Cada vez más colegios privados limitan los celulares en escuelas y liceos, pero ANEP se niega a prohibir su uso

Cada mes de marzo, Diego se promete lo mismo: “El primer día de clases voy a entrar y les voy a decir que los celulares están prohibidos y que si los veo usándoloslos voy a sancionar; les pongo una observación o los echo del aula”, cuenta este docente de Secundaria radicado en el interior del país. Hasta ahora no llegó a la posición más radical, no se puso “prohibicionista”, pero se acercó bastante.

—¿Y qué pasó?

—Las primeras semanas funcionó, pero después ya empezaron a no obedecer. No cumplen con la norma, es como una especie de desobediencia civil por parte de los alumnos, y si me pongo firme tendría que echar a media clase.

Si se pusiera firme también tendría problemas con la dirección del liceo —plantea este docente de educación pública— porque desde la jerarquía se desestimula que los alumnos salgan del aula.

—¿Qué otra cosa podría hacer? Podría ponerles notas bajas a los que incumplen, pero también me caería la dirección a preguntarme por qué todos esos alumnos tienen notas bajas.

Lo que este docente quiere decir es que no dispone de herramientas disciplinarias para sancionar la infracción de una regla como la de limitar el uso de celulares durante el horario de clase.

—Es una batalla desgastante. Estás peleando contra la dirección de Secundaria, contra los padres que les envían mensajes cuando están en horario de clase, contra el algoritmo con un diseño hecho para captar la atención de un adolescente que no tiene una regulación de sus impulsos como de repente la puede tener un adulto; es una batalla constante para tratar que presten atención y se concentren durante un ratito.

El celular les vibra en el bolsillo, son las notificaciones: no dejan de llegar. El profesor ya tiene el oído afinado y automáticamente les pide a los alumnos que guarden el teléfono en la mochila. “Y a los cinco minutos los veo con la cabeza metida adentro de la mochila”, narra. ¿Para qué lo usan? Para chatear entre ellos, “o para jugar con el compañero que tienen al lado”. O para comunicarse con sus padres, también.

Pasan los minutos y la escena se repite. Diego, el docente, empieza a rendirse: evalúa si vale la pena interrumpir la explicación que está dando para otra vez llamarles la atención a los que están con el celular o si mejor finge que no los vio. O les clava la mirada, a ver si reaccionan.

—Es una pérdida de energía, tiempo y atención estar fiscalizando todo el tiempo mientras estás dando una clase —dice3. Estoy pensando en conseguir algún dispositivo, algo que pueda comprarme para mí, que bloquee la señal en el aula mientras doy clases, a ver si así logramos concentrarnos.

Por el momento las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no acompañan la tendencia cada vez más extendida en el mundo de regular el uso. “Nosotros estamos siguiendo un poco cuál es la evidencia que se va generando a partir de estas modalidades. A priori, creemos que la supresión no estaría siendo una buena política”, dice Pablo Caggiani, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP.

Mientras tanto, atendiendo a la proliferación de leyes que regulan o prohiben este uso al menos en 79 sistemas educativos del mundo —incluyendo Brasil y hace poco la Provincia de Buenos Aires—, presionados por la demanda de los padres y el desgaste de los docentes, decenas de instituciones privadas dan el paso hacia la limitación del uso de celulares.

Los primeros resultados son alentadores, dicen distintos directores de colegios. Especialmente mejoró la socialización entre los alumnos. Sin celulares, ya no hay más filas de adolescentes absorbidos detrás de las pantallas y en cambio en los recreos los alumnos volvieron a jugar al truco, charlan, leen libros y hasta volvieron a agarrarse a las piñas.

El año clave fue 2024. En una línea de tiempo, fue ahí que aparecieron las regulaciones que restringen el uso de celulares en escuelas y liceos en busca de mejorar la concentración, el rendimiento y la convivencia. Se legisló en Francia, España, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brasil, Países Bajos, China, Canadá, Finlandia, Dinamarca, Italia, Hungría, Bélgica, Reino Unido y en algunas provincias de Argentina, entre otros territorios.

Esta movida puso el tema rápidamente en agenda, incluso en Uruguay, donde según un estudio de la Fundación Manantiales dos de cada tres liceales utilizan el teléfono en clase y tres de cada cuatro reportan efectos en su capacidad de concentración.

Plegándose al movimiento global, Maximiliano Campo, novel diputado colorado por Tacuarembó, presentó en febrero un proyecto de ley para regular el uso y así “luchar” contra lo que entiende es “un cambio de 180 grados, nocivo, para alumnos y docentes del sistema educativo”.

El proyecto consiguió un eco moderado al principio, pero después se fue apagando hasta quedar solapado por otras discusiones más vigorosas como la votación del Presupuesto Nacional. Sin embargo, provocó que el ministro de Educación, José Carlos Mahía, se expresara sobre el tema. Planteó que apoya la regulación, pero no por el camino de la ley.

Eso fue en marzo, ya pasó el tiempo.

—Seguimos esperando los informes de la ANEP sobre nuestra propuesta, que todavía no los ha presentado —dice Campo, quien está decidido a retomar la discusión.

Así se lo piden personas como una maestra que armó un comunicado alertando lo preocupada que la tiene la obsesión de sus alumnos por un juego que según ella genera violencia.

La propuesta del diputado llegó a distintos directores de colegios privados, que en general no están afín con que la regulación se aplique por ley, pero que en algún caso sí creen que una decisión desde la ANEP a nivel nacional contribuiría a resolver “bastante” el tema.

“Si no, es una decisión que queda librada al entender de los directivos de una institución educativa en un tema que tiene miradas diferentes”, opina Juan Carlos Noya, director del Colegio Alemán y expresidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada.

El Alemán es uno de los colegios que limitó el uso a partir de este año, prohibiéndolo durante el horario escolar en las clases de séptimo, octavo y noveno (lo que sería el ciclo básico), incluido para uso didáctico —en ese caso utilizan otros dispositivos—; ni siquiera se permite en recreos y solamente admiten algunas salvedades en noveno, con fines didácticos. “Trabajamos en una sensibilización y elaboramos un reglamento, que se implementó con el apoyo de las familias”, cuenta Noya, el director.

Afrontar este asunto es uno de los objetivos centrales para los distintos centros educativos privados. Los 150 colegios que integran la Asociación Uruguaya de Educación Católica comenzaron el 2025 con un evento multitudinario sobre Inteligencia Artificial, cuya intención era generar insumos para que cada uno tome una decisión sobre la exposición de su alumnado a las pantallas. La mayoría habría actuado restringiendo el uso.

—Queríamos que fuera una decisión pensada, conversada, consensuada, la mejor que creían para el centro educativo en el que estaban, porque acá no hay una decisión para todos. Esto tiene mucho que ver con la coyuntura en la que a uno le toca participar —dice Juan Achard, presidente de la asociación y además director general del Colegio Marista Juan Zorrilla de San Martín.

Achard está convencido que “prohibir no educa”, y descarta la opción de una ley. “Prohibir simplemente desplaza el problema hacia otro lugar. Y los centros educativos tenemos que dar en esto una pelea para que nuestros alumnos tengan un uso racional de este dispositivo que ya convive con nosotros”.

En una línea parecida está Alejandro Di Lorenzi, presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada y director de Secundaria del Montevideo College. Estamos en una época “de revisión”, decreta. “Más que limitar los celulares estamos encontrando que hay otros dispositivos para el trabajo con lo digital que son mucho más provechosos en el trabajo colaborativo que necesitamos en las aulas”, dice, aunque en el colegio que dirige está prohibido el uso durante toda la jornada liceal de séptimo a noveno. Como las laptops y las tablets, que pueden usarse en grupo.

Entre los miembros de la asociación, estima que está primando una política de “uso responsable”.

Lo esencial, y a esta altura quizás ineludible —dicen todos—, es probar.

Por lo general los alumnos de Primaria no usan celulares. El problema se agudiza en la adolescencia, en los primeros años del liceo, y va atenuándose en los grados más altos, describen docentes y expertos.

Modalidades para limitar su uso en la clase hay varias, pero la medida estrella viene siendo la de guardar el celular en una caja, bajo llave. Los dispositivos “descansan”, custodiados por un adscripto, desde el ingreso al centro de estudios hasta que el alumno se retira. “¡Y sobreviven!”, bromea Di Lorenzi. También es un respiro para las víctimas de bullying —señala—, un acoso que suele ser presencial pero que se solapa con las agresiones en la esfera virtual.

Hay excepciones, como cuando el docente lo solicita para trabajar en clase. O, en algunos colegios, se practica la autonomía progresiva y se permite que se utilice en algún que otro recreo.

Por supuesto que también hay fallas. En algunos casos, los delegados estudiantiles son quienes comunican a la dirección “las fugas”, en pos de un sistema justo para todos. Hay docentes que han descubierto alumnos que entregan un móvil pero llevan otro escondido. Y también están quienes, teniendo habilitado el uso, lo usan para copiar en un examen.

—Así y todo yo noto un cambio radical. Fijate que antes las notificaciones eran constantes, una vez un alumno me dijo “¡profe, me hackearon el Instagram!”, en la mitad de la clase, porque le llegó el aviso. Lo tenían en el bolsillo o cerca, todo el tiempo pendientes de si vibraba o si no vibraba. Yo tenía que estar con cuatro ojos vigilándolos, era una guerra continúa —dice una profesora de un colegio privado, que ahora está aliviada.

En esta jugada, los padres se han vuelto los aliados centrales. Tal es así que a veces piden más. Una madre opina que el cambio lo trajo la pandemia, que acentuó el hábito en los más jóvenes por el uso constante del dispositivo móvil. En el colegio al que va su hijo, se les permite el uso únicamente en un recreo. Uno solo, pero que sin embargo es mucho.

—Fui a las tres de la tarde y fue patético: los vi a todos sentados durante el recreo mirando el celular —cuenta.

Los padres le están reclamando a la dirección que la restricción sea total. Y no van a aflojar hasta que suceda.

En la educación pública prima la autonomía: cada institución y cada docente decide cómo usar el celular en clase, dice Caggiani, presidente de la ANEP. “Mis hijos han ido todos a la educación pública y han tenido docentes que les han dicho ‘acá celular no’ y han tenido docentes que les han dicho ‘acá tienen que traer el celular cargado’ porque lo vamos a usar para actividades en la clase. O sea, algunos los limitan”, apunta.

El jerarca no cree que la vía de la ley sea conveniente —“cuando se legisla sobre cuestiones tan finas puede ser problemático más que beneficioso”— ni que tampoco sea oportuna una directiva general por parte del organismo.

“Uruguay tiene una diferencia con respecto a los otros países que han implementado este tipo de medidas, porque tenemos Ceibal, una agencia estatal que hace una curaduría de las cosas que ingresan al aula en términos de Tics”, dice.

Para Caggiani, es clave que la institución educativa no desatienda el uso que el alumnado hace del celular debido a los riesgos que podría conllevar. “No hay un correlato en que a los gurises les vaya mejor, ni siquiera en que usen menos las redes. El efecto de eso es peor porque implica que si no las usan mientras están en el centro educativo, el resto del día se cuelgan para recuperar ese uso”.

Sin embargo, algunos docentes consultados critican esta postura. Es “tirarles el fardo”, cuando “sería más sencillo lograr un comportamiento ordenado en el aula si existiera una regulación unánime”. Y además, señalan que en la práctica no todos los alumnos disponen de los dispositivos que brinda Ceibal: algunos los tienen dañados o los prestan a familiares.

Ceibal está arriba de este problema.

Mariana González, jefa de investigación, monitoreo y evaluación, enfatiza en el trabajo que realizan tanto con alumnos —a los que se les da laptops y tablets— como con docentes con el foco en la ciudadanía digital. Con estos grupos se ha trabajado también en torno a la temática —dice González— y a partir de la información desprendida Ceibal decide ubicarse “en el camino del medio”.

“Aparece la necesidad de generar marcos flexibles, donde cada institución pueda construir sus propias reglas y políticas de uso, adaptados a sus contextos y necesidades”, plantea.

Foto: Darwin Borrelli.

Más allá de su posición, Ceibal tiene algunos estudios encaminados con el propósito de recolectar datos —del sector público y privado— para sistematizar la información que hoy está “suelta” y así esclarecer, por ejemplo, cuántas instituciones aplican restricciones, cuáles son y qué resultados están notando en el alumnado. Se pretende recolectar evidencia empírica generada en el país.

Uno de estos estudios es Kids Online, coordinado por Matías Dodel —psicólogo y sociólogo especializado en internet—, que se actualizará en 2026 y tendrá un módulo específico sobre el uso en las aulas. Además, junto a otros organismos, se elabora un policy brief, recopilando y comparando las regulaciones vigentes.

—Hay unos supuestos detrás de las leyes que en algunos casos sí hay algo más de evidencia, pero en otros no es tan así —advierte Dodel.

Según su opinión, es más clara la evidencia de que mejora el rendimiento escolar, pero no tanto la incidencia del celular en problemas de salud mental como se suele afirmar.

El experto plantea que no es lo mismo prohibir el uso en un contexto donde hay otros dispositivos disponibles, que si no los hay. Su propuesta es de una restricción escalonada, adaptada a la edad y considerando la autonomía relativa de los niños para el uso de internet; considerando las condiciones del centro y sin dejar la tarea de educar en el uso relegada exclusivamente a los padres.

—Por un lado, decimos que la tecnología es el futuro del mundo, pero por otro lado se las estamos cortando. La solución que proponen estas leyes es cerrar el canal y cuando uno corta la cadena de internet no solamente se van las cosas malas sino que también las buenas, por ejemplo para el estudio, sobre todo en los centros donde no hay otra tecnología.

No es un debate fácil.

Del otro lado, sobran los casos que encienden las alarmas. Como el de una alumna de 15 años de un colegio privado que se negó a ir a un campamento que prohibía llevar celulares. La actividad duraba dos días. Solo dos, pero la alumna le dijo a sus docentes que no se creía capaz de estar tanto tiempo sin su celular.

No fue.

No logró separarse del teléfono.

No supo cómo.