Caja Profesional: el avance de la reforma y el pedido de “silencio” del gobierno

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.
Foto: Caja Profesional

SEGURIDAD SOCIAL

El Poder Ejecutivo asumió su responsabilidad por la crisis de la institución pero exigió “que no haya más circo en la prensa” y que no se filtren las propuestas.

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Silencio”, “paz”, “que no haya más circo con la prensa” y que no se filtren las propuestas, fue el pedido que las autoridades del Poder Ejecutivo hicieron en lasúltimas reuniones de la comisión -integrada por representantes del gobierno y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu)- que busca elaborar un anteproyecto de reforma del organismo.

Cuando se acordó la creación de este grupo de trabajo -el pasado 24 de mayo-, las autoridades del gobierno y de la Cjppu establecieron que la comisión tendría un plazo máximo de trabajo de entre tres a cuatro semanas para llegar a un proyecto final de reforma.

Sin embargo, la falta de acuerdos en relación a cómo resolver el déficit de la institución -el cual crece en torno a los $ 1.000 millones por año y agotaría sus reservas en 2024- llevó a que la comisión acumule un atraso de más de dos meses con respecto al plazo inicial establecido.

Según pudo saber El País en base a fuentes al tanto de las negociaciones, ahora las partes “están más cerca” de llegar a un acuerdo en relación a los ajustes paramétricos que deben hacerse, pero afirman que “solo con eso” no va a alcanzar para solucionar el “enorme déficit” de la caja.

Desde la comisión estimaron que la propuesta de reforma quedará finalizada luego de que se apruebe el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, actualmente a discusión en el Parlamento. “El 1° de enero de 2023 los cambios tienen que estar rigiendo”, señalaron.

Tanto desde el gobierno como desde la Cjppu comparten la idea de que se debe encontrar con urgencia una solución para el instituto previsional y que esta no podrá esperar por la reforma general del sistema de seguridad social.

En esta línea, el presidente de la República,Luis Lacalle Pou señaló el pasado viernes -al presentarle el proyecto de reforma de la seguridad social al Frente Amplio- que con las cajas paraestatales como la Profesional y la Bancaria “hay que hacer algo antes” porque “está prendida fuego la casa, entonces no podemos decir que en 20 años vamos a hacer una habitación nueva y hay que pintar. Ahora hay que apagar incendios”.

Al ser consultado en rueda de prensa sobre las definiciones que se deberían tomar desde el gobierno en las cajas Profesional y Bancaria, Lacalle Pou dijo que tendrá “prudencia” y afirmó que escuchará las propuestas de estos organismos antes de establecer cambios.

Responsabilidad

Fuentes de la comisión indicaron que en la última reunión, los integrantes del gobierno asumieron que hay responsabilidad del Poder Ejecutivo en la crítica situación económica y financiera que atraviesa la caja. “Todos vieron pasar balances rojos y no se hizo nada”, defendieron desde la Cjppu.

Esta había sido una de las principales críticas realizadas al gobierno por el directorio de la Cjppu y también por los profesionales independientes, dado que entienden que el Poder Ejecutivo es responsable porque está representado por dos delegados en el directorio. Días atrás, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de Diputados, un grupo conformado por profesionales independientes acusó al Estado uruguayo de tener “responsabilidad absoluta” por la crisis de la caja.

“Entendemos que la Caja de Profesionales está dirigida por siete directivos: cinco son electos directamente por los profesionales y dos por el Poder Ejecutivo. Vemos que hay una responsabilidad muy grande en el Estado al tener esos representantes que tienen voz y voto y que han dirigido absolutamente todos los rumbos de la caja. Además, tienen función de contralor y supervisión”, indicó Pablo Barros, uno de los representantes del colectivo.

Además, la Cjppu, “todos los años tiene que hacer una auditoría que es entregada al Tribunal de Cuentas y a la Auditoría Interna de la Nación”, afirmó Barros, es decir que “hay suficientes controles por parte del Estado”.

La crítica responde a las declaraciones del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quien -previo a la conformación de la actual comisión- señaló en múltiples ocasiones que la institución tiene autonomía, por lo que debería ser la caja la encargada de solucionar su crisis por sus propios medios.

Sin embargo, la postura del gobierno ahora es más flexible. Inclusive, las autoridades del Poder Ejecutivo evalúan la posibilidad de otorgarle un préstamo reembolsable a la caja, para que pueda subsistir hasta que se empiecen a ver los efectos de la reforma. “Alguien tiene que pagar el asado”, señalaron.

Cambios

Los integrantes de la comisión coinciden en que “hay un muy buen clima” en las reuniones pero afirman que “solo con los ajustes paramétricos” no se solucionará la crisis de la caja, sino que además faltan cambios en la gestión y en la incorporación de nuevos aportantes.

En este sentido, durante las últimas reuniones se contempló la posibilidad de que a partir del año próximo los nuevos egresados profesionales, en relación de dependencia, pasen a aportar a la Cjppu en lugar de al Banco de Previsión Social (BPS), una propuesta que había sido inicialmente rechazada por el gobierno pero que ahora comienzan a “estudiarla y evaluarla más seriamente”, indicaron a El País.

Auditoría “aún no se ha hecho”

Por unanimidad, el pasado 21 de abril, el Directorio de la caja aprobó la realización “en forma urgente”, de una auditoría sobre la gestión de los directorios del organismo de los últimos 15 años. Según la resolución, divulgada por El País en ese momento, el objetivo era el de “determinar eventuales responsabilidades de cualquier índole en la gestión y en la toma de decisiones y su posible nexo y/o correspondencia con la situación económico financiera actual”. Sin embargo, fuentes del organismo confirmaron a El País que la auditoría está demorada por “trámites burocráticos que llevan tiempo” y que, por lo tanto, “recién este jueves se terminó de poner a punto el texto de la convocatoria”, es decir lo que se le pide a los servicios técnicos que investiguen.

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