Por Carolina Ricci Rizzi, doctora de en Derecho y Ciencias Sociales
En los últimos tiempos hemos visto un gran incremento de los delitos de estafa a todo nivel y en todas sus formas en Uruguay —sin ir más lejos, la de los denominados fondos ganaderos ha captado la atención del público—, lo cual constituye un problema que debe ser abarcado y reconsiderado para que el daño no se siga propagando.

Mientras en 2018 se presentaron 6.397 denuncias por estafa, en 2024 esa cifra ascendió a 30.663 según datos del Ministerio del Interior.

Esta clase de delitos implica un problema que vincula muchos aspectos a considerar, lo cual configura consecuencias negativas para el país.

Quiero poner el foco en las estafas vinculadas a la construcción. Se registran casos de familias que han perdido ahorros por haber caído en estratagemas artificiosas en torno a la construcción de viviendas o reformas.

Las formas y manifestaciones son numerosas, se trata, por ejemplo, de estafas de cobros anticipados donde los implicados realizan una mínima parte y luego desaparecen, o donde cobran y no construyen absolutamente nada, o donde no se entrega lo acordado (sino que se hace con infinitas carencias), entre otras.

Un caso, que se encuentra actualmente en la órbita de la Fiscalía, tiene la particularidad de que la estratagema es realizada por varios profesionales, que constituyen una asociación para delinquir.

El modus operandi en este caso es siempre el mismo, donde los implicados venden módulos de construcción prefabricada (casas de material liviano, que se construyen en una fábrica y luego con un flete y con el apoyo de una grúa son trasladadas al terreno del comprador). Utilizan una empresa -que opera desde hace unos años en el mercado con construcciones tradicionales y de material liviano- y las primeras casas las construyen en tiempo y forma, pero una vez que logran una buena reputación, captan una gran cantidad de dinero de varios clientes y desaparecen. Posteriormente abren una nueva empresa con otro nombre y repiten la estratagema.

En el caso puntual, la empresa realiza publicidades por redes sociales (Instagram y Facebook) y, tras captar la atención del cliente, lo citan a una reunión en una oficina situada en el barrio Pocitos, en un edificio de lujo. En una primera entrevista el implicado identifica los puntos débiles del cliente (por ejemplo la urgencia en tener la casa, el capital acotado para invertir, entre otros). Una vez identificadas las debilidades del comprador, lo seducen con propuestas muy tentadoras, ofertas poco comunes y en tiempo récord.

Cualquier persona que se enfrenta a la construcción de su vivienda sabe que se requieren muchos trámites y tiempo de espera, además del costo de los materiales.

En este caso, el arquitecto proporcionado por la empresa (que atiende en la misma oficina) manifiesta tener la aprobación de la intendencia para ese proyecto puntual, con un plano previamente diseñado y cobrando por ese servicio profesional honorarios muy tentadores.

Hasta allí, no pasa nada. Pero, una vez que se entregó la seña por la casa, empiezan los problemas. La persona que atendió al cliente -de nacionalidad argentina- dice que se tuvo que ir del país por una supuesta fractura en una pierna y envía a otra persona en representación de la empresa.

Al momento de firmar el contrato, se modifican las condiciones pactadas en la reunión inicial, pero para el cliente ya es tarde, porque pagó la seña. Cuando el cliente reclama por ese cambio de las condiciones pactadas oralmente, aparece en escena un abogado de la empresa, que intenta convencer al comprador. El abogado busca previamente contactos en común con el cliente y se los menciona como estrategia para generar cercanía y fidelidad.

El mismo abogado le dice que vaya a la fábrica (situada en Atlántida) a ver los módulos, advirtiéndole que confirme rápidamente el negocio para que puedan ser entregados en un mes (que es lo que demora la supuesta construcción en la fábrica). El cliente va a la fábrica, ve un módulo de vivienda que se está construyendo y está convencido para firmar del contrato.

Sin saberlo, el cliente cae en algunas trampas en el contrato. Por ejemplo, una cláusula establecía que la entrega del módulo se haría luego de que estuvieran los permisos de la intendencia aprobados, algo que debía hacer el arquitecto presentado por la firma. Este profesional presentó el permiso de obra nueva de forma irregular por lo que recibía reiteradas observaciones, dilatando el trámite. Si bien, al inicio, le había dicho al cliente que tenía la aprobación previa del proyecto.

Contrato. Foto: Archivo El País.

Luego de eso, los implicados desaparecieron, sin responder a las reiteradas comunicaciones del cliente y haciendo entrar en escena a terceras personas (supuestos “capataces”) de la fábrica, con más engaños sobre promesas de fechas de entrega que nunca se concretaban. En este caso la estafa fue de aproximadamente U$S 25.000.

El cliente recibió, previo a presentar la denuncia, la llamada de otras víctimas del mismo grupo delictivo, con estafas por montos mucho más elevados y con diversas estratagemas.

Actualmente, los implicados siguen operando desde otras empresas con nombres diferentes a las que ya han sido desenmascarados socialmente.

¿Por qué se dan estas estafas con algunas empresas constructoras? Primero, porque no hay una base de datos de empresas constructoras que cumplan con diversos estándares de calidad y que sirva como respaldo.

Así, no se dan garantías para los ciudadanos de que los constructores que están en plaza sean fiables, se trata de una absoluta lotería.

No resulta admisible, por ejemplo, que un mismo implicado siga realizando el mismo tipo de maniobras delictivas abriendo otras empresas con distintos nombres de fantasía. El sistema debería prever mecanismos realmente efectivos para que esto no ocurra.