Condena histórica al Estado por femicidio de Daiana Laguna: hubo 22 errores de la Policía, juzgado y Fiscalía

Los hermanos Laguna saben lo que es sostener una vida dura, pero nunca habían imaginado que tendrían que lidiar con un drama tan feroz como la muerte por femicidio de una de ellos; Daiana, a sus 31 años. Eran cuatro, nacidos todos en Buenos Aires. Cuando la mayor de los hermanos tenía 5 años y el menor 2, falleció su madre. Después, cinco años más tarde, se les murió el papá. Entonces los cuatro quedaron a cargo de una tía paterna a la que ellos querían, pero los maltrataba. Aguantaron. Hasta que a comienzos de 2002, cuando la crisis económica estaba destrozando Argentina, otra tía —esta vez materna— se los trajo con ella a Uruguay.

Daiana tenía apenas 11 años cuando por tercera vez le cambió la vida.

Los niños vinieron casi con lo puesto. Algo de ropa, algún juguete. De los cuatro, Daiana era la más combativa. Era un año mayor que Micaela, su hermana más cercana, la que ahora —que su caso se convirtió en un histórico juicio civil por “falta de servicio” contra la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior— viene a contar su historia.

“Daiana era la más guerrera de todos, era la que defendía a los hermanos, a los amigos”, dice Micaela. Ella enfrentaba a los niños de la escuela cuando les gritaban “huérfanos”.

Era también, algo conflictiva. Por ejemplo, con la tía que los criaba. “Quería tener novio, quería salir”, y eso muchas veces se convertía en un problema. Unos años después, todavía siendo menor de edad, sus hermanos se enteraron de que Daiana trabajaba “en la calle”. “Nos enteramos al tiempo. Para nosotros era algo malo. Después lo empezás a mirar de otra manera”, plantea la hermana.

Foto: D. Borrelli.

En esa época lo conoció a Ernesto Medina, el hombre que 12 años más tarde la mataría, en la calle, frente a sus hijas. El cliente se convirtió en su pareja. “Al principio era todo divino, color de rosas, se pasaban de vacaciones”. Hasta que Daiana quedó embarazada de una niña, a la que llamaremos Camila. A los seis meses de embarazo, se separaron. Micaela la recibió en su casa. La cuidó.

Unos meses después, lo buscó a Medina. Por primera y única vez, Micaela lo confrontó. Le recriminó que su hermana estaba criando sola a una beba, prostituyéndose para sustentarse, mientras él ni siquiera aportaba dinero para el alquiler del monoambiente en el que vivían.

Al año y medio, volvieron.

—Ahí empezaron los problemas. Él también me llamaba a mí para amenazarla a ella. Todo ese tiempo, yo viví un karma —dice Micaela.

La vida de Daiana Laguna se convirtió en un asunto público cuando el padre de sus dos hijas la mató, en la vía pública, mientras ella corría con una nena de cada mano hacia la seccional octava. Las niñas tenían 10 años y 6. Después de matar a Daiana, Medina se suicidó, también delante de sus hijas.

La seccional está ubicada a siete cuadras de la casa. En los últimos 58 días, Daiana había ido cinco veces a denunciar al que sería su matador, pero no encontró la protección que buscaba.

Además de la brutalidad del acto, el caso tomó relevancia cuando salió a la luz la secuencia de denuncias que había hecho Daiana advirtiendo del peligro que corrían ella y sus hijas; los sucesivos incumplimientos de Medina a las medidas de no acercamiento y comunicación impuestas por un juez de Familia Especializada; la alerta que había expresado un informe del hospital Pereira Rossell de una situación de “alto riesgo”, y la indiferencia del juzgado ante la solicitud de Daiana de que le colocaran una tobillera a su agresor, que en los últimos días había incrementado el acoso y recrudecido las amenazas.

“Le mandaba muchos, muchos mensajes. Por teléfono, por WhatsApp y por redes sociales. Si lo bloqueaba, la llamaba desde los teléfonos de sus empleadas. Yo hasta el día de hoy tengo los audios que él le enviaba en la cabeza, porque ella me los reenviaba”, dice Micaela.

A medida que los medios reconstruían la cronología, el caso de Daiana parecía ser la crónica de un femicidio anunciado. Algo de eso insinuó en la escena del crimen la entonces fiscal especializada en violencia doméstica Sylvia Lovesio, cuando dijo que tal vez se estuviera “frente a una situación donde quizá se podría haber previsto una muerte”.

Foto: Estefanía Leal.

Micaela, entonces, empezó a buscar documentos entre las pertenencias de su hermana. Cuando la mató Medina, Daiana cargaba con una mochila donde guardaba las constancias de las denuncias. Fue hasta la Fiscalía. Recogió la autopsia. Quería saber si su hermana había pedido o no que le colocaran una tobillera, como le había dicho en una de las últimas conversaciones que tuvieron.

Y le pidió ayuda al abogado de la familia, Pablo Lamela. Cuando el abogado empezó a reunir los informes en el juzgado de Familia Especializada, en Fiscalía y en el Ministerio del Interior, constató que en los últimos dos meses, incluyendo las denuncias que había presentado Daiana, había habido ocho advertencias que exponían la gravedad de la situación a un sistema que “falló de forma integral”.

Son contados los femicidios que derivaron en una demanda contra el Estado —dos, según averiguó Lamela, uno es el de Valeria Sosa, asesinada por un policía al que no se le había retirado el arma de reglamento a pesar de las denuncias—, y ninguno había apuntado antes contra los tres organismos por “una falta de servicio” en la prevención del delito, adjudicándole una responsabilidad al Estado en el fatal desenlace. “Fue tan grosero el mal accionar del Estado que sobrepasa los límites del cumplimiento de la normativa de violencia de género. Creo que es hasta un tema de irresponsabilidad del Estado en prevención de delitos en general”, señala el abogado.

Los hermanos Laguna demandaron por daños y perjuicios al Poder Judicial, a Fiscalía y al Ministerio del Interior, lo que constituye un hecho jurídico histórico. “El grueso de la demanda está concentrado en lo que nosotros detectamos como acciones deficientes, graves omisiones, decisiones mal tomadas o tomadas tarde”, dice el abogado.

La sentencia de primera instancia expedida el jueves pasado, a la que accedió El País, todavía no está firme. Fue positiva, pero Lamela va a apelar en busca de una mejora en la reparación estipulada. Es de esperar que el Estado —condenado por partida triple—, también lo haga.

En un exhaustivo análisis, el juez Alejandro Martínez de las Heras enumeró 22 errores de los tres organismos. Concluyó que “cada uno de los codemandados incurrió en responsabilidad civil, dadas las omisiones constatadas que tuvieron incidencia en el nexo causal con el daño consumado”.

Esto, dice Lamela, podría generar una jurisprudencia que cambie la forma en que estos casos se traten después. “Es un mojón histórico de lo que es un juicio por este tipo de responsabilidad civil en un femicidio. No hay un antecedente similar”, apunta el abogado.

Foto: Leonardo Mainé.

Unos días atrás, mientras esperaba la sentencia, Micaela empezó a googlear el nombre de su hermana y la fecha de su femicidio, el 4 de agosto de 2022. No lo había hecho hasta ahora. Quería saber qué se dijo, qué información había. Porque aunque ya pasaron cuatro años, todavía necesita entender cómo fue que sus vidas llegaron a donde están hoy.

—Ella vivió cosas que ni siquiera a mí me las contaba. Yo no sabía la mitad de las cosas que ahora sé.

Daiana era, a pesar de todo, una mujer alegre. “Yo no la encaraba mucho, porque ella me decía ‘está todo bien, Negra’. Yo no iba a su casa cuando estaba él, pero todos los días hablábamos. Me hacía videollamadas siempre. Era toda risa y chiste. Me mandaba fotos, muchos videos. Todavía no los puedo mirar a esos videos”, dice Micaela, que quedó a cargo de las niñas y recién ahora, lentamente, les deja ver los videos que su mamá guardaba en el celular.

En los comienzos de la relación, marcada por celos mutuos y peleas, Daiana lo denunció dos veces a Medina. Pero “él la manipulaba”, y finalmente las levantó.

Después nació la segunda hija —a la que vamos a llamar Bruna— en medio de complicaciones médicas en las que casi pierden la vida las dos.

Pasó el tiempo, y aunque la relación era mala, Daiana y Medina compartieron también el trabajo. Compraron la llave de un almacén en Sayago. Por la mañana, él recibía a los proveedores; de tarde, después de atender a las nenas, ella ordenaba el local y atendía a los clientes. Pero no cobraba un sueldo, tenía que sacar dinero a escondidas de la caja.

Iban y volvían. Decían que los dos iban a hacer terapia. “Y todo seguía igual”. Hasta el 2022, el año de la tragedia. La actitud de Daiana cambió. “Ella decía que no sentía lo mismo, que ya no quería estar con él, y ahí empezó lo peor”.

Bruna, la menor, tenía una infección de oídos. La fiebre no le bajaba, así que Daiana la llevó al Pereira Rossell. El día anterior, había descubierto que Camila, de 10 años, se había hecho cortes en un brazo. La niña había visto a su madre hacerlo, en picos depresivos, cuando la situación la desbordaba.

En la consulta médica, primero Bruna y después Camila contaron lo que pasaba en el hogar. Relataron varias escenas de violencia, incluyendo amenazas de muerte del padre hacia la madre.

El equipo del hospital está acostumbrado a lidiar con estas situaciones. “Hay cientos de casos similares”, planteó Mariana Galán, una de las asesoras legales, en un artículo anterior publicado en esta sección. Tras escuchar a las niñas, se reunieron con la madre. Al tratarse de menores, la institución elevaría un informe —dando cuenta del alto riesgo y estado de vulnerabilidad en el que se encontraban las niñas— al juzgado de Familia Especializada. Iban a solicitar medidas de protección para ellas. Daiana, entonces, reconoció que ella también era víctima.

Para resguardar a madre e hijas se decidió ingresarlas a sala hasta que una resolución judicial avalara el retiro del agresor del hogar y la prohibición de comunicación y de acercamiento. Recién entonces tendrían el alta médica.

¿Qué informó la psiquiatra? La paciente de 10 años “refiere a múltiples situaciones de violencia que le generan angustia, tristeza y miedos relacionados con el bienestar de su madre, expresando que ‘está cansada de que mi padre siga maltratando a mi madre... un día la quiso lastimar con un cuchillo’, y agregando que tiene “miedo de que mi padre pueda matar a mi madre”.” La niña dijo: “Quiero que mi papá no vuelva”.

Al día siguiente de que las niñas hablaran, el 7 de junio, Daiana denunció a Medina por violencia doméstica en la seccional 8°. Dijo que había intentado lesionarla varias veces, que la amenazaba con matarla a ella y suicidarse él. Que temía por sus hijas, y que la mayor se estaba autolesionando. Llevó audios y ofreció testigos.

La Policía comunicó el caso a la fiscalía de violencia doméstica de 1° turno. La fiscalía, entonces, dispuso pasar las actuaciones al juzgado de Familia Especializada y tomarle acta al indagado.

Según detalla la demanda a la que accedió El País, recién seis días después la Policía se comunicó con el denunciado, y lo hizo por teléfono. Medina dijo que iría al otro día, pero no fue. La Policía no lo llamó, ni fue a buscarlo.

Dos días después, el 16 de junio, Daiana volvió a la comisaría y amplió la denuncia. Medina seguía hostigándola en el hospital. Le había enviado audios, mensajes y una carta amenazándola: si lo sacaba de la casa a él, iba a prendarla fuego con ella y las nenas adentro.

Foto: Estefanía Leal.

Al otro día, la Policía intentó llamarlo. Medina no contestó el teléfono; la Policía le dejó un correo de voz. Al final lo localizó en otro número telefónico: dijo que se presentaría al día siguiente por la tarde.

En paralelo, ese mismo día, el 17 de junio, el hospital envió un informe a Familia Especializada comunicando “una alta vulnerabilidad bio-psico-social, con los derechos de las niñas vulnerados”. Recogía también las amenazas de muerte que recibía constantemente Daiana.

El lunes 20, dos semanas después de la primera denuncia, el juzgado determinó la prohibición de comunicación y acercamiento hacia madre e hijas por 180 días. La audiencia se fijó para el 27 de junio, es decir, siete días después y no 72 horas como indica la ley.

Lo buscaron a Medina para comunicarle las medidas, y su retiro del hogar. Pero otra vez no atendió el teléfono. Recién lo hizo el 21 de junio. Catorce días después de la primera denuncia, Medina fue a declarar a la seccional. Negó todo, menos la violencia verbal. Pero dijo que era mutua. Cuando lo retiraron del hogar, Medina se puso agresivo: no quería irse.

Daiana realizó una tercera denuncia, advirtiendo que seguía llamándola y amenazándola. Y el 24 de junio, cuando dejó el hospital para volver a la casa, lo denunció otra vez.

—Cuando salió del Pereira se vino para mi casa y temblaba de miedo.

Micaela, su pareja, su hijo (6), Daiana y las dos niñas se apretaron en un auto y fueron hasta el domicilio. Pero un vecino les avisó que la camioneta de Medina estaba estacionada a la vuelta. Siguieron hasta la seccional. Cuando los oficiales abrieron la puerta de la casa, lo encontraron adentro. Lo llevaron detenido.

Al día siguiente, Daiana lo denunció por quinta vez y pidió una tobillera. Enterada la fiscalía y el juzgado del gravísimo desacato —aún así— se levantó la detención y se lo intimó a cumplir las medidas “bajo el apercibimiento de desacato”.

Foto: Estefanía Leal.

Cuando llegó el día de la audiencia, el 27 de junio, Medina no fue. Un par de horas antes, su abogada dijo que se había ido de viaje al interior del país. La audiencia se celebró igual, pero no había suficientes abogados defensores, así que Daiana no tuvo asistencia letrada.

El juez mantuvo las medidas, dio aviso al INAU de la situación y fijó una nueva audiencia para el 15 de agosto: es decir, casi dos meses más tarde.

Los días que siguieron, la confrontación escaló. Medina denunció a Daiana. Decía que consumía cocaína, que les daba bebidas energizantes a las niñas. El juzgado interrumpió la feria judicial para solicitar que el 11 de julio le hicieran una pericia médica a la mayor de las nenas y se les tomara declaración a los padres.

No asistió ninguno, y se volvió a fijar fecha para el 15 de julio. ¿Qué pasó ese día? No está claro en el expediente, pero se convocó otra audiencia para el 13 de agosto (dos días antes de lo previsto).

El 2 de agosto, Medina volvió a denunciar a Daiana por consumo de cocaína y porque sus hijas habían faltado a la escuela. Esta vez, se le bajó el nivel a la denuncia. El juzgado pidió que se comunicara un eventual delito de desacato a fiscalía y les prohibió a Medina y a su abogada el acceso a las actuaciones.

Para no estar otra vez sola en la audiencia, Daiana había contactado a un abogado.
Le pagó una seña de 1.000 pesos.
Dos días después, Medina la mató.

El 4 de agosto, Daiana estaba trabajando en otro almacén del barrio. Como Medina no cumplía con la pensión alimenticia, necesitaba generar dinero. Las niñas estaban en la casa. Camila vio por las cámaras de videovigilancia cómo su padre trepaba el techo y entraba a la casa. Las niñas se hicieron las dormidas y se cubrieron la cabeza con una frazada. Medina llevaba una riñonera con su arma, un factor de riesgo que hasta ahora ninguno de los organismos había considerado.

Camila le avisó a su madre. Daiana envió el video de Medina en el techo a varias personas, incluyendo a Micaela. “Denunciá”, le dijeron. Llamó al 911. La llamada de dos minutos 16 segundos quedó registrada en su teléfono, pero no figura en la carpeta investigativa. Una amiga suya logró comunicarse con la Policía y prevenir a los agentes. Daiana recogió a sus hijas, y salieron. Pero los perros escaparon, tuvieron que volver. En ese ínterin, cuando habían caminado dos de las siete cuadras hacia la seccional, Medina las encontró. Daiana les gritó a sus hijas: “¡Corran!”. Y murió.

Micaela tenía un hijo y estaba embarazada de tres meses cuando mataron a la hermana. Se quedó con ella, acariciándole una pierna. Tres días más tarde, después del entierro, le festejó el onceavo cumpleaños a Camila.

Desde ese momento las dos niñas viven con ella.

De un día para el otro se convirtió en madre de cuatro niños, aunque las dos nenas le dicen “tía”. El primer año, al drama emocional se le sumó la burocracia por la tutela de las niñas, el cambio de escuela, y la venta de la casa, que estaba a nombre de Camila, y que en los días que siguieron fue ocupada dos veces.

Estefania Leal

“Cuando llegaron a casa, Bruna hablaba todo el tiempo de la mamá y el papá, pero bloqueó lo que pasó ese día. Camila no quería hablar de ellos, pero sí del asesinato. Quiero saber qué está en sus cabezas, porque yo no vi la muerte, solo puedo imaginarme lo que sienten ellas que sí vieron todo”, dice. “Empecé a tratar de que empezaran a sanar esa parte”. “Papá estaba enfermo en su cabeza por eso le hizo eso a mamá”, les dijo. “Para que haya un perdón, porque Camila está muy dolorida”. Y ese dolor se convirtió en enojo, en problemas en la escuela, con las amigas, con ella misma.

En la escuela, a veces, a las hijas de Daiana les dicen “huérfanas”. Hubo, en este tiempo, momentos muy difíciles. Ahora, las niñas aceptaron hacer un tratamiento psicológico. “La psicóloga me explicó que tenemos que ir tejiendo desde el pasado, para rehabilitarlas”. Y que la vida será así: “Un día, es un día”.

Unos días atrás, cuando se acercaba la sentencia de primera instancia del juicio, Micaela tuvo una charla con ellas. “Estamos con un juicio por lo que le pasó a mamá”, les dijo. Pero no sabía cómo explicarles. “¿Qué les digo? ¿Por qué estamos haciendo esto?”, dice Micaela.

El jueves pasado, el juez determinó que cada uno de los organismos debía pagar una reparación económica, siendo las niñas las principales beneficiarias. Si es que se puede hablar de beneficio en un caso así.