Narcotráfico.uy

El diagnóstico parece ser unánime. De izquierda a derecha se expresa un consenso sobre dos cosas: que Uruguay tiene un serio problema con el narcotráfico, y que el sistema político no tiene idea de la gravedad del asunto. Dos ejemplos bien frescos de este inusual acuerdo trasversal.

El intendente Yamandú Orsi dijo hace unos días que “la clase política no es consciente de los riesgos que corremos de no entender bien la magnitud del narcotráfico”. Y el popular comentarista televisivo Fernando Marguery, habitualmente en las antípodas de Orsi, sostuvo que “el poder económico del narcotráfico nos va ganando 5 a 0 en Uruguay.”

Estos comentarios tienen, como casi todo en al vida, un costado positivo y uno negativo. El positivo es ver que actores importantes del debate público están preocupados por un fenómeno grave y peligroso. El negativo es el usar un fenómeno grave y peligroso de manera liviana, como arma arrojadiza política. De alguna forma, banaliza el problema.

¿Tiene Uruguay un problema serio con el narcotráfico? De nuevo, depende de cómo se vea.

Si usted ve las cifras de asesinatos, de “ajustes de cuentas”, y las formas en que grupos dedicados a la venta de droga operan a sus anchas en barrios humildes ya no solo de la zona metropolitana, parece difícil negarlo. Lo mismo que los cada vez más habituales operativos de requisa de cantidades enormes de cocaína que ocurren en Uruguay, y que muestran que somos una ruta de paso “oficial”.

El otro extremo, también es expresivo. Hablamos del consumo. El Centro, Ciudad Vieja, Pocitos, están llenos de pastabaseros exhibiendo sus miserias. Pero alcanza ir a cualquier bar de Palermo o Cordón, y pasar al baño luego de cierta hora, para percibir la sinfonía perenne de nariguetazos. Y no entremos a hablar del tema de medicamentos...

El abuso de sustancias “entorpecentes”, como dicen los brasileños, está democráticamente extendido en la sociedad uruguaya, y como es ya obvio para cualquiera, siempre que haya una demanda, habrá una oferta que la sacie.

Ahí está el verdadero centro de todo este problema. Mientras el gramo de cocaína que en una calle de Montevideo vale 5 dólares, en Berlín valga 60, siempre va a haber un “emprendedor” dispuesto a asumir el riesgo. Y eso no se arregla con “regulaciones” ingenuas como la de la marihuana. Hay que ir mucho más allá.

Ahora bien, cuando uno compara la realidad uruguaya en este tema, con lo que ocurre en Argentina, en Brasil, en Chile, Perú o Ecuador, la conclusión es que estamos lejísimos de eso. Tanto en la magnitud y peso del crimen organizado en serio, como en la infiltración del sistema político.

Las campañas políticas en Uruguay no han tenido avalanchas de dinero extraño, ni han surgido dirigentes de la nada con billetera cargada. Tampoco hay bandas seriamente organizadas, con control territorial, o capacidad de enfrentar al Estado, como ocurre en esos otros países.

¿Por qué abundan entonces estos diagnósticos tan derrotistas?

Todo comenzó en tiempos del conjunto Bonomi-Guarteche-Layera, en el Ministerio del Interior, cuando ante las pésimas cifras en materia de seguridad se empezó a machacar con un discurso implacable: Uruguay está infiltrado por el narcotráfico, y un poder contra el que nada se puede hacer. Tenemos que prepararnos para lo peor. De paso, se justificaba así su pobre performance.

Este discurso fue retomado con singular pasión por varios periodistas y analistas, que de golpe se transformaron en expertos en narcotráfico. Que mantenían una especie de relación carnal con aquella cúpula del Ministerio del Interior, y que apenas cambió el gobierno, arremetieron con virulencia contra la nueva gestión. Sobre todo los primeros años, cuando los resultados auspiciosos los dejaban un poco “pegados”.

Hay una cuestión que es verdad: mientras no haya un cambio radical del enfoque global del tema narcotráfico, probablemente con la legalización generalizada del consumo de todas las drogas, el problema seguirá latente.

Pero eso no significa que en Uruguay nos tengamos que resignar a seguir el camino de los países vecinos. El tamaño de nuestro mercado, por una vez, nos juega a favor. ¿Cuántos importadores de cocaína o pasta base puede haber en Uruguay? ¿Qué tan difícil puede ser desarmar una organización que empiece a crecer, en este país donde todos nos conocemos? Y donde si un senador, un juez, o un periodista cambia de golpe de auto, se entera todo el país.

Lo que no se puede es caer en la complacencia. O en ese discurso de que no se puede hacer nada. Con una policía mínimamente efectiva, y un sistema político con el control social que permite la sociedad uruguaya, no hay por qué entregarse. Eso sí, habría que tener acuerdos mínimos para no convertir las políticas de seguridad en un botín político menor. Ahí, la apuesta ya es más dudosa.