Redacción El País
Un informe de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) identificó tres barreras comerciales de Uruguay que afectan a empresas estadounidenses, previo a que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera aranceles recíprocos a todos los países y jurisdicciones. En el caso de Uruguay, el arancel que le impuso el gobierno de Trump es el mínimo establecido: 10% para las exportaciones uruguayas a ese país. No obstante, el pasado miércoles dejó en pausa por 90 días a aquellos que superan el 10% para abrir espacio a la negociación con los distintos países.

El “Informe de Estimación Nacional de Comercio 2025 sobre Barreras al Comercio Exterior del presidente de los Estados Unidos sobre el Programa de Acuerdos Comerciales” es realizado por el USTR todos los años y fue culminado a fin de febrero pasado. Pero, en este caso, cobra relevancia debido a la política de elevar aranceles a todo el mundo y a sectores específicos (acero, automóviles, entre otros) que ha seguido la administración Trump y más aún al abrir un espacio a la negociación, donde el gobierno estadounidense pondrá esos temas sobre la mesa con cada país.

En este caso, es “el 40° informe de una serie anual que destaca las importantes barreras extranjeras a las exportaciones, la inversión extranjera directa y el comercio electrónico estadounidenses. Este documento complementa la Agenda de Política Comercial 2025 del presidente”, afirmó el documento.

El reporte “se basa en información recopilada la USTR, los Departamentos de Comercio y Agricultura de EE.UU., otras agencias del gobierno estadounidense y las embajadas estadounidenses. Además, se complementa con información proporcionada en respuesta a un aviso publicado en el Registro Federal y por los comités asesores comerciales”.

A su vez, se aclaró que el documento “analiza los principales mercados de exportación de Estados Unidos, abarcando a casi 60 socios comerciales”, entre los que está Uruguay, y añadió que “la omisión de socios comerciales y barreras comerciales específicas no implica que no sean motivo de preocupación para Estados Unidos”.

Según la USTR “las barreras comerciales escapan a definiciones fijas, pero pueden definirse en términos generales como leyes, regulaciones, políticas o prácticas gubernamentales —incluidas las políticas y prácticas no comerciales— que distorsionan o socavan la competencia leal”.

“Esto incluye medidas que protegen los bienes y servicios nacionales de la competencia extranjera, estimulan artificialmente las exportaciones de determinados bienes y servicios nacionales o no brindan una protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual”, agregó.

Donald Trump. Foto: AFP.

Además, el documento remarcó que “las políticas y prácticas no comerciales, como la focalización de sectores industriales para obtener dominio, el exceso de capacidad no comercial y las actividades distorsionantes de empresas estatales o patrocinadas por el Estado, pueden generar riesgos económicos y de seguridad nacional y socavar la competitividad de EE.UU. El propósito del informe es identificar las barreras que el gobierno estadounidense busca eliminar”.

Para cada país, el reporte presentó cuáles son los acuerdos que tiene con EE.UU., cuáles son sus políticas de importación (qué aranceles aplica y cómo) y las barreras comerciales identificadas.

Por ejemplo, a Argentina le dedica cuatro páginas, a Brasil seis, a Paraguay una y a Uruguay una y un par de párrafos. Para tener otra perspectiva, a China, que es la segunda mayor economía del mundo y con la que Estados Unidos está embarcada en una “guerra comercial”, el informe le dedica 48 páginas.

El reporte de la USTR en el apartado sobre el país mencionó que Estados Unidos y Uruguay firmaron un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (TIFA, por sus siglas en inglés) el 25 de enero de 2007.”Este acuerdo constituye el principal mecanismo para el diálogo sobre comercio e inversión entre Estados Unidos y Uruguay”, explicó.

En cuanto a las políticas para la importación que aplica Uruguay, el informe indicó que “el arancel promedio de Nación Más Favorecida (NMF) aplicado en Uruguay fue del 10,1 % en 2023 (últimos datos disponibles). El arancel promedio de NMF aplicado en Uruguay fue del 10% para productos agrícolas y del 10,1% para productos no agrícolas en 2023 (últimos datos disponibles)”.

“Uruguay ha consolidado el 100% de sus líneas arancelarias en la Organización Mundial del Comercio (OMC), con un arancel consolidado promedio del 31,5%”, añadió.

También recordó que “Uruguay es miembro fundador del Mercosur, formado en 1991, que también incluye a Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. El 5 de julio de 2024, Bolivia promulgó su ley de adhesión plena y está en proceso de incorporar la normativa del Mercosur”.

“El Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur oscila entre el 0% y el 35% ad valorem (es decir sobre el valor de la importación). En julio de 2022, los países del Mercosur acordaron una reducción del 10% del AEC para más del 80% de las líneas de productos”, agregó.

Foto: Archivo El País

El informe explicó que “la decisión redujo el AEC promedio del bloque al 10,3% y su promedio ponderado al 9,5%. Toda mercancía importada a Uruguay (excluidas las zonas francas) está sujeta al pago del AEC a la autoridad aduanera uruguaya. Si el producto se reexporta a otro país del Mercosur, el AEC debe pagarse nuevamente al segundo país. El Mercosur aprobó un Código Aduanero Común en 2010 y puso en marcha un plan para eliminar la doble aplicación del AEC en su territorio en 2021”.

“Sin embargo, solo Argentina ha ratificado el Código Aduanero Común, por lo que aún no ha entrado en vigor. El Mercosur cuenta con numerosas excepciones a su AEC, tanto por sector (por ejemplo, telecomunicaciones o bienes de capital) como por país (por ejemplo., Uruguay exime 225 líneas)”, agregó.

En el apartado denominado “Barreras aduaneras y facilitación del comercio”, la USTR mencionó que “Uruguay cobra una tasa consular a las importaciones, actualmente del 5% ad valorem”.

Esta “imposición de tasas consulares perjudica las exportaciones estadounidenses a Uruguay al incrementar los costos e imponer formalidades adicionales que no están relacionadas con los servicios prestados por la autoridad aduanera”, cuestionó el informe.

“Los productos del Mercosur pagan una tasa del 3%, y los productos importados en virtud de otros acuerdos (por ejemplo con México) tienen una tasa del 0%”, añadió.

“Los exportadores estadounidenses avícolas han reportado serias dificultades para obtener la documentación de importación necesaria desde Uruguay, lo que ha limitado considerablemente el mercado de las exportaciones de aves de corral estadounidenses durante la mayor parte de 2023 y 2024”, criticó el reporte.

La segunda traba al comercio que mencionó el informe de la USTR sobre Uruguay está en el apartado “Comercio electrónico / Barreras al comercio digital”.

Allí la USTR marcó a “la ley 18.331 de Protección de Datos Personales, la acción de ‘Habreas Data’ (sic) y el decreto 414/009 que rigen la protección de datos personales en Uruguay”, además de “la Ley 20.075 (que) entró en vigencia el 1 de enero de 2023 y modifica el sistema uruguayo de protección de datos”.

El reporte explicó que “la legislación uruguaya, en general, restringe las transferencias transfronterizas de datos personales a países y entidades internacionales, a menos que se cumplan ciertas condiciones específicas”.

Cuestionó que “la reglamentación que implementa la ley permite el uso de cláusulas contractuales estándar, pero las empresas estadounidenses informan que persiste la incertidumbre sobre si pueden utilizar ciertas herramientas o mecanismos para realizar transferencias transfronterizas de datos”.

El último aspecto sobre Uruguay que la USTR mencionó como barrera comercial está en el apartado “Protección de la propiedad intelectual”.

Allí directamente el reporte espetó: “Estados Unidos insta a Uruguay a garantizar la transparencia y el debido proceso en la protección de las indicaciones geográficas (IG) y a asegurar que la concesión de protección a las indicaciones geográficas no prive a las partes interesadas de la posibilidad de utilizar nombres comunes, en particular a medida que Uruguay avanza en el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y el Mercosur”.

“El 7 de octubre de 2024, Uruguay depositó su instrumento de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”, recordó en la conclusión de la parte que corresponde a Uruguay.