Terrorismo y lavado de dinero en Uruguay, cuáles son las amenazas que preocupan al gobierno

Cuando se habla de terrorismo siempre se ve como algo extremadamente lejano, sin embargo Uruguay no cuenta con las herramientas necesarias para detectar de forma temprana y oportuna procesos que se den en esta materia. ¿Qué amenaza al país y cómo debería actuar para que no haya fondos destinados a estos ilícitos?

Según la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), a la que accedió El País, las amenazas y vulnerabilidades identificadas del sistema uruguayo antilavado también abarcan el financiamiento del terrorismo. En este sentido, el documento señala amenazas y vulnerabilidades locales frente a este último delito.

Así como la ecuación respecto al lavado de dinero es simple -se busca ingresar dinero ilegal al sistema financiero para utilizarlo de forma legal-, en donde muchos comprenden a este delito como uno de “cuello blanco”, aquellos que originan estos fondos ilícitos no son solo por defraudar al fisco o negocios “espurios” -que tienen su impacto en la economía y mercado local-, sino que comprenden otros que cuestan vidas como el narcotráfico y la trata de personas; del mismo modo el financiamiento del terrorismo toma activos para financiar actividades vinculadas a este ilícito. Uno ingresa activos ilegales y el otro destina activos, de apariencia legal, para fines terroristas. Respecto a esto, Uruguay presenta vulnerabilidades desde el punto de vista de la prevención, “ya que no se cuenta con las herramientas necesarias para detectar de forma temprana y oportuna procesos de radicalización que se puedan dar en nuestra sociedad”, según afirma la ENR.

“Existe una vulnerabilidad relacionada al libre tránsito de personas, fundamentalmente en las fronteras, debido a la alta permeabilidad de la región, así como también, en la falta de controles migratorios apropiados, y registro de ingreso y egreso al país de individuos, cualquiera sea su procedencia”, agrega el documento.

Desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, destaca que esas modalidades de ataques terroristas “dificultan profundamente la prevención, disuasión y represión de este tipo de actividades”, ya que “difícilmente” se obtengan indicios previos de actos preparatorios que lleven efectivamente a la realización de un acto terrorista.

“Es importante entonces, que se desarrollen estructuras de inteligencia que permitan la detección temprana y oportuna de procesos de radicalización en la sociedad, siendo esta quizás una de las pocas formas de prevenir atentados”, sostiene.

Si bien, de la misma forma que en la ENR de 2014, no se ha identificado la existencia de organizaciones terroristas que actúen a nivel local ni tampoco que el sistema financiero uruguayo haya sido utilizado para realizar movimientos financieros vinculados con organizaciones terroristas que actúen en el exterior, la evaluación presenta amenazas externas que acechan al país.

Por el estrecho vínculo entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la ENR señala que “es menester individualizar y establecer la procedencia de los flujos de dinero y de los capitales del grupo criminal”.

“En muchos casos, las ganancias oriundas de operaciones criminales financian organizaciones terroristas. Mercados y fronteras libres y la facilidad de viajes y de comunicación pueden beneficiar tanto a criminales como a terroristas”, agrega.

A partir de los avances de la tecnología, comunicación, finanzas y transporte, destaca que redes independientes de terroristas y grupos de crimen organizado que operan internacionalmente pueden vincularse fácilmente. “Tales grupos criminales pueden muchas veces financiar organizaciones terroristas, presentando más amenazas y desafíos a la seguridad global en diversos aspectos”, afirma.

En este sentido, si bien indica que Uruguay no presentaría “un riesgo alto de ser escenario de acciones de organizaciones, grupos o individuos de extracción terrorista”, en materia de lavado expone que el crimen organizado ha aumentado en la región, el cual se presenta como una de las principales amenazas para el país.

Por otra parte, sostiene que tampoco existe una “percepción social o política de la posible realización de hechos de terrorismo a llevarse a cabo en territorio nacional y la justicia penal no cuenta con ninguna causa abierta sobre terrorismo”.

“No obstante, no se puede descartar, el uso de territorio nacional como país de tránsito, o reposo con el propósito de contribuir a realizar planificaciones de esta índole. Por otra parte, la principal amenaza puede provenir de organizaciones regionales, y de una eventual conexión con grupos criminales locales, o que operen en el exterior”, afirma.

Asimismo, destaca que diversos estudios a nivel internacional “han demostrado la comunión existente entre organizaciones terroristas y organizaciones de crimen organizado”, en donde existe una “sinergia” cada vez mayor, a pesar que estos puedan moverse “por fines y principios diferentes” -y “en ocasiones contrapuestos”.

Por otra parte, sostiene que la región no ha estado exenta de actos o tácticas terroristas, ya que algunos países han sufrido la presencia de grupos armados de carácter nacional que han hecho uso de estas tácticas. A su vez, señala que respecto “al fenómeno islamista internacional, América se encuentra prácticamente al margen”, a pesar de los atentados en los 90’, en Argentina, y la preocupación sobre la zona de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay).