"Problemas gerenciales graves", "concentración" y "competencia desmedida" denuncian actores del sector lácteo

En pleno conflicto de la industria láctea, la Comisión especial de Frontera con Brasil de la Cámara de Diputados, recibió a la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y a la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) el pasado jueves con motivo del proyectado cierre de la planta 14 de Conaprole en Rivera y la venta de la planta industrial de Coleme en Cerro Largo. Además, el Instituto Nacional de la Leche (Inale) también mantuvo una reunión en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados, en la que detalló la situación actual del sector.

Dirigentes de la FTIL presentaron un informe sobre el impacto de las cooperativas lácteas en el país y denunciaron “procesos que carecen de perspectiva y de proyección de políticas de desarrollo ”. El presidente de la FTIL, Enrique Méndez, recordó que en 2002 se remitían unos 1.301 millones de litros de leche anuales a las plantas de cada cooperativa por parte de 3.825 productores. Sin embargo, este escenario cambió cuando en 2024 se registró la remisión de 2.084 millones de litros de leche, pero con 2.275 productores. “Este es el proceso de concentración en el sector primario que la industria ha tenido”, dijo Méndez.

Por su parte, en la Comisión de Ganadería, el presidente del Inale, Ricardo de Izaguirre resaltó que existen problemas estructurales en la industria láctea como la alta concentración de la producción, el endeudamiento recurrente debido a la volatilidad de precios internacionales, eventos climáticos registrados durante los últimos años y la desaparición de pequeños tambos.

“El sector tuvo su mayor endeudamiento cuando la leche no valía. La leche hizo un pico en 2014 o 2015 cuando valía US$ 5.000 la tonelada y después bajó a US$ 2.500”, señaló De Izaguirre ante los legisladores y sostuvo que por este motivo y los efectos climáticos, el Inale trabaja sobre proyectos vinculados a la creación de un fondo anticíclico para productores.

El gerente general de Conaprole, Gabriel Valdés, había explicado en entrevista con El País los motivos del cierre de la planta de Rivera previsto para el próximo 31 de octubre. Entre ellos destacó la caída de venta de leche en sachet, cambios en los hábitos de consumo y la falta de nueva tecnología en la planta. Por estos motivos, Valdés aseguró que la empresa trasladará toda su producción al Complejo Industrial Montevideo ubicado en ruta 5.

“Si la planta tiene maquinaria de hace 40 años es porque la cooperativa entendió que no quería invertir en eso, pero sí invirtió en otros lugares”, dijo el presidente de la FTIL ante el Parlamento y agregó que los cambios de consumo están vinculados a estrategias de las empresas que terminan por “desalentar la venta de leche fresca”.

La empresa el año pasado cerró con un balance positivo de US$ 93,4 millones y a partir del análisis del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, “la fábrica es rentable”, según señaló el dirigente sindical. En ese sentido, insistió que la planta de Rivera, solo con la venta de leche supera los US$ 630.000 de ganancias anuales, a las que se le suma US$ 1 millón provenientes de la distribución.

Trabajadores de Conaprole.

Por otra parte, Méndez denunció que el cierre de plantas en el interior del país se desata en medio de “procesos de inversiones millonarios” que se destinan al desarrollo del área metropolitana. En particular, hizo referencia a las plantas de Conaprole en Montevideo y Villa Rodríguez (San José) inaugurada en enero del 2022.

Por su parte, el representante de la planta de Conaprole en Rivera, Santiago Rojas, hizo referencia a la diferencia cambiaria con Brasil y resaltó la dificultad que implica competir con los precios de frontera. “Entendemos que es una gran mentira decir que quedan 22, 26 o 28 personas sin trabajo”, dijo Rojas.

“¿Existe la posibilidad de que la planta de Rivera, abastecida por la cuenca del norte, pueda elaborar leche en polvo, incorporándole tecnología?”, cuestionó la diputada del Frente Amplio, Estela Pereyra, y agregó: “Es una incoherencia plantear que los trabajadores se trasladen 400 kilómetros para ir a trabajar”.

El presidente de la comisión, Gabriel Tinaglini, sostuvo que el organismo se comprometió a escuchar la visión de todos los actores y agregó: “Desde ya vamos a estar trabajando en conjunto para ver si le buscamos una salida a todo esto porque sabemos lo que significa”.

La Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme) aprobó por unanimidad en asamblea general la firma de la carta de intención el mes pasado para la venta de su unidad industrial, según revelaron a El País fuentes vinculadas a la operación. El inversor interesado en la compra es Visturio S.A., una empresa de capitales argentinos propiedad del ex tesorero de Boca Juniors, Osvaldo Spataro.

“Coleme cobró el crédito con dinero de la ciudadanía, se está vendiendo a otro empresario de afuera”, dijo Méndez ante el Parlamento sobre la venta de la planta de la cooperativa y agregó que “se desalentó el proceso de la producción de quesos”.

Como parte de una reestructuración que llevaría adelante la empresa, el directorio de la misma decidió el despido de nueve trabajadores y el envío de siete a seguro de paro en noviembre del año pasado. En ese sentido, el presidente de la Unión de Obreros y Empleados de Coleme (UOEC), Pablo Jorge, lamentó ante la Comisión de Frontera que a partir de la nueva línea de negocio que planea la cooperativa, los siete empleados que se encuentran amparados por el seguro de desempleo “serán despedidos”.

Por otra parte, el presidente de la FTIL se refirió al Fondo de Reconversión de la Industria Láctea (FRIL) aprobado en 2023 a partir del cual se vieron beneficiadas empresas como Claldy, Coleme, Granja Pocha y Calcar. En el caso de esta última, cerró su planta ubicada en Colonia en abril de este año y a partir de este suceso, Méndez sostuvo que “no se cuidó el sector primario y la competencia desmedida terminó matando un proceso”. Sin embargo, el mes pasado la empresa Nofrock se convirtió en la adjudicataria de la licitación para continuar el trabajo de la empresa con una oferta de US$ 3,6 millones.

Por su parte, el Inale brindó un panorama general de la importancia y el rol que juega la industria láctea en la economía uruguaya ante el Parlamento. “No podemos permitir que se nos siga yendo gente”, dijo De Izaguirre, sobre la población en zonas rurales que representa el 4% del total en el país.

El presidente del Inale destacó que existe una importante participación del cooperativismo en Uruguay con el 75% de la producción, a pesar de que empresas como Calcar, Claldy y Coleme atraviesan “problemas graves a nivel gerencial”. “Tenemos una preocupación, porque a diferencia de Conaprole, que tiene una capacidad gerencial muy importante, estas empresas no tuvieron capacidad empresarial. (...) La conducción de Claldy, Calcar y Coleme tiene una fragilidad muy grande”, indicó De Izaguirre.

El presidente del Inale sostuvo que en los últimos 10 años la producción se estancó en el entorno de los 2.000 millones de litros, sostenida principalmente por la empresa de capitales argentinos en Durazno, Estancias del Lago. Respecto a esta última, sostuvo que “Alejandro Bulgheroni (propietario de la firma) amenazó con que se iba del país” luego de atravesar una crisis en su producción.

Foto: Ignacio Sánchez.

El presidente del Inale agregó que una de las problemáticas del sector radica en que, a diferencia de las cooperativas, los inversores extranjeros pagan la leche a los productores más grandes a un mejor precio. Otro de los elementos que complejiza la situación según De Izaguirre es el tamaño de la tierra que repercute de forma directa en la desaparición de pequeños productores.

En ese sentido, agregó que el sector con más dificultades dentro de la industria láctea es la quesería, para lo cual el Inale implementa un programa vinculado a la industria y la comercialización de productos. El jerarca resaltó que se dialoga con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la exoneración de impuestos para el arrendamiento de tierras; “Seguramente Economía no nos permita descontar el IRPF, pero ¿qué herramientas podemos tener?”, se cuestionó.