Uruguay enfrenta desafíos estructurales en materia de vivienda, sobre todo en los sectores más necesitados de la población. Ante esta emergencia habitacional, autoridades y expertos discutieron planes de vivienda, estrategias de financiamiento y políticas sociales para poder enfrentar este problema. En esta ocasión, coincidieron en que este tema requiere acción inmediata a través de una coordinación multisectorial.
Participaron el presidente de la Cámara de la Construcción (CCU), Alejandro Ruibal, el exintendente de Canelones, Marcos Carámbula, el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres, aunque habló a título personal) Ignacio Munyo, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro y el cura Juan Andrés "el Gordo" Verde. Además, se hicieron presentes integrantes del gabinete del MVOT, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado y representantes de organismos financieros y de la sociedad civil.
Rubial abrió la jornada destacando que la inversión pública en vivienda es mucho menor a la destinada a infraestructura vial, y que la sociedad no puede permanecer indiferente ante los uruguayos que carecen de un techo digno.
“No le estamos dando el techo a los uruguayos. Tenemos que utilizar la caja de herramientas que el país ya tiene y buscar recursos y proyectos para dar una respuesta efectiva”, señaló.
En este caso, presentó cifras de la inversión destinada a la vialidad y vivienda. En 2024 se invirtieron US$ 964 millones entre ambos rubros, pero la inversión en vivienda fue menos de la mitad: US$ 455 millones.
Lo mismo ocurrió en 2023, ya que de US$ 1.113 millones, solo US$ 328 millones fueron destinados a inversiones en vivienda. El patrón también se repite si se analizan los datos de 2022, ya que de US$ 812 millones invertidos entre vialidad y vivienda, US$ 321 millones fueron destinados a la vivienda.
Ruibal hizo hincapié en la urgencia de planes concretos y herramientas innovadoras, especialmente ante la realidad de viviendas con goteras, barro en días de lluvia y condiciones estructurales precarias.
“No podemos mirar hacia otro lado mientras millones de uruguayos viven en condiciones extremas”, enfatizó.
Por su parte, el economista Munyo presentó un análisis de la emergencia habitacional, mostrando la magnitud de la situación, el impacto económico y posibles soluciones.
Mencionó que al día de hoy hay 667 asentamientos irregulares, con 214.000 personas comprendidas en 60.000 hogares y con 110.000 menores involucrados. Además, sostuvo que hay aproximadamente 3.000 personas en situación de calle, con una tasa de crecimiento anual del 10%. Sumado a ello, hay unas 16.500 personas privadas de libertad y dijo que se necesitan unas 3.000 plazas nuevas para que los reclusos cuenten con estándares habitables.
Plan de acción
El economista propuso un programa de construcción de 12.000 viviendas por año entre 2026 y 2030, considerando servicios básicos, espacio público, saneamiento y acceso a salud, cultura y deporte. También subrayó la necesidad de innovación en la construcción, combinando métodos tradicionales con paneles SMC, los cuales son “altamente durables y resistentes”.
“No estamos hablando de algo simple. La construcción tradicional no da los tiempos para 12.000 viviendas ya en 2026, por eso necesitamos sistemas multisectoriales y multisistemas”, afirmó.
"Para cumplir con el objetivo se sugiere diseñar procesos de licitaciones de forma tal que el costo promedio por vivienda de 60 metros cuadrados sea de US$ 60.000", explicó.
Para lograrlo, manifestó que la inversión podría financiarse mediante una emisión anual de bonos soberanos sociales (con vencimiento a 20 años), préstamos multilaterales de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y Fonplata, además de la participación público-privada de manera constante.
En este caso, la inversión total estimada para viviendas, asentamientos y prisiones es de US$ 3.750 millones, distribuidos entre 2026 y 2030 y para financiarlo se requerían emisiones anuales de los bonos sociales de US$ 700 millones y préstamos de organismos multilaterales por todo el período 2026-2030 por US$ 950 millones.
En esta línea, Munyo resaltó que el retorno económico y social incluye la creación de 8.000 puestos de trabajo directos, un impacto de US$ 720 millones anuales de 2026 a 2030 por la facturación de las empresas encargadas de la construcción de la infraestructura. un impacto indirecto de US$ 430 millones anuales debido a la facturación de los proveedores necesarios para completar el proceso productivo y un impacto inducido de US$ 1.872 millones anuales en dicho período por el consumo de alimentación, vestimenta y servicios por parte de las personas empleadas en todo el proceso productivo.
Además, planteó que hay un retorno en la salud. El economista mencionó que la evidencia internacional muestra que cuando "la mejora habitacional es sustantiva (calidad y mantenimiento adecuado), los efectos en salud infantil (diarrea, parasitosis, anemia) y en salud mental de adultos son de magnitud relevante".
"Existe un impacto potencial significativo, si se tiene en cuenta resultados previos publicados en estudios científicos" de un "ahorro de US$ 200 por persona por año por reducción en enfermedades, costos médicos y días perdidos", explicó y agregó que la "ganancia económica (por el efecto en la salud) en un horizonte temporal de 20 años ascendería a cerca de US$ 900 millones".
También habría impactos medibles en mejora de la educación (con una ganancia en un horizonte temporal de 20 años de US$ 1.000 millones), participación laboral (la mejora de la vivienda reduce el ausentismo laboral, con una ganancia en un horizonte temporal de 20 años de US$ 1.600 millones) y un efecto potencial significativo en la rehabilitación de personas en prisión (reducción de reincidencia y costos penitenciarios que en un horizonte temporal de 20 años, genera una ganancia cercana a US$ 1.100 millones)
“Tenemos que creernos la magnitud de esto. Los retornos sociales y económicos son evidentes y cuantificables”, afirmó el economista.
"La propuesta sugiere que la construcción y el mantenimiento de la nueva infraestructura quede a cargo del sector privado, a través de un diseño adecuado de contratos" y es "determinante darle prioridad en el acceso a las familias con menores a cargo como política efectiva para enfrentar la pobreza infantil", concluyó Munyo.
Liderazgo estatal en vivienda
En tanto, la ministra Paseyro planteó que la emergencia habitacional es “una deuda del país” y que la misma necesita de coordinación multisectorial. En el evento realizado por la CCU, Paseyro citó datos del Censo 2023, los cuales muestran que en Uruguay hay 40.379 viviendas con hacinamiento, equivalentes al 3,2% del total y 158.000 personas viviendo en asentamientos, pese a los programas de regularización y relocalización.
A su vez, anunció los programas prioritarios del MVOT. Aquí se incluye el programa “Crece desde el pie”, dirigido a hogares con primera infancia en precariedad severa, con refacciones rápidas, módulos habitacionales y soluciones adaptadas a cada hogar. También mencionó el programa “Más Barrios”, el cual aborda vivienda y entorno, incluyendo seguridad, espacio público, fortalecimiento comunitario y prevención de nuevas emergencias.
Asimismo, indicó que para los adolescentes y jóvenes que egresan del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), el ministerio prevé subsidios de alquiler en viviendas colectivas e individuales, con acompañamiento técnico, para lo cual está trabajando con esos organismos y con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Paseyro aclaró que el Estado asumirá la responsabilidad de liderar este proceso para dar solución a la emergencia habitacional, pero que “no puede hacerlo solo”, ya que "la magnitud de la emergencia nos obliga a convocar a todos los sectores de la sociedad”.
Enfoque integral
Carámbula manifestó que la integración social debe ser entendida como una condición transversal al desarrollo: “Si un niño debe tener seguridad alimentaria, sin duda debe tener asegurada su salud, debe tener asegurado el acceso a la educación y debe criarse en una vivienda digna. De nada vale atender solo una de estas dimensiones”, dijo.
Además, hizo énfasis en la necesidad de un enfoque integral para abordar la pobreza infantil y la situación de personas en asentamientos o en situación de calle.
Señaló que estas problemáticas no pueden ser resueltas únicamente con recursos económicos, sino que requieren de políticas coordinadas y un compromiso activo de la sociedad. “No podemos pensar que la pobreza infantil se supera sólo con mayor partidas económicas. Cada niño que crece en desigualdad necesita atención integral, que incluya vivienda, salud y educación”, agregó.
También insistió en la importancia de un enfoque multiactor, que implique a los distintos partidos políticos y a instituciones públicas clave, como el MVOT, el Mides, la salud pública, la educación y cultura.
Asimismo, reconoció que no existen soluciones inmediatas para el problema de los asentamientos. “No podemos pensar en asentamiento cero de un día para otro, porque también es un abordaje que involucra educación, salud, saneamiento y acceso a servicios básicos”, explicó.
A su vez, resaltó que la política habitacional requiere de continuidad y coordinación, así como de estrategias que respeten los tiempos y las capacidades de implementación. “Cada uno hace esfuerzos, pero necesitamos un diálogo permanente para que los proyectos tengan un impacto real y sostenible”, sentenció.
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