El cambio que procura el Banco Central para que los uruguayos tengan mejores servicios financieros y acceso al crédito

En un sistema financiero cada vez más digitalizado, donde los datos se vuelven un activo central, Uruguay comienza a dar sus primeros pasos hacia las finanzas abiertas (modelo que permite compartir datos financieros de usuarios entre distintas instituciones como bancos, fintechs y aseguradoras de forma segura). La iniciativa, liderada por el Banco Central del Uruguay (BCU, regulador y supervisor del sistema financiero), busca transformar la forma en que circula la información financiera, con el objetivo de mejorar servicios, aumentar la competencia y ampliar el acceso al crédito.

“Es imposible negar que estamos en una economía cada vez más digitalizada”, planteó Nicolás De Marco, jefe en la Oficina de Innovación del BCU, al describir el contexto en el que surge esta transformación, ayer en el evento "Open Finance en la región: regulación, innovación y oportunidades" organizado por la firma Dentons en el World Trade Center de Montevideo. En ese escenario, advirtió que los datos financieros de los clientes hoy “suelen estar fragmentados en distintas instituciones”, lo que genera “ineficiencias” que terminan traduciéndose en “costos más altos, menores opciones” y, en definitiva, “situaciones subóptimas para el usuario”.

Frente a ese diagnóstico, las finanzas abiertas proponen un cambio de paradigma: “El usuario es el dueño de sus datos financieros”, subrayó De Marco. A partir de ese principio, el sistema busca que las personas puedan compartir su información con distintas instituciones —siempre con consentimiento— para acceder a mejores productos y servicios.

De Marco también definió las finanzas abiertas como “una infraestructura regulada” que permite a los usuarios compartir su información con terceros autorizados para “recibir mejores servicios financieros”, con más personalización, acceso y eficiencia. El objetivo final, según el ejecutivo del BCU, es lograr “un mayor bienestar financiero para las personas”.

El avance hacia este modelo no es inmediato. El BCU ya delineó una hoja de ruta que apunta a evolucionar desde el sistema actual hacia uno “más abierto, más interoperable”, según De Marco, donde los distintos participantes puedan conectarse de forma segura y estandarizada.

Oradores en el evento organizado por Dentons. Foto: Dentons.

Para eso, la tecnología jugará un rol clave a través de las APIs (conjunto de reglas y protocolos que permite que dos aplicaciones de software se comuniquen entre sí, compartiendo datos y funcionalidades).

“Las APIs no son otra cosa más que un componente de software que permite que los sistemas de dos entidades distintas puedan dialogar en un mismo idioma”, explicó De Marco. Estas interfaces permitirán intercambiar información e incluso iniciar operaciones entre instituciones.

El ecosistema previsto incluye cuatro actores: los proveedores de datos (como bancos), los usuarios, los terceros proveedores de servicios —como fintech— y el propio BCU, que regulará y supervisará el sistema.

En paralelo, el BCU trabaja en un anteproyecto de ley que será elevado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que este luego envíe un proyecto de ley al Parlamento. La regulación no apuntará a los servicios en sí, sino a la disponibilidad y uso de la información dentro del sistema.

“Como reguladores muchas veces es imposible predecir cuál va a ser el caso de uso que termine teniendo éxito”, reconoció De Marco. Sin embargo, identificó dos grandes líneas de desarrollo: servicios basados en información —como comparadores de crédito, gestores financieros o nuevos modelos de scoring (calificación para acceder a un crédito)— y servicios basados en iniciación, como pagos o contratación de productos desde plataformas externas.

Desde el sistema financiero, la iniciativa es vista con una combinación de oportunidades y desafíos. Florencia Manrique, gerenta de Procesos del Banco República (BROU), destacó que los bancos no solo serán proveedores de datos, sino también actores clave en la generación de nuevos servicios.

“Tenemos gran potencial como proveedor de servicios”, afirmó, aunque advirtió que el cambio implica “modificaciones sustanciales en las reglas de juego”, incluyendo nuevos marcos normativos, infraestructura tecnológica e incluso modelos de negocio.

Manrique identificó tres pilares críticos para el éxito del sistema. El primero es la seguridad jurídica, con especial foco en el consentimiento del usuario: “Tiene que ser explícito, inequívoco y revocable”. El segundo es la ciberseguridad y, el tercero, la sostenibilidad económica del sistema, que deberá contemplar mecanismos de monetización adecuados.

Ciberseguridad. Foto: Canva.

Aun así, la banca parte de una posición sólida. “Contamos con la confianza del usuario”, señaló Manrique, lo que puede ser una ventaja en el nuevo ecosistema.

La experiencia internacional también sienta las bases para Uruguay. Ximena Alemán, directora y fundadora de Prometeo (una fintech de infraestructura tecnológica, especializada en APIs bancarias) destacó que hoy existe “muchísimo más conocimiento y experiencia acumulada” a nivel global, incluyendo en América Latina.

En ese contexto, Brasil aparece como el caso más exitoso. “Tiene el mayor ratio de adhesión de finanzas abiertas del mundo”, subrayó. Entre los factores que explican este desempeño, mencionó la obligatoriedad de participación, la gratuidad en el intercambio de datos y una implementación clara y metódica.

“La confianza se construye en tres cosas: objetivos, planes y metodologías”, explicó Alemán, al tiempo que destacó el rol del Banco Central de Brasil en comunicar y posicionar el sistema como una “marca país”.

Juan Manuel Jiménez, responsable de Open Finance para la Región Andina y Cono Sur de Minsait Business Consulting, puso el foco en la necesidad de alinear a todos los actores del sistema y gestionar el cambio.

Alemán y Maran. Foto: Dentons.

“Es clave que regulador y participantes remen en un mismo sentido”, sostuvo. Además, destacó el rol de organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial en apoyar estos procesos, especialmente en países con menos recursos.

También advirtió sobre un desafío habitual: la adaptación tecnológica. “Hay entidades que hasta que no quedan seis meses para la entrada en vigor no empiezan a entender los requerimientos”, señaló.

Otro punto crítico será la comunicación hacia el usuario final. “El proceso de consentimiento no es fácil de entender”, dijo, por lo que será necesario un esfuerzo pedagógico para generar confianza y adopción en los usuarios.

Ignacio Maran, del Grupo Santander, alertó que el Open Finance cambia radicalmente el mapa de riesgos.

“Hoy pasamos de tener eslabones no conectados a generar una cadena”, explicó. En ese contexto, un fallo en un actor pequeño puede tener impacto en todo el sistema.

“El riesgo se expande mucho más fácil”, advirtió, y señaló que no alcanza con asegurar las APIs. “Esto es todo el ecosistema de participantes”, agregó.

Maran también planteó interrogantes regulatorios, especialmente en torno al secreto bancario y la responsabilidad de las fintech. “Hay que ver si esto se extiende al resto de los jugadores”, indicó, al tiempo que llamó a “elevar la vara” de seguridad para todos los participantes.