Nuevas denuncias por Conexión Ganadera: señalan a más personas y reclaman deudas por impuestos impagos

En la última semana, varios ahorristas presentaron ampliaciones de denuncias en la Fiscalía por la causa de Conexión Ganadera. Así ocurrió en al menos dos casos que constató El País. El primero de ellos reclama que su socio fundador, Pablo Carrasco, arrendó un campo y, aunque retuvo la suma que tenía que volcar al fisco por concepto de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), nunca pagó el impuesto. El segundo, denunció por presunto encubrimiento a dos jerarcas de la empresa.

En el primer caso, cuya ampliación de denuncia fue presentada el jueves pasado, una mujer se presentó en representación de ella y otras dos personas y reportó que le arrendaron campos a Pablo Carrasco, Gustavo Basso y la firma Hernandarias, y aunque le retuvieron la suma que debían de volcar al fisco por concepto de IRPF, ellos no lo hicieron. El monto en cuestión, se estima, es de 8.500 dólares.

En este tipo de contratos está previsto que quien paga el alquiler retenga el dinero para el pago de este impuesto y luego lo traslade al Estado. Lo que la denunciante le reprocha a Carrasco es que, según su versión, él nunca pagó el IRPF correspondiente a sus campos.

El documento presentado por el abogado Santiago Alonso en la Fiscalía que investiga el caso, expone que los dueños de los campos suscribieron un contrato de arrendamiento el 20 de junio de 2020 con la empresa Hernandarias XIII (cuyos titulares eran Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow), pero también con el propio Carrasco y Gustavo Basso. El contrato era por cinco años y la cifra anual a pagar de US$ 167.942, la que se abonaría en dos partes: el acuerdo implicaba que los pagos fueran semestrales.

Los denunciantes sostienen que no reciben pagos desde junio de 2024, ni tampoco un telegrama que manifieste que les devolverán los campos. Además, los acreedores no han contestado las comunicaciones. Esta cuestión puede ser saldada en la Justicia Civil. El reproche penal que hacen es por el delito de "apropiación indebida" de esos US$ 8.500 que se debieron haber pago al Estado. El abogado Alonso, de todas formas, subrayó en la denuncia que podrían configurarse además otros delitos, aunque es el fiscal quien tiene la potestad de determinar cuáles.

Pero él no fue el único abogado que, en representación de sus clientes, amplió su denuncia originaria contra Conexión Ganadera. También hizo lo propio Juan Pablo Decia, quien denunció por encubrimiento a Martín Bartol y Rodolfo Flores, informó el abogado a El País. Según explicó, ellos ocupaban el cargo de gerente general y gerente operativo, respectivamente.

Por el rol ejecutivo que cumplían, dijo, es razonable sostener "que tuvieron participación en la ejecución de la maniobra delictiva, al menos en lo que respecta al cumplimiento de un rol que ayudó a los principales imputados a asegurarse el beneficio o el resultado del delito continuado de estafa y apropiación indebida".

"Un Gerente General y el principal ejecutivo de la empresa, no pudieron razonablemente estar al margen de una maniobra sostenida en el tiempo que implicaba la no adquisición de ganado con las inversiones recibidas" para eso, afirmó y citó como ejemplo el contrato en el que se prometía la compra de terneros. "No existe correlación alguna entre inversiones recibidas y ganado existente, y eso es algo que el gerente general y el principal ejecutivo de cuentas debieron conocer", advirtió.

A su vez, Decia aseguró que pedirá a la Fiscalía que oficie al Banco de Previsión Social (BPS) para que informe la lista de trabajadores que estuvieron en relación de dependencia con Conexión Ganadera desde 2015 a la fecha. El abogado pretende saber el rol que cada uno cumplió en la empresa y que declaren en la causa, en principio, como testigos. "Pero nada implica que se le pueda cambiar la condición a imputados si se vislumbra algún grado de participación o colaboración con la maniobra delictiva", sostuvo.

Cualquier medida que soliciten los abogados es sometida a consideración del fiscal de la causa, que luego decide si entiende que es pertinente ordenarla o no. La víctima en los procesos penales es un tercero coadyuvante y no puede tomar este tipo de medidas por su sola voluntad.