Moody´s advirtió que la consolidación fiscal "es insuficiente" para estabilizar deuda de Uruguay y ve vulnerabilidades

La calificadora sostuvo que el menor crecimiento aumenta la dependencia de la consolidación fiscal y proyectó que la deuda bruta superará el 65% del PIB hacia 2030

La calificadora estadounidense Moody´s
La calificadora estadounidense Moody´s.
Foto: AFP

La calificadora Moody’s sostuvo que la revisión de la Rendición de Cuentas presentada por el gobierno refleja un panorama de crecimiento económico más débil, lo que incrementa la dependencia de la consolidación fiscal en un contexto de aumento de la deuda pública.

En un análisis difundido hoy, la agencia recordó que la actualización presentada por el equipo económico revisó a la baja las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), hasta 1,8% para 2025 y 1,6% para 2026, frente a las estimaciones originales de 2,6% y 2,2%, respectivamente.

Pese al menor crecimiento esperado, la calificadora señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantuvo sin cambios la trayectoria prevista para el resultado fiscal global y estructural hasta 2030, “compensando la menor recaudación mediante recortes del gasto operativo y de las transferencias discrecionales durante 2026”.

No obstante, para la calificadora “aún así, la senda de consolidación delineada en la revisión de mitad de año, es insuficiente para estabilizar la deuda bruta del gobierno” que, en línea con las proyecciones oficiales, esperan que supere el 65% del PIB para 2030 desde 59,8% en 2025.

“Esta trayectoria seguiría siendo consistente con la regla fiscal del gobierno, que ancla la deuda neta (excluyendo activos líquidos de 3%-4% del PIB en el horizonte de proyección) en 65%. Sin embargo, la rígida estructura del gasto, que incluye salarios indexados, transferencias sociales y pensiones —que en conjunto representan el 86% del gasto primario— deja un margen limitado de ajuste ante shocks, lo que agrava las vulnerabilidades fiscales a medida que aumenta la carga de la deuda”, analizó Moody’s.

En relación a los ingresos, Moody’s señaló que la revisión de mitad de año proyecta una recaudación equivalente al 27,4% del PIB en 2026, levemente por debajo de la previsión incluida en el presupuesto original. “Sin embargo, observamos mayores riesgos de desviación fiscal en 2027, cuando el presupuesto proyecta que los ingresos aumentarán en 0,9 puntos porcentuales hasta 28,3% del PIB”, indicó.

Sobre ese punto, la calificadora indicó que el incremento depende principalmente de un paquete de medidas basado en mejoras administrativas, ampliación de la base imponible y cambios técnicos, más que en aumentos de impuestos. A su juicio, esa estrategia contribuye a preservar la competitividad, pero también “aumenta la incertidumbre” sobre la recaudación prevista, por lo que la consolidación fiscal de mediano plazo dependerá de una disciplina sostenida del gasto”, afirmó.

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Foto: Ministerio de Economía y Finanzas

En materia de gasto, Moody’s sostuvo que la revisión confirma "niveles estructuralmente elevados", de entre 31% y 32% del PIB entre 2026 y 2030, "impulsados por mayores transferencias sociales, un gasto en pensiones cercano al 10% del PIB en 2025 y un mayor gasto de capital (hasta un aún modesto 1,5% del PIB desde 2025, frente a 1,2% previamente)".

En relación con el financiamiento, Moody’s valoró el fortalecimiento del régimen de metas de inflación del Banco Central desde 2023. Según indicó, ese proceso ha favorecido una mayor participación de la deuda emitida en moneda local —que alcanzó el 56% del total en 2025 frente al 44% en 2019— y un mayor peso de los títulos a tasa fija no indexada, lo que reduce la exposición al riesgo cambiario y la sensibilidad del costo de la deuda a la inflación.

Por último, la calificadora afirmó que espera que el diálogo que mantiene el gobierno con las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) aporte "mayor claridad" sobre el futuro de la administración del ahorro previsional privado en el marco de los cambios institucionales propuestos tras el Diálogo Social.

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