La presión de impuestos, que en Uruguay está al límite según Oddone, ¿qué tan alta es frente a otros países?

Redacción El País
Cuando se firmó el acuerdo entre el gobierno y el Grupo Vía Central -por deudas que la administración anterior de Luis Lacalle Pou entendió que no correspondían- el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone fue enfático al referirse a la presión de los impuestos. "Lo que se mantiene (como idea) es no aumentar la presión fiscal, lo que no quiere decir que no sea posible recurrir a cambios tributarios pero con una presión fiscal que debería mantenerse relativamente estable en términos del producto al final del quinquenio". Luego surgieron voces desde el Frente Amplio (FA) como la del senador Gustavo González (y también del Pit-Cnt) para poner un impuesto al 1% más rico de la población, algo que descartó el presidente Yamandú Orsi. Para Oddone, la presión fiscal está al límite, pero ¿qué tan alta es la presión impositiva en Uruguay frente a otros países de América Latina y el Caribe? Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene la respuesta.

El informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2025 de la OCDE mide la presión fiscal mediante la relación entre la recaudación por impuestos y contribuciones a la seguridad social y el tamaño de la economía, es decir el Producto Interno Bruto (PIB).

La presión fiscal de Uruguay era de 26,6% del PIB en 2018, se redujo a 26,1% del PIB en 2019, volvió a 26,6% del PIB en 2020, se redujo a 25,9% del Producto en 2021, aumentó a 27% del PIB en 2022 y volvió a crecer en el penúltimo año de la administración Lacalle Pou que es hasta donde llega el informe.

Según la OCDE, "para financiar sus programas de desarrollo, las administraciones de esta región tienen que aumentar el gasto público y movilizar más recursos. Se necesitan sistemas tributarios más justos y eficientes: los reducidos ingresos tributarios limitan la capacidad estatal para responder a las demandas de la ciudadanía y mejorar los servicios públicos".

"Asimismo, mediante el reequilibrio de la estructura tributaria para no seguir dependiendo de los impuestos al consumo y del impuesto de sociedades y la promoción de una mayor progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la región podría seguir reduciendo las desigualdades y minimizar las distorsiones que restringen la iniciativa empresarial", añade.

"También serán necesarias reformas tributarias para fomentar una transición verde y justa. En muchos países de América Latina y el Caribe, se requiere un pacto tributario más sólido entre la administración, la ciudadanía y el sector privado, que garantice el respaldo político necesario para sostener dichas reformas a lo largo de lo que se prevé será un proceso prolongado", sugiere.

"El informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2025 proporciona una base única para llegar a dichos pactos tributarios, al servir como pilar para emprender análisis detallados de las políticas tributarias de los países y también como punto de partida común para el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades en toda la región", expresa el organismo.

El estudio explica que "la recaudación tributaria como proporción del PIB mide la parte del Producto que procede de los ingresos tributarios (incluidas las contribuciones a la seguridad social que reciben las administraciones públicas). El promedio de América Latina y el Caribe representa una medida no ponderada de los 26 países incluidos en esta publicación y excluye a Venezuela por falta de datos".

"En 2023, la recaudación tributaria como proporción del PIB en la región de América Latina y el Caribe se situó en el 21,3%. Los porcentajes más altos de este indicador fueron los de Brasil (32,0% del PIB), Jamaica (29,0%) y Barbados (28,1%), mientras que los países con los promedios más bajos fueron Guyana (11,6%), Panamá (11,9%) y Guatemala (14,0%). Todos los países de la región de ALC registraron una recaudación tributaria como proporción del PIB inferior al promedio de la OCDE, que se situó en el 33.9% en 2023".

Uruguay quedó en sexto lugar (además de los tres líderes mencionados, fue superado por Argentina y Nicaragua) con una presión fiscal de 27,4% del PIB. Costa Rica que fue séptimo, tuvo una presión de 24,9% del Producto.

OCDE.

"En 2023, el promedio de la recaudación tributaria como proporción del PIB en la región de América Latina y el Caribe fue 0,2 puntos porcentuales (p.p.) más bajo que en 2022. Los cambios observados en la recaudación tributaria como proporción del PIB entre 2022 y 2023 fueron variados en toda la región. Catorce países experimentaron un descenso de su recaudación tributaria como proporción del PIB, mientras diez países registraron un aumento y dos no presentaron cambio alguno", indica el reporte.

"El descenso de la recaudación como proporción del PIB de 2022 a 2023 fue superior a 1,0 p.p. en cuatro países: Chile (3,2 p.p.), Perú (2,1 p.p.), Argentina (1,7 p.p.) y Cuba (1,3 p.p.). Por otra parte, dos países experimentaron un aumento superior a 1,0 p.p.: Colombia (2,6 p.p.) y Jamaica (1,1 p.p.)", añade

OCDE.

El informe de la OCDE analiza que "al margen de los impuestos sobre los combustibles y los impuestos de matriculación y circulación de vehículos, los impuestos medioambientales aún están poco desarrollados en la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, un número reducido de países de región han introducido importantes reformas en los impuestos ecológicos en los últimos años".

"Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay introdujeron políticas de tarificación del carbono a través de impuestos al carbono (en el caso uruguayo en las naftas), principalmente en el sector del transporte, aunque siguen siendo limitados y los tipos efectivos de los impuestos al carbono no se sitúan a un nivel que posibiliten la reducción de las emisiones de carbonos de manera efectiva", afirma.