Del hacker solitario a mafias globales: expertos analizan en Uruguay nueva cara del cibercrimen y proponen alianzas regionales

La expansión del cibercrimen, el avance de las organizaciones criminales en el entorno digital y la necesidad de una coordinación más estrecha entre gobiernos, empresas, policías, fiscales y organismos internacionales fueron algunos de los ejes que atravesaron un encuentro sobre ciberseguridad, organizado por el Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones (Certal).

En ese marco, el coordinador general del centro de alta formación en justicia y tecnología de Certal, Alejandro Ñamandú; el gerente de identidad digital de Abitab, Diego Vergara; y el jefe del departamento especializado en investigación del cibercrimen de Paraguay, Diosnel Alarcón González, coincidieron en que el combate a los ataques informáticos requiere respuestas regionales, cooperación público-privada y una actualización permanente tanto de las capacidades técnicas como de los marcos regulatorios.

Ñamandú habló sobre la inevitabilidad de los ataques informáticos y la necesidad de prepararse para cuando ocurran. “Todos sabemos que en algún momento nos van a intrusar. El punto es qué hacemos para que el día que nos intrusen podamos mitigar esos riesgos”, sostuvo.

El especialista planteó que el cibercrimen ya dejó de ser un fenómeno aislado ejecutado por “un hacker individual”, sino por organizaciones criminales. "Está demostrado. Lo vemos en las noticias de todo el mundo y cotidianamente”, indicó.

Según señaló, el problema central es que el delito informático atraviesa fronteras y obliga a los países a coordinar respuestas conjuntas sin afectar las soberanías nacionales. “Si decimos que el delito en línea es un delito internacional, llegó el momento de empezar a debatir soluciones regionales y en conjunto”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó la necesidad de construir protocolos comunes entre investigadores, fiscales y jueces para facilitar las investigaciones internacionales. “Cuando haya que investigar un caso que comenzó en Singapur, terminó en Montevideo y pasó por Bogotá, tiene que haber una unidad de criterio sin vulnerar la soberanía de cada país”, afirmó.

Ñamandú también puso énfasis en la necesidad de ampliar el debate sobre ciberseguridad hacia otros actores institucionales. “Me gustaría que en una próxima oportunidad se invite a representantes de la justicia, de las fiscalías y de las distintas policías”, expresó.

Según dijo, cuando ocurre un ataque informático “deja de ser el problema del damnificado” y pasa a ser responsabilidad de quienes deben investigarlo. Sin embargo, advirtió que las investigaciones se enlentecen por problemas de coordinación o burocracia, mientras las redes criminales continúan operando.

Alejandro Ñamandú. Foto: Certal.

“Eso genera que en Singapur, en Bogotá o en Montevideo se esté escapando una red de pedófilos, una red de intrusores o gente que por medio de redes sociales está desestabilizando gobiernos”, sostuvo.

El coordinador del centro de formación también trasladó la discusión al ámbito familiar y educativo, especialmente en relación al uso temprano de dispositivos móviles por parte de menores. A su entender, muchos adultos no están preparados para acompañar a los menores en el uso de la tecnología.

Por su parte, Vergara destacó el desarrollo tecnológico de Uruguay y el avance del ecosistema de identidad digital construido en las últimas décadas, a partir de la articulación entre el sector público y privado.

“Uruguay exporta cerca de US$ 1.400 millones al año en software y tecnología”, dijo y atribuyó parte de ese desarrollo a la consolidación y a la participación conjunta entre empresas y organismos estatales.

El ejecutivo explicó que Uruguay logró construir un ecosistema de identificación digital robusto, basado en mecanismos biométricos y validaciones presenciales. Según detalló, el sistema se desarrolló pensando en replicar las condiciones de seguridad del mundo físico en el entorno digital. “Cuando una persona obtiene su identidad digital se realizan cruces biométricos contra bases oficiales, igual que en la presencialidad”, señaló.

Vergara indicó que Uruguay cuenta con una infraestructura territorial amplia para validar identidades digitales. “Hay más de 500 o 600 locales desplegados en todo el territorio donde cualquier persona puede obtener su identidad digital”, afirmó. En el caso de Abitab, explicó que el proceso incluye huella digital y reconocimiento facial en tiempo real contra servicios oficiales para generar una “semilla” de identidad segura.

El ejecutivo también alertó sobre los riesgos asociados al avance de la inteligencia artificial y la falsificación digital. “Las máquinas pueden clonar voces, comportamientos, caras e imágenes”, sostuvo.

Diego Vergara. Foto: Certal.

Por eso, afirmó que algunos países que avanzaron rápidamente hacia procesos totalmente digitales durante la pandemia debieron retroceder parcialmente ante problemas de seguridad.

Vergara también señaló que ya comenzaron a trabajar en escenarios futuros vinculados a la computación cuántica y a la posible vulneración de los sistemas criptográficos actuales. “En 2029 seguramente habrá ruptura de los algoritmos tradicionales”, sostuvo. En ese contexto, indicó que ya se trabaja en nuevas soluciones de criptografía poscuántica para proteger certificados de identidad y sistemas de infraestructura digital.

En tanto, Alarcón González centró su intervención en la cooperación regional y en la necesidad de fortalecer las estructuras operativas y legislativas de los países para combatir el cibercrimen. El jefe policial paraguayo destacó el valor de los vínculos personales y de la coordinación informal entre autoridades y especialistas de distintos países. “Muchas veces lo que más funciona es tener el contacto directo para que esto pueda tener dinamismo”, afirmó.

Alarcón González. Foto: Certal.

Alarcón González relató incluso que algunos de los procedimientos exitosos realizados en Paraguay fueron posibles gracias al trabajo conjunto con empresas privadas vinculadas a servicios tecnológicos y de telecomunicaciones.

Sin embargo, advirtió que todavía existen debilidades importantes en materia normativa y operativa en la región. “Hace falta fortalecer más la parte legislativa y operativa que tienen cada uno de nuestros países en la lucha contra estos delitos”, sostuvo.