PARLAMENTO

¿Qué dice el proyecto de ley que busca exonerar de IVA al asado de tira?

El texto indica que la medida será por 30 días, "contados a partir del día siguiente al de la promulgación" de la norma. Ingresó este lunes al Parlamento.

Asado. Foto: Asociación Uruguaya de Asadores
Asado. Foto: Asociación Uruguaya de Asadores

El proyecto de ley para exonerar de IVA al asado de tira, medida que impulsa el gobierno a raíz de la suba de precios de las carnes, ingresó este lunes al Parlamento. Deberá ser aprobado en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que se reunirán este martes para analizarlo.

El texto, al que accedió El País, dice que la medida será por 30 días, "contados a partir del día siguiente al de la promulgación" de la norma. Asimismo, especifica que es para la "carne vacuna fresca, congelada o enfriada del corte asado de diez a trece costillas".

"La exoneración se aplicará exclusivamente en la hipótesis en que el referido corte sea realizado en el frigorífico o matadero, y sean remitidos al consumo debidamente individualizados", agrega. 

¿Cuáles son los motivos de la medida? En el proyecto se explica que la "carne vacuna constituye un componente esencial de los hábitos alimentarios de nuestra población. Esta importancia, basada tanto en el indudable valor nutricional de dicho bien, como en aspectos culturales que hacen a la conformación misma de la identidad nacional, generan la necesidad de facilitar, en la medida de lo posible, las condiciones de acceso a su consumo por parte de la población". 

Además, dice que, "diversos factores, entre los que se destacan el impacto en la economía generado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, han incidido en el aumento de los precios y una retracción del consumo del producto, particularmente en los sectores socioeconómicos más desfavorecidos". 

En ese marco, "el Poder Ejecutivo entiende conveniente adoptar medidas transitorias que, con un criterio esencialmente social, incidan en la formación de los referidos precios".

"Dichas medidas pretenden guardar un riguroso equilibrio entre el rol que
indudablemente compete al Estado en materia de defensa de los consumidores —especialmente de los más vulnerables—, y la necesidad de preservar un contexto normativo que genere condiciones de certeza y previsibilidad para la realización de inversiones productivas, las que en última instancia constituyen el mejor instrumento para la generación del bienestar colectivo", añade. 

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