Lavado de activos en la mira: Secretaría Antilavado advierte riesgos emergentes y subagencias de pago en el país

"Este año es especial" para el lavado de activos en Uruguay por los acontecimientos que han sucedido en el último tiempo, como el caso de Pablo Leiva -exasesor del edil Gonzalo Gómez que fue condenado por lavado y tráfico de municiones-, y por los cambios normativos y sancionatorios, además de nuevos elementos de riesgo, según el socio de Brum Costa Abogados, Leonardo Costa. En tanto, a raíz de esto último, la Secretaría Antilavado estudia la actualización de la Estrategia Nacional contra este delito respecto a riesgos y sujetos obligados.

"Un año y medio no es mucho tiempo para cambiar cuestiones estructurales, pero sí para dar pequeños pasos" para mejorar la efectividad, dijo Sandra Libonatti, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), en la nueva edición del Compliance Day, organizado por la firma Brum Costa, que se realizó este jueves, en el que participaron autoridades públicas y referentes del sector financiero y de prevención de lavado de activos.

En esta línea, Libonatti señaló que ha habido un cambio en las condenas efectivas, en donde se realizaron decomisos en el interior. A su vez, agregó que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) tuvieron un pequeño aumento, aunque no fue "sustancial", así como también aumentaron los decomisos pero no en el volumen esperado.

En tanto, al ser consultada por las prioridades de la política antilavado de este gobierno, señaló al crimen organizado, en donde se refirió en "atacar no solo a individuos, sino al crimen organizado en su conjunto y eso llevarlo a condenas y decomisos efectivos", además de mejorar la coordinación con los agentes del sistema de prevención y persecución del lavado.

Ante esta prioridad de "atacar" al crimen organizado y a la aparición de ciertos riesgos emergentes, fue consultada si se trabaja en la actualización de la Estrategia Nacional antilavado. Libonatti señaló que Uruguay tiene una "cultura" de que la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado se actualiza cada determinado tiempo, cuando tiene que ser un "proceso continuo".

Por esto, sobre la Estrategia Nacional, que surge de la ENR de 2023, y que está planteada para el período 2025-2030, cuando Uruguay será nuevamente evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), se trabaja en una propuesta de actualización para no iniciar todo el proceso nuevamente y así incorporar los nuevos riesgos.

En este sentido, señaló que esta actualización podría comprender como incorporación de riesgos en la Estrategia Nacional al uso de oro (tanto por lo que sucede a nivel global como local), el efectivo, las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE) y las redes de pago.

Respecto a las redes de pago, empresas como Abitab y Redpagos son reguladas por el Banco Central (BCU). Sin embargo, las sociedades que funcionan como subagentes de dichas empresas no son sujetos regulados de forma autónoma, y en algunos casos operan como establecimientos comerciales de rubros ajenos al control del BCU (ejemplo, supermercados). Por esto, entre las posibilidades que se manejan es que se identifique como nueva figura de sujeto obligado a las subagencias, así como la incorporación de las mismas entre los riesgos presentados en la Estrategia Nacional.

Por otra parte, Libonatti señaló que deben "atacar el riesgo inminente de que el crimen organizado se enquiste en el sistema político" y que van a trabajar junto a la Corte Electoral para ello.

Respecto a sectores como el inmobiliario, la construcción y escribanos, destacó que cuentan con su "complejidad" y que los diferentes sujetos obligados tienen su "dinámica", por lo que primero está el "entender" cuáles son los riesgos.

Por esto, dijo que tratan "de ir por el lado de definiciones de quienes son sujetos obligados. Captar los riesgos y fiscalizar en función de esos riesgos".

Por otro lado, afirmó que esperan que el decreto reglamentario en el que trabaja la Senaclaft sobre la modificación normativa que planteó este gobierno, pueda aprobarse antes de fin de año.

Darwin Borrelli.

Uno de los cambios que plantea esta modificación es la eliminación de presunción de riesgo para realizar una debida diligencia simplificada cuando los fondos de una transacción están bancarizados. Respecto a esto, Libonatti señaló que esta no es "completamente" una eliminación porque el hecho de que los fondos estén bancarizados, puede resultar como "mitigante" de riesgos.

No obstante, sostuvo que se requiere siempre de hacer el análisis de riesgo, en donde se tomen en cuenta los diferentes factores de cada negocio. "Siempre repetimos lo mismo, pero no por repetido deja de ser una dificultad", afirmó la secretaria antilavado.

Del mismo modo, destacó que uno de los principales desafíos del no financiero es el entendimiento de riesgo y el análisis propio que tiene que hacer cada organización.

A su vez, además de esta actualización en la normativa, señaló que puede haber más "situaciones" que impliquen nuevos decretos, debido a la Recomendación ocho del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que integra a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) como sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos. En Uruguay, se han integrado a estas organizaciones por su calidad de OSFL y no de acuerdo al riesgo que tienen, por lo que plantean trabajar para quitar aquellas que no deberían ser sujetos obligados.

Del mismo modo, planteó que al haber pocas condenas por lavado es "difícil pensar" en qué tipologías no están capturando, aunque señaló a los criptoactivos como una de ellas.

No obstante, señaló que buscan trabajar en mejores resultados, los cuales se reflejan en más condenas y decomisos, como también más ROS de calidad. También, enumeró que no hay condenas por delito fiscal, así como también hay pocas por contrabando, crimen organizado y ciberdelito.

Darwin Borrelli.

Otro de los paneles del evento trató sobre las finanzas abiertas y la normativa que se espera que se promulgue antes de fin de año. En el panel, la vicepresidenta del Banco Central (BCU), Ana Claudia de los Heros, explicó que las finanzas abiertas tratan de una nueva infraestructura con la que se agrega un "bien" al sistema: los datos personales.

Además de contar con una interoperabilidad e interconexión para pagos, transferencias, entre otros, también se puedan intercambiar datos entre instituciones para generar mejoras para los servicios que se le brindan a los usuarios.

Según De los Heros, señaló que el principio base sobre el que se basa el sistema de finanzas abiertas es que la información financiera le pertenece al usuario, por lo que uno de los ejes más importantes radica en su consentimiento.

La intención de este sistema es que permita crear nuevas potencialidades para las instituciones, ampliando sus competencias. Pero, para esto, se requiere garantizarle al usuario que la infraestructura tiene consistencia para brindarles confianza.

Banco Central del Uruguay.

Por su parte, Ianai Urwicz, cofundador de Infinia, señaló que se debe trabajar en puntos importantes. Uno de ellos trata de los datos y el cómo se dará el consentimiento para que las instituciones puedan intercambiar información entre sí. El otro punto, radica en que se dé consentimiento para realizar pagos automatizados de la cuenta bancaria del usuario.

Sobre este último punto, puso como ejemplo que, así como existe el sistema de reconocimiento facial en aeropuertos, basados en datos biométricos, se puedan realizar pagos con ellos.

Si bien el sector financiero espera que la promulgación de la legislación que habilite el sistema de finanzas abiertas se haga antes de fin de año, la vicepresidenta del BCU señaló que aún no está "acabada" la normativa, ya que continúan recibiendo comentarios.

Una vez que se haya promulgado, señaló que se trabajará en el cronograma y la adaptabilidad en los diferentes sectores de forma gradual, en donde "seguramente" comenzarán por casos de uso de pagos.

En ese entonces discutirán junto a la industria, según puntualizó, los estándares técnicos y de ciberseguridad, el acceso a las APIs, la gobernanza, los diferentes tipos de responsabilidades, los costos económicos y todo aquello relativo a lo legal de la infraestructura.

Al consultarle la encargada de Compliance de Brum Costa, Sofía Milsev, a De los Heros sobre si los bancos y las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (Iedes) se mantenían como los primeros proveedores de acceso, como lo decía el marco conceptual publicado en 2024 por el BCU sobre las finanzas abiertas, la vicepresidenta del Central señaló que desde la publicación hasta la actualidad, el sistema se ha complejizado y que se espera que todos los que forman parte del sistema financiero puedan participar.

Para esto, trabajarán en que "las reglas estén claras" y que se promueva que estas generen valor agregado para los usuarios, que pueden ser tanto personas físicas como pymes o mipymes.

Asimismo, De los Heros afirmó que la gestión del consentimiento es el "eje" y que el "centro" es que este "sea dado de la mejor manera", que sea una "manifestación real del usuario" y que no sea "simplemente una firma de un contrato". Por lo tanto, la persona tendría que poder "acreditar" lo que consintió, qué información consintió compartir y que sea específico para determinado tipo de datos e instituciones.

Además, el consentimiento tendrá que ser revocable y tiene que tener cierta trazabilidad, para que este "quede claro" para las instituciones y el usuario.

Por último, la vicepresidenta del BCU explicó que los indicadores de éxito de la habilitación del sistema de finanzas abiertas podrían medirse a través de la cantidad de participantes, la cantidad de interfaces y la cantidad de consentimientos otorgados.

Con esta implementación esperan que permita más competencia, inclusión y confianza, ya que es "un servicio para mejorar" y aquel usuario que no quiera participar de esto, no pueda ser "castigado", tanto con mayores costos o que quede por fuera del sistema, por su decisión.