Entrevista: el "gran problema" en Uruguay al investigar delitos con blockchain y la sorpresa en Secretaría Antilavado con cripto

Es exanalista económico y en contraterrorismo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). Vino a Uruguay invitado por la Embajada de Estados Unidos, donde dio una conferencia sobre activos digitales. Actualmente, Yaya J. Fanusie se desempeña como asesor senior en políticas públicas y prevención de lavado de dinero en el Crypto Council for Innovation, donde lidera el Grupo de Trabajo sobre Financiamiento Ilícito y se centra en el estudio de las criptomonedas y la tecnología blockchain. El experto se reunió con distintas autoridades y con el sector privado. En entrevista con El País, aclara que no vino a Uruguay en nombre de ninguna institución en particular. Lo que sigue es un resumen de lo que Fanusie vio en Uruguay respecto al trabajo a nivel de gobierno con activos digitales y prevención de ilícitos con criptomonedas, aspectos vinculados al lavado de activos y más.

—¿Cuál fue el objetivo de su visita en Uruguay?

—El objetivo de mi visita fue compartir la experiencia proveniente de Estados Unidos sobre la industria de activos digitales y cómo en Estados Unidos se está utilizando esta tecnología, cómo los emprendedores la están adoptando, y probablemente uno de los temas más importantes, ha sido cómo los reguladores, cómo el gobierno estadounidense está abordando esta nueva tecnología. En EE.UU, estamos en medio de una legislación muy importante sobre la integración de los activos digitales en el sistema financiero más amplio. El gobierno se está asegurando que esto se regule.

—¿Qué reuniones ha tenido con el gobierno uruguayo?

—Nos reunimos con todos los que están encargados de entender o seguir los temas de activos digitales dentro del gobierno. Por ejemplo, en el Parlamento, nos reunimos con el presidente de la cámara que se ocupa de Innovación. Tuvimos una conversación con él para hablar sobre lo que estamos viendo en EE.UU. en cuanto a legislación sobre activos digitales. También una sesión con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), que incluyó gente que se ocupa de temas de las Aduanas y otras personas que tratan delitos financieros. También nos reunimos con la Fiscal de Corte (Mónica Ferrero), con el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Polícia (Paolo Rocha), con oficiales que están realizando investigaciones criminalísticas. Con Cancillería (Juan José Riva) y con el Banco Central (BCU). Todas estas conversaciones fueron sobre cómo ven el uso de las criptomonedas en general y dentro de Uruguay. Por mi parte, expliqué lo que estamos viendo en EE.UU. y en otras jurisdicciones. Luego nos reunimos con algunas personas del sector privado, con asociaciones comerciales que se enfocan en fintech, y en criptomonedas, y con profesores universitarios y estudiantes que me contaron sus proyectos de criptomonedas.

—¿Qué asuntos trató específicamente con el Banco Central?

—En el Banco Central explicaron cómo Uruguay ha estado monitoreando los activos digitales durante los últimos años e implementado nuevas leyes. Todo lo que están hablando allí son cosas con las que hemos estado lidiando en Estados Unidos. No pude llegar a reunirme directamente con el presidente del BCU (Guillermo Tolosa), sí con Juan Pedro Cantera, superintendente de Servicios Financieros.

—¿Cuál es tu opinión sobre cómo Uruguay está trabajando en estos temas ?

—Depende de en qué aspecto de la tecnología. Hubo una buena presentación del Ministerio del Interior. Mi primera impresión cuando la vi es que son agentes que realmente están trabajando casos. Su comprensión, su experiencia e incluso muchas de sus herramientas están a la par con lo que estoy viendo en Estados Unidos, con agentes que siguen casos de criptomonedas. Todo lo que explicaron sobre el modus operandi de los criminales y también lo que se necesita hacer para atraparlos, fue como si estuviera en Estados Unidos recibiendo un informe. Pero al hablar con diferentes agencias, está claro que no todas tienen esas habilidades ni esas herramientas. Parece que es un grupo pequeño el que maneja o accede a ese tipo de software para hacer estas investigaciones. Algunas agencias están tratando de comenzar, están tratando de ponerse al día.

—¿Cómo funciona el sistema en Estados Unidos?

—En Estados Unidos cada agencia realiza investigaciones de delitos financieros con expertos que tienen herramientas y conocimientos sobre criptomonedas, y luego se distribuye, se intercambia la información. Creo que aquí (en Uruguay) no todos tienen ese acceso. Quiero decir que uno de los grandes problemas para la aplicación de la ley en esta materia y de la Fiscalía, es que se necesita software de blockchain, que ayuda a analizar transacciones. No se puede hacer mucho sin un software real en el que hay que invertir. Esta es una tecnología única que requiere software específico. Eso es lo que las agencias necesitan aquí, porque hay una gran brecha entre las instituciones.

—¿Qué organizaciones considera que aquí son más fuertes en ese sentido, y cuáles son las más débiles?

—Como decía, el Ministerio del Interior es el más avanzado, pero por ejemplo parece que la Fiscalía y la Procuraduría necesitan obtener esas mismas herramientas y adquirir más experiencia en blockchain y criptomonedas. Esa ha sido mi impresión.

—¿Qué recomendaciones dio a los organismos que visitó en el país, además de lo que acaba de comentar?

—Lo que intenté compartir es que hay formas de ser creativos para fomentar más adquisición de experiencias, por ejemplo, con intercambios con más personas. Cuando empezamos (en Estados Unidos), cuando las criptomonedas se volvieron importantes para el gobierno, diferentes agencias comenzaron a aprender unas de otras. En el tema de las criptomonedas, gran parte del trabajo de las fuerzas del orden estaba relacionado con las drogas. Así que empezaron a adquirir las habilidades necesarias en eso y luego otras agencias tuvieron que aprender de esas pioneras. Entonces reunieron a las personas para explicar cómo funciona esta tecnología, y así es como se va logrando. Sin embargo, compartiré algo que es interesante y tal vez importante para la gente en Uruguay: en nuestras sesiones, invité a la gente de la Senaclaft a descargar billeteras de criptomonedas en sus teléfonos y les hice practicar. Algunos de ellos recibieron cripto y les pedí que lo enviaran a otra persona, y luego a otra más. Y así mostré cómo funciona esto, porque más temprano ese mismo día, cuando los conocí por primera vez, le pregunté a la audiencia: “¿Quién aquí posee cripto?” Y nadie, nadie, nadie tenía. Pero si no juegas con la tecnología, aunque sea un poco, es difícil entenderla.

—¿Cuál es el alcance y las limitaciones de un país pequeño, como Uruguay, para monitorear el ecosistema internacional con grandes redes delictivas?

—Tiene razón con el planteo, aunque hay que pensar que esta tecnología no tiene fronteras, así que, automáticamente, los riesgos que vienen de actores malintencionados usando cripto pueden afectar a cualquier país, no hay nada que los detenga. Todo esto es cibernético, y no hay control de visas para mover cripto. Lo que puedo decir es que me parece que gran parte de la actividad (en Uruguay) es muy local o regional. Pero hay excepciones y algunos funcionarios mencionaron a Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo. Parece que muchos de sus casos (que investigan) están relacionados con Binance. Eso significa que la exposición al riesgo vendrá de los exchanges más grandes. A veces se han involucrado con los exchanges más grandes en el mundo, que son los que atraen más a los hackers, por lo que sería muy útil tener otros exchanges más locales o regionales.

—Usted señala que con exchanges locales, la exposición al riesgo sería menor, pero igual pueden ser alcanzados por el cibercrimen internacional, ¿podría explicarlo?

—Sí, exchanges más locales o regionales, con un sistema que realmente satisfaga las necesidades de la gente del propio país, haciendo eso, se está menos expuesto. Quiero decir, hay dos caras de la moneda porque, aunque alguien tenga un exchange local, se puede hackear desde cualquier lugar, desde Rusia por ejemplo, pero si se tiene un exchange más local, se puede asegurar que se cumplan las leyes de Uruguay y tener más supervisión.

—¿Eso ayudaría a aumentar la eficiencia por parte de las autoridades locales?

—Lo bueno de tener negocios locales para cripto es que, cuando hay una amenaza, un actor malicioso o un hackeo, siempre es más fácil para la policía local acudir a las organizaciones locales y decir: “Algo está pasando aquí, tenemos una orden legal local, por favor dennos toda la información”. Si es un exchange local basado en Uruguay, es más sencillo. Si es un exchange basado en Seychelles o en otro lugar, depende. Binance dice que sí coopera, lo cual es bueno, pero se tiene más control con los negocios locales. Así nos preparamos.

—Hay grupos internacionales irregulares u organizaciones terroristas que tienen más recursos financieros que muchos gobiernos. ¿Cómo defenderse ante esas amenazas?

—Si no se quiere que terroristas u otros actores malintencionados impacten o ganen dinero de los ciudadanos o muevan dinero a través de Uruguay, lo más importante que se debe hacer es asegurarse de que las empresas uruguayas que tratan con intercambios de criptomonedas estén cumpliendo con las leyes contra el lavado de dinero que ya están en vigor. En Estados Unidos, nuestra mayor vulnerabilidad no son tanto los intercambios dentro del país. Un grupo terrorista no va a usar un intercambio estadounidense, eso sería muy raro, porque tendrían que cumplir con todas las reglas y requisitos, por lo que es difícil para ellos. Así que nuestra mayor preocupación no es que los terroristas estén explotando estos intercambios en el país, para eso hemos regulado el sector. Los intercambios estadounidenses están muy bien regulados, pero pueden venir de Turquía, Siria, Vietnam, o cualquier otro país que tenga menos cumplimiento. Uruguay, como cualquier país, está en riesgo ante este tipo de vulnerabilidades internacionales y la forma de protegerse es asegurarse de que, si reciben fondos de esos “intercambios malos”, los detecten y señalen. Uruguay tiene buenas regulaciones, pero esos intercambios tienen que ser monitoreados.

—¿Está de acuerdo con el secreto bancario?

—La privacidad es un tema importante que ha surgido. El secreto bancario está bien si se hace de una manera correcta.