¿Los altos impuestos fomentan los niveles de informalidad laboral en la economía uruguaya?

Se discute sobre si la sociedad tolera que se continúe “tirando de la soga”. Analistas recomiendan no incrementar las tasas de aportación sobre salarios porque podría aumentar la informalidad laboral.

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Estamos en el mes de la declaración jurada anual del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y más de uno transpira al tener que desembolsar montos muchas veces cuantiosos. ¿Hasta qué punto el pago de altos impuestos y aportes jubilatorios ahuyentan a los trabajadores y empresas?

Aunque la informalidad laboral ha venido bajando en Uruguay -pasó de 35% en 2006 a 22% en 2022, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)-, continúa siendo importante en algunos sectores, como la construcción, restaurantes y hoteles, ciertos servicios profesionales y servicio doméstico, caracterizados por baja estabilidad laboral.

Pero además, esto cobra importancia general ante la fuerte tecnificación del empleo que se viene y que sacudirá el tablero. Es decir, con las nuevas tecnologías aplicadas a los puestos de trabajo, será más difícil reincorporar al sistema a quienes hoy son informales o no logran reconvertir sus habilidades, por tanto el sistema será más excluyente.

Existen muchos factores que empujan a la informalidad laboral y uno de ellos podría ser el pago de aportes a la seguridad social e impuestos percibidos como “demasiado altos” por los empleadores o trabajadores, a pesar de los beneficios que ambos conllevan.

Para Santiago Madalena, asociado de Guyer & Regules, especialista de Derecho Laboral y Litigios, los altos impuestos y los aportes en Uruguay “no necesariamente” aumentan la informalidad, pero “se ha llegado a un tope” a ese nivel, dijo en diálogo con El País.

La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), presidida por Rodolfo Saldain, en el documento final sobre la reforma jubilatoria, recomienda explícitamente “no incrementar las tasas de aportación sobre salarios”, al analizar opciones sobre cómo hacer sostenible al régimen prestacional, en crisis.

La CESS fundamenta que las tasas de aportación sobre el trabajo ya tienen un nivel elevado en la comparación regional e internacional, y que “un aumento de este parámetro, en el desafiante contexto que enfrentan los trabajadores menos calificados, implica un elevado riesgo de acelerar el desplazamiento de este colectivo del mercado de trabajo y de propiciar un incremento de la informalidad, con los consecuentes impactos sociales negativos”.

Lo cierto es que las tasas de informalidad laboral en Uruguay son relativamente bajas en la comparación regional, pero este dato positivo puede estar impidiendo ver los riesgos latentes del mercado; es decir, no se puede “tirar más de la soga” con los aportes y los altos impuestos.

Salvo, por ejemplo, en la Caja Bancaria, donde todavía se debate sobre un aumento de tasas, hay cierta aceptación de ese límite.

No obstante, hay matices. Para Gabriela Mordecki, profesora e investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económica de la Universidad de la República (Udelar) “los aportes de la seguridad social no son un problema, ya todos reconocen sus beneficios y lo valoran. Y si los impuestos son altos o no, es relativo, dependiendo de las prestaciones que el Estado dé a cambio, muchas son buenas, otras mejorables”.

En ese contexto, enfatizó que la formalización del trabajo ha ido en aumento.

Madalena salió al paso: “Las bajas tasas de informalidad en Uruguay en comparación con la región, no quitan el estudio con las advertencias del CESS”.

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El aprendizaje de la pandemia

La pandemia de covid-19 actuó a favor de la formalidad laboral en Uruguay, dado que la gente valoró el respaldo que significa la seguridad social.

Un informe del INE, liderado y presentado por el investigador Matías Brum en su momento, muestra una caída de unos tres puntos en la informalidad, de un 25% a un 22% luego de la pandemia. Además, revela que el mercado de trabajo incluye, en la actualidad, a más personas ocupadas que antes de iniciada la pandemia.

Madalena y Mordecki, consultados por El País, coinciden en que la gente tomó más conciencia de los beneficios de la formalidad, ya que quienes estaban “en negro” no gozaron de seguro de desempleo o de enfermedad. Los que estaban subaportando, cobraron pero menos, en relación a sus aportes.

Lo que más pesa

Entre los aportes a la seguridad social, el principal es el jubilatorio que realiza el trabajador. El empleador le retiene el 15% del sueldo y, como un costo suyo, paga un 7,5% adicional al Banco de Previsión Social, que se conoce como aporte patronal.

“Lo que tiene el aporte jubilatorio es que no se paga sobre el total del sueldo, sino que tie-ne un tope que está en los $ 236.000. Es decir, cuando excede ese monto, no está gravado por ningún aporte. Entonces, en sueldos elevados comienza a perder fuerza la aportación jubilatoria, no en los demás”, explicó Madalena.

Entre otros fondos, destaca el aporte al Fonasa, que permite la afiliación mutual (ASSE o mutualista) y que es variable según la situación familiar y otros factores, el cual no tiene tope y el empleado puede llegar a tener una devolución al siguiente año (en caso de que su aporte supere el monto de la cuota), lo que reduce el costo.

En cuanto al IRPF, “es pura retención y costo” para el empleado, dijo Madalena. “Lo particular de este impuesto es que el trabajador no nota su beneficio, porque el empleador retiene una parte del sueldo y lo vuelca al Estado, pero el Estado lo destina a distintos usos, a diferencia del aporte a la seguridad social que, en definitiva, pasa a ser un beneficio directo a la persona, en el seguro de paro, subsidio por maternidad, subsidio por enfermedad, mutual y jubilación”.

Esto significa que cuando se ven sus beneficios directos, es más fácil que el impuesto sea aceptado.

La opinión de los analistas diverge, ya que mientras Mordecki afirma que el 7,5% del aporte patronal “es un porcentaje bajo”, Madalena observa que ese aporte se suma al de Fonasa que hace el empleador (5%), otros fondos y costos laborales además del sueldo (aguinaldo, vacacional, bonos, etcétera), lo que “sí es mucho, según los empleadores”, dijo Madalena.

“En comparación con otros países, podría ser discutible qué tan altos son los aportes e impuestos, pero la noción en Uruguay es que estamos en el tope y que no se deberían incrementar más esos costos”, reafirmó el asociado de Guyer y Regules.

preocupaciones

Nuevos asuntos laborales y luces rojas

Han aparecido nuevas formas de remunerar al empleado últimamente, que, según Guyer y Regules, han profundizado las diferencias interpretativas. Madalena explica: “La remuneración con acciones comienzan a ser más frecuentes en Uruguay. Eso genera dudas, porque cuando se definió la materia gravada, se habló del beneficio de vivienda, alimentación, vestimenta y herramientas de trabajo, pero las acciones u opciones sobre acciones nunca las tuvo en cuenta el legislador. No hay, entonces, una solución específica y pasa a ser un tema interpretativo con más de una opción”.

El abogado se refiere a las stock options, cuyos beneficios a veces están condicionados a plazos, o implican un desembolso por parte del empleado al tener que comprar la acción, y esto choca con la noción tradicional de salario.

Otra forma que está apareciendo, en modo más incipiente, es el pago con criptomonedas y tokens. “Ya hay empresas tecnológicas en el país que pagan sueldos o bonos con criptomonedas. No es ciencia ficción”, dijo Madalena.

Por su parte, Mordecki, sacó el foco de la conversación en la informalidad laboral y dijo: “Habría que hablar más sobre las empresas que aceptan fondos que vienen de otros países, sin mayor filtro”. “Ahí hay un espacio donde el Estado ha retrocedido: en el control del origen de los fondos en algunos sectores”, afirmó.

A su entender, las empresas se preocupan por los impuestos, pero deberían ver qué más sucede que las pone en desventaja. “Hay un afloje por parte del gobierno en ese tipo de control, después de la ley de Urgente Consideración (LUC) y de algunas disposiciones aprobadas luego en esta materia”, advirtió.

“Cuando se informa que cayeron abruptamente las denuncias de actividades sospechosas y aumenta el monto del pago al contado de forma tan relevante sin tener que pasar por instituciones bancarias, hay sectores que evidentemente están recibiendo otro tipo de fondos. Que la denuncia sea prácticamente nada, no quiere decir que las actividades sospechosas desaparecieran, sino que bajaron los controles”, insistió.

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