Tras meses de espera, se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la que aún espera el aval de Prosecretaría de Presidencia para ser publicada, en la que se destacan los pocos casos imputados por este primer delito, junto con las amenazas y vulnerabilidades, externas e internas, del sistema de prevención uruguayo.

La ENR, realizada por el consultor internacional Alejandro Montesdeoca —a la que accedió El País— y en la que participaron diferentes organismos públicos y representantes del sector privado, establece que si bien han habido avances, aún existen factores que limitan la efectividad del sistema antilavado en Uruguay, los cuales varios se arrastran de la anterior evaluación realizada en 2014.

Según datos recogidos por el documento, la cantidad de investigaciones iniciadas por el Ministerio del Interior (MI) respecto de las actividades delictivas determinantes —aquellas con las que se genera el dinero que luego se busca “blanquear”—, correspondientes al período 2019-2021, fueron 15.848.

De estas investigaciones, entre febrero de 2019 y septiembre de 2021, la cantidad de personas imputadas por estos delitos fueron 8.286. Mientras tanto, la cantidad de personas imputadas por delitos de lavado de activos fueron solo 240.

Las principales actividades delictivas investigadas por el MI, durante ese período, fueron el narcotráfico y delitos conexos, la rapiña, lesiones graves y gravísimas, hurto, homicidio y extorsión.

Sin embargo, los imputados por delitos de lavado de activos fueron: 210 por asistencia al lavado y 30 por los delitos “propiamente de lavado” (conversión, transferencia, posesión, tenencia y ocultamiento de activos para el lavado).

“Es evidente, que la existencia de tan pocos casos y por valores tan pequeños, no es concordante con el volumen de actividades delictivas precedentes objeto de investigación y juzgamiento, así como los montos incautados y decomisados. De acuerdo a la lógica y a la experiencia mundial en la materia, debiera existir una cantidad considerablemente mayor de casos de lavado de activos”, afirma la ENR.

En este sentido, la evaluación destacó que se detectaron “circunstancias que dificultan la identificación de los riesgos” que enfrenta Uruguay y la aplicación del enfoque basado en riesgo en la prevención de lavado y financiamiento del terrorismo. Entre ellas, se encuentran las carencias para identificar los métodos y las tipologías utilizados para lavar activos en el país, las dificultades para coordinar acciones entre las autoridades competentes —en algunos casos por motivos normativos y en otros vinculados a restricciones de orden presupuestal—, y que las evaluaciones sectoriales de riesgo y los estudios estratégicos realizados por las autoridades son “aún parciales”.

A raíz de esta evaluación surgirá la estrategia nacional para la prevención y combate al lavado, por lo que el documento presenta las amenazas a las que se enfrenta el país. De estas, se destacan los principales delitos precedentes generadores de activos potencialmente introducidos al sistema y los sectores de actividad potencialmente utilizados para canalizar activos de origen o finalidad ilícita.

Dentro de los delitos que amenazan a Uruguay, el principal es el narcotráfico. La evaluación sostiene que “la situación se ha agravado respecto de la anterior ENR” por diversos motivos, entre ellos afirma que “se ha fortalecido el accionar de las organizaciones delictivas a nivel regional. En especial, se destacan los grupos de origen brasileño y argentino (principalmente de la zona de Rosario) que utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná para canalizar el transporte de drogas producidas en Sudamérica hacia Europa”.

En ese marco, “se ha constatado la utilización del puerto de Montevideo para envíos de cocaína, con numerosos casos detectados por las autoridades uruguayas y las de los puertos de destino”, señaló.

Por otra parte, entre otros factores destacó que, “si bien no se ha confirmado por fuentes oficiales, existe información sobre la posible presencia de un cartel liderado por narcotraficantes de nacionalidad uruguaya que estaría operando con las organizaciones de la región”. Además, agregó que la operativa de las organizaciones delictivas en la Triple Frontera se ha desplazado hacia la frontera con Brasil y que Uruguay “ya no es solo un país de tránsito de drogas, sino que se ha podido constatar, por un lado, la producción nacional de drogas sintéticas y, por el otro, un aumento en el consumo de drogas a nivel local, tales como la cocaína y metanfetaminas”.

Por ello, afirmó que “existe un riesgo creciente de que se produzcan cambios cualitativos y cuantitativos que potencien la problemática del narcotráfico en el país”.

Otro de los delitos es el contrabando. Es el tercer delito con mayor cantidad de personas imputadas y el cuarto sobre el que existen investigaciones por lavado. Además, señaló que en Uruguay se ha detectado un importante volumen de contrabando, principalmente de Paraguay, y el “valor de los activos decomisados, sumado a las vulnerabilidades que presenta el trabajo de la Dirección Nacional de Aduanas —debido a sus restricciones presupuestales—, permite inferir que el contrabando es una actividad delictiva que genera un considerable volumen de ganancias que podrían canalizarse ilegítimamente en el sistema económico nacional”.

Por su parte, otro sobre el que menos se habla pero amenaza al país es la trata de personas. La ENR señaló que “se mantiene la situación de Uruguay como país de fuente y tránsito de tráfico de personas, en especial mujeres y niñas, con el fin de explotación sexual comercial y trabajo forzoso. Asimismo, se ha detectado la actuación de organizaciones vinculadas al tráfico de migrantes. No obstante, no todos los casos se judicializan, por lo cual existe un subregistro del fenómeno”.

Asimismo, la estafa es el segundo delito del cual existen investigaciones policiales por lavado. Se “ha detectado la existencia de organizaciones nacionales que se dediquen a realizar estafas en forma continuada”, señaló el documento y agregó que la existencia de fraudes informáticos y modalidades de estafas a través de redes sociales en las cuales intervendrían grupos transnacionales, que tendrían por destino Colombia y los capitales serían enviados a través de criptoactivos.

“En este punto se observa como una vulnerabilidad importante el hecho de que aún no se hayan tipificado los delitos informáticos”, dijo la ENR.

Si bien no se han informado investigaciones de lavado por tráfico de armas de la Policía, este delito es el segundo con más imputaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN). Por esto, podría existir un registro que “no se condiga con la realidad”.

La defraudación tributaria se encuentra en el vigésimo lugar de las estadísticas de imputaciones de la FGN y en el quinto de las investigaciones por lavado. Sin embargo, la ENR señala que la inestabilidad macroeconómica y las cargas tributarias de algunos países de la región, “generan un riesgo indudable de que activos producto de los delitos tributarios pretendan ser canalizados en el país”.

En tanto, los delitos de corrupción se encuentran en el quinto lugar en imputaciones de la FGN, pero no existen investigaciones por lavado. Sobre este delito, el documento señaló que “los fenómenos ligados a la corrupción, principalmente ocurrida en el exterior del país, genera activos de origen ilícito potencialmente canalizados en el sistema económico nacional”. Asimismo, una vulnerabilidad “importante” respecto a esto es que no se haya tipificado como delito la corrupción privada.

El sector financiero y no financiero se ven amenazados por diferentes factores.

Según la ENR, en cuanto al financiero, explicó que Uruguay recibe flujos financieros provenientes de países vecinos, “que pueden obedecer a delitos de corrupción o tributarios que suceden en el exterior y que usan la plaza uruguaya como tránsito hacia otras jurisdicciones o para integrarse” al sistema bancario, “así como en el rubro inmobiliario y agropecuario”.

Este sector, “presenta un importante nivel de riesgo dado el volumen de operaciones, los clientes con los que opera y el tipo de operaciones que realiza”. En este sentido, destacó que se ha constatado el uso de cuentas bancarias, la realización de transferencias internacionales, el arrendamiento de cofres-fort y la realización de transacciones en el mercado de valores nacional y en el exterior para canalizar activos de origen ilícito.

En especial, se consideran de “mayor riesgo las operaciones con clientes no residentes”, así como los “desequilibrios macroeconómicos y las restricciones cambiarias existentes en la región”. También, agregó el uso de efectivo, los clientes que manejan criptoactivos, las organizaciones sin fines de lucro, las personas expuestas políticamente (PEP) no residentes (por corrupción y fraude fiscal desde Argentina, Brasil, Paraguay), personas jurídicas utilizadas para inversiones nacionales e internacionales y fideicomisos generales que sólo están sujetos a registro en el Banco Central.

En el sector no financiero destacó las amenazas de la utilización de estructuras societarias, como la evidencia de el uso de sociedades anónimas (SA) “de fachada con testaferros como autoridades en las mismas, SA radicadas en el exterior con cuentas en Uruguay que transfieren fondos, así como SA uruguayas con cuentas en el exterior”.

Asimismo, señaló amenazas provenientes del mercado inmobiliario (la mayoría de los casos de lavado de activos en Uruguay cuentan con inversiones en el sector), las zonas francas, el comercio internacional, los criptoactivos (de “alto riesgo emergente”), las sociedades anónimas deportivas y los automóviles de alta gama, embarcaciones y aeronaves (se detectó su compra en la mayoría de los casos de lavado ocurridos en el país).

La evaluación expuso también vulnerabilidades del sistema uruguayo. Si bien se observa “un alto nivel de cumplimiento con los estándares internacionales”, desde el punto de vista normativo dejando a Uruguay en un lugar de “destaque” internacional, señaló que la asignación de recursos necesarios para asegurar “una efectiva implementación” del marco normativo es “aún insuficiente”.

“Esta problemática permea la totalidad del sistema”, dijo la ENR.

En tanto, destacó que existen “oportunidades de mejora” en la implementación de procedimientos efectivos de intercambio de información entre los distintos supervisores, así como la poca cantidad de sentencias de lavado, la ausencia de un sistema de estadística criminal, de estudios y análisis estratégicos realizados en forma coordinada y sistemática, “obstaculiza la realización de ponderaciones de riesgo” sobre las amenazas y las prácticas vinculadas.

Asimismo, la falta de recursos humanos, materiales, tecnológicos de los organismos supervisores —como la Secretaría Antilavado y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU—, la falta de capacitación específica de la Policía y la falta de recursos y facultades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), se destacan en estas vulnerabilidades.

“Uruguay tiene fronteras terrestres e hídricas porosas y riesgosas. La situación de fronteras secas, habilita la libre circulación por determinados lugares del país que facilitan el ingreso de capital sin declaración al mercado nacional. No obstante, tanto la Dirección Nacional de Migración como la Dirección Nacional de Aduanas tienen escasos recursos para realizar un control eficiente de ingreso de mercaderías y personas”, agrega.

Por otra parte, los sujetos obligados en materia de prevención también son fuente de vulnerabilidades para el sistema, en donde se menciona el bajo nivel de reportes de operaciones sospechosas, “considerando los riesgos a los que se encuentra expuesto el país”. Además, destaca que esto puede deberse a una baja percepción de riesgo en de este delito y la interpretación errónea de la normativa que lleva a una “relajamiento” en los controles.