esa información es valiosa.

Cada día llegan entre tres y cinco personas y la cifra aumenta cuando se acercan partidos importantes. Algunos hasta se han puesto a llorar en este lugar, porque además el nombre informal de “lista negra” tiene una carga muy negativa.

—Yo les explico que esto no les genera un antecedente penal. Solo que ante una conducta determinada no los queremos en la cancha —dice Mariossa—. ¿Están justificados en la lista? El problema de los uruguayos es que exigimos derechos pero no sabemos bien las obligaciones.

Y entonces el comisario cuenta algunos detalles sobre barras que llegan hasta la sede de la asociación:

—Mirá que no viene solo la Madre Teresa de Calcuta. Hay muchos que vienen a sentarse acá que están involucrados en actividades criminales, hay gente pesada. Nosotros atendemos a todo el mundo pero si venís, tenés que venir a hablar la justa. Nos hablamos de frente. Hoy golpean la puerta con respeto.

—Franco y derecho —agrega Peña.

—Ahora, de estos 1.433 hinchas que hoy están en la lista, ¿cuántos calculan que es gente complicada, violenta?

—¿Hechos graves? Diría que entre 150 y 200 —responde Mariossa.

La lista negra existe desde setiembre de 2017 a impulso del gobierno de Tabaré Vázquez, que empezó a pensar en cambios radicales tras el famoso clásico de “la garrafa” el 27 de noviembre de 2016.

Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou hubo modificaciones legales que le dieron al registro un marco más claro de actuación, así como una definición de las faltas y sanciones (ver más abajo). Un decreto de enero de 2021 fijó sanciones de medio año a un año si la conducta es considera “leve” (cuando no hay mayores riesgos para la salud de terceras personas, no implica alteración de los espectáculos o no se producen daños materiales), entre uno y cinco años si la federación deportiva considera “grave” la conducta (cuando sí hay riesgos para la integridad de las personas, se altera el evento o hay daños), y entre cinco y 15 años si es “gravísima”. Allí se especifica que es por tenencia o disparos de armas de fuego y participación en delitos como homicidios, lesiones graves o gravísimas, secuestros, rapiñas, copamientos, proxenetismo o delitos sexuales. La reincidencia o reiteración se consideran agravantes y aumentan la pena.

Ya hay más de 10 hinchas con la pena máxima, de 15 años. Entre ellos están los parciales de Nacional que fueron condenados por el homicidio del hincha aurinegro Hernán Fiorito en Santa Lucía, en los festejos de los 125 años de Peñarol en 2016. Lo mismo el barra aurinegro Erwin “Coco” Parentini, condenado por la muerte del hincha tricolor Lucas Langhain la noche del 15 de diciembre de 2019, cuando Nacional salió campeón uruguayo tras vencer a Peñarol. Desde el Penal de Libertad, Parentini —que sigue preso y, obvio, igual no podría ir al estadio— ordenó disparar a la hinchada tricolor en 8 de Octubre.

El decreto de 2021 dice que la inclusión en el registro solo puede ser establecida por el Poder Judicial y por las federaciones deportivas (a propuesta de la Policía, propia o de clubes). También que la AUF actualiza y conserva el registro y que todos los incluidos allí deben entrar en el sistema de reconocimiento facial mediante registro de su rostro en formato de fotografía. Desde ese momento los hinchas ya no pueden sacar más entradas, pero además si las sacan con la cédula de otra persona serán reconocidos por las cámaras en los estadios donde hay, que no son todos (ver aparte en esta página).

Pero el decreto dice lo siguiente: “Cuando la persona sea incluida por disposición del Poder Judicial, la duración de la medida será la que este determine”.

Y allí surge un problema porque el Código Penal fija sanciones muy leves. Veamos: el artículo 323 Bis dice que si una persona participa en una riña en un espectáculo deportivo, ingresa armas o incluso mata a alguien puede recaerle una pena máxima de 12 meses de no poder ingresar a un estadio, que se amplía a 24 meses si es reincidente. Claramente, es una pena muy lejana a los 15 años establecidos en el decreto de la lista negra.

Esto, dice Mariossa, llevó a que al principio los jueces decretaran prohibiciones de entrar al estadio que eran casi ridículas (tres meses, por ejemplo) para gente que había cometido delitos hasta graves, “no por maldad, a veces por cierto desconocimiento del juez”. Luego eso ha ido cambiando y a veces dejan la decisión a consideración de la AUF, que es la que falla.

El doctor Gerardo Lorente, gerente de la Secretaría Nacional del Deporte (Senade), también opina que es “inconcebible” que una persona provoque una pelea en una cancha, lleve armas o hasta mate a alguien “y solo tenga prohibido un año el ingreso” a los espectáculos. “Esa pena puede ser incluso ineficaz, ya que en algunos meses no hay competencia oficial en torneos”, explica.

Foto: Juan Manuel Ramos.

Por eso, la Senade plantea reformar el Código Penal y acaba de redactar algunos artículos alternativos, que fueron elevados a Presidencia con el objetivo de ser incluidos en el proyecto de Rendición de Cuentas, que se enviará al Parlamento a fin de mes. El objetivo es aumentar el plazo por el cual el juez debe disponer la prohibición de ingreso a las canchas, equiparando a la pena máxima de 15 años, confirman desde la AUF y desde la Secretaría Nacional del Deporte.

¿Tendrán éxito? “Ahora está sometido a consideración de Presidencia. No me han confirmado pero yo lo redacté y lo enviamos”, dice Lorente. El secretario nacional del Deporte, ha dicho que “es fundamental ampliar la lista de impedidos”.

Hay un montón de razones por las cuales un hincha puede ir en forma automática al registro. Pero luego una comisión honoraria —la Comisión de Inhabilitaciones de la AUF— estudia los casos, analiza las peticiones de las personas, decide los plazos de sanción e incluso si quita a los hinchas de la nómina por considerar innecesario o injusto que estén allí (ha habido errores, hasta de tipeo de cédulas).

El exjuez penal Rolando Vomero preside la comisión, que además está integrada por el exfiscal y exjuez Enrique Moller y Enrique Erramuspe. Los tres son abogados y la comisión suele sesionar una vez al mes, junto a Mariossa, quien cumple una función casi que de secretario de actas pero también de asesorar “y hasta pelearse” en casos puntuales porque conoce a muchos de los que se están juzgando. Pero Mariossa aclara: “Lo que siempre tratamos es que el tipo no se coma un garrón, ante un error podemos ser sometidos a una demanda”.

Vomero admite a El País que el Ministerio del Interior ingresa a la gente a la lista “por cualquier cosa” pero “nosotros evaluamos y la mayoría de los que ingresan son por situaciones banales y salen casi inmediatamente”. De hecho, la última vez que sesionó la comisión fue hace unas dos semanas y evaluaron unos 70 casos, muchos salieron de la nómina. ¿Por qué situaciones? “Por intentar colarse, entrar con aliento alcohólico o llevando marihuana, que es una sustancia de uso legal, por lo que no amerita sanción, no es violencia”, responde el exjuez.

Foto: Estefanía Leal.

El presidente de la comisión dice que, en el caso del alcohol y la marihuana para consumo personal, la sanción se agota en el hecho de no poder entrar al estadio pero no debería extenderse la medida a otros partidos: “El que quiere entrar con un porrito, no ingresa ese día y punto. No vamos a tener a una persona con seis meses de sanción por tomar una cerveza, no queda nadie”. Distinto es si “la persona estando alcoholizada le dio un par de trompadas al portero, ese va a la lista por un tiempo largo”.

El problema es que la comisión “no puede diligenciar pruebas” y lo relevante es detectar a los realmente violentos. Por eso es vital el trabajo de las cámaras de reconocimiento facial así como drones y hasta fotógrafos encubiertos, que simulan ser de prensa pero son de la AUF

Foto: El País.

Dice Mariossa en la oficina:

—Vos prendés una bengala y ganás 1 a 0. Yo no sé quién sos, pero te hago la foto y tu cara la mando a colocar a la base del ministerio... El primer partido que vayas donde hay cámaras y quieras entrar, nos van a avisar que esa persona es la que el día tal encendió una bengala. Y ese día será su último partido por un tiempo.

—Mostrale las fotos de anoche, ¿las tenés ahí? —dice Peña, en referencia al partido amistoso de Uruguay contra Nicaragua en el Centenario. Rápido, Mariossa muestra en su celular una imagen de alta definición con dos personas que tienen en alto bengalas celestes.

Están marcados.

¿Y qué pasó con el caso de Jorge y Adrián, los amigos que no pudieron entrar a ver a Peñarol por tomar cerveza? En la última reunión de la comisión y luego de haber presentado los correspondientes descargos ante la AUF, ellos fueron sacados de la lista.

Jorge no lo sabía y El País le avisa. El joven prueba en Tickantel y le habilitan a sacar la entrada. Igual va hasta la AUF y consulta. Luego, feliz, confirma:

—Recién salí y sí, me levantaron la sanción. Estoy fuera de la lista negra.

Estuvo poco más de un mes registrado como hincha violento. Una fuente cercana a la AUF admite sobre este caso y otros similares: “Entre nosotros, a veces no se le puede pedir sentido común a la Policía”. Pero Mariossa dice que las reglas deben cumplirse y que lo relevante es el mensaje de fondo: “Lo que tiene que ocurrir, y está pasando, es que el tipo tenga la sensación de que si se porta mal, la va a quedar”.