Esta semana se cumplieron 5 años del inicio del proyecto de venta de marihuana estatal en farmacias. El “experimento”, como dijo en su momento el ex presidente Mujica, ya ha tenido un plazo suficiente de evaluación.

A esta altura, poca gente puede negar que en función de los objetivos que se tuvo con este proyecto en su inicio, el mismo ha fracasado. Y que el país necesita hacer reformas profundas al mismo.

Toda historia tiene su principio. Y el de nuestro experimento comenzó lejos de Uruguay, cuando una fundación que bregaba por un cambio drástico en las políticas de drogas, en especial sobre la marihuana, creyó encontrar el laboratorio ideal, en un país chico, razonable, socialmente equilibrado, y donde con poco dinero se podía generar gran impacto político. Así se empezó a trabajar a nivel parlamentario, y académico, a la vez que se generaron “oenegés” y se contrató a lobistas para que empujaran la cosa.

Todo cristalizó con un hecho terrible. El cruel asesinato de un “panchero” de La Pasiva, visto en directo por toda la población. A partir de allí, el ex ministro Fernández Huidobro fue el encargado de anunciar una serie de medidas para rescatar la convivencia. Entre ellas, la legalización y estatización del cultivo y venta de marihuana.

La idea, según la anunció el propio presidente Mujica, era que al generar un mercado legal y estatal de marihuana, eso iba a significar un golpe letal al narcotráfico, quitándole una de sus principales fuentes de financiamiento. También se dijo que así se quitaba el incentivo de muchos jóvenes de acudir a drogas más peligrosas como la pasta base. Y que incluso, la marihuana podía servir como terapia de “reducción de daños” para ayudar a quienes querían dejar ese vicio.

Ya en teoría, esas justificaciones eran de un nivel de fantasía propio de la cabeza del ex presidente Mujica. Solo comparable a cuando le quiso “vender” a Vladimir Putin el puerto de aguas profundas de Rocha, episodio del cual una foto en google, marcará la humillación eterna para todo uruguayo con algo de amor propio.

Nada de lo dicho iba a funcionar, porque para el narcotráfico la marihuana no era un mercado relevante, porque nadie que va a comprar “porro” que es un sedante, sale fumando pasta base, que es un estimulante. Y porque eso de la reducción de daños es una copia barata de lo que se hizo en Holanda con la heroína cambiándola por drogas sintéticas, que incluso tampoco funcionó. Hoy el consumo de pasta base sigue igual o peor, el narcotráfico ni se enteró del cambio, y la violencia en las calles tampoco.

Pero, además, el proyecto fracasó en su implementación práctica. Como cada cosa que produce el estado, la marihuana estatal es de mala calidad, tiene mala distribución y no compite con el mercado negro. Un mercado negro que es servido generosamente por los propios clubes de cultivo, que son incontrolables para el estado. O sea que mientras la marihuana estatal se acumula en depósitos, los clubes proliferan como hongos.

Claro que nada de esto lo verá en estudios académicos ni evaluaciones formales. Porque todos abrevan de generosos fondos externos, y para ello precisan decir que acá todo anduvo fenómeno.

Otro detalle, el gobierno de Tabaré Vázquez que vino luego, le puso el freno de mano a todo lo que era marihuana medicinal, algo sí importante desde el punto de vista económico para el país, haciendo que Uruguay perdiera su calidad de pionero, y hoy deba competir con decenas de países que se subieron al carro mucho después.

Ahora bien, ante este panorama, ¿que hacer? La realidad es que el consumo de marihuana estaba pacíficamente aceptado por la sociedad uruguaya desde mucho antes del proyecto de estatización. Incluso el cultivo privado estaba muy desarrollado. Retroceder en la liberalización de esas actividades, es irreal.

Lo que no es irreal es revisar toda la estructura pública que se ha generado en torno a esto, y que solo beneficia a burócratas y lobistas. Hay que derogar esta ley, eliminar el Instituto que regula la marihuana y que no aporta nada. Exigir cumplir con normas sanitarias y cobrarle impuestos a los clubes, para con ello financiar campañas de información sobre los efectos de la droga. Y que la misma pueda ser consumida por mayores de edad, informados y responsables, con los mismos requisitos que tienen otras drogas como el alcohol.

En pocas palabras, apostar a la inteligencia del individuo, y eliminar el paternalismo estatal, y su ambición de control y permanente crecimiento a costa de contribuyente. Algo tan razonable, como difícil de imaginar en el Uruguay de hoy.