Caja Profesional: avanza la comisión con el gobierno

SITUACIÓN

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Ayer se llevó adelante la primera reunión de la comisión conjunta entre el gobierno y representantes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), creada el pasado 24 de mayo con el objetivo de estudiar las propuestas de reforma del organismo.

La comisión está formada por tres representantes de la Cjppu: el vicepresidente del organismo, Daniel Alza; el director Fernando Rodríguez Sanguinetti y Magdalena Pérez, economista integrante de la Asesoría económico actuarial del organismo.

Según pudo saber El País, la presidenta de la institución, Virginia Romero no integra la comisión de trabajo ni participa de las reuniones actuales con el gobierno porque se encuentra de licencia por tres semanas.

Por parte del gobierno, en representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), está Daniel García Zeballos; el economista y asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gustavo Michelin; y por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el integrante de la Asesoría macroeconómica y también coordinador de la Secretaría Técnica de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), Ariel Cancio.

Cuando se acordó la creación de este grupo de trabajo conjunto, las autoridades del gobierno y de la Cjppu establecieron que la comisión tendría un plazo máximo de trabajo de entre tres a cuatro semanas para llegar a un proyecto final de reforma.

Sin embargo, ayer fue la primera reunión y la próxima será recién dentro de 15 días, por lo que desde la comisión ya anticiparon a El País que el proceso “se va a demorar” y que no se va a cumplir con los plazos iniciales establecidos.

La demora en la coordinación de la primera reunión, se debió a una falta de acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la caja sobre quiénes deberían ser los integrantes de la comisión. Según supo El País, las autoridades del gobierno pretendían que en representación de la Cjppu fueran funcionarios técnicos y no miembros del directorio.

En relación a la reunión mantenida ayer por la mañana en OPP, fuentes participantes del encuentro dijeron que se intercambiaron números y propuestas pero no se tomó ninguna definición.

Desde el gobierno quedaron “sorprendidos” porque los representantes de la Cjppu presentaron propuestas y documentos de trabajo que aún no habían sido votados ni consensuados por el directorio del organismo.

En el encuentro también se conversó sobre la posibilidad de que a partir del año próximo los nuevos egresados profesionales, en relación de dependencia, pasen a aportar a la Cjppu en lugar de al Banco de Previsión Social (BPS), una propuesta que será estudiada por el gobierno.

Desde la comisión señalaron que el principal tema de la reunión fue el intercambio de cifras en relación a los ajustes paramétricos que podrían implementarse en la próxima reforma. En este sentido, indicaron que se conversó además sobre las ventajas y desventajas de los ajustes paramétricos que se evalúan, así como también cuántos profesionales quedarían involucrados en la reforma.

Entre los ajustes que se evalúan está la suba de la edad de retiro, la baja de la tasa de reemplazo, la suba de los años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio y el cambio en la escala de fictos que pasarían de 10 a 15 categorías.

Asimismo, la Cjppu maneja en la interna otro plan que contempla a los afiliados de 50 años, quienes -en caso de aprobarse ese proyecto- mantendrán los derechos adquiridos, en función de la categoría en la que se encuentren y sus años de aportes.

La comisión se reunirá nuevamente dentro de 15 días y el objetivo es que en la próxima reunión se pueda definir una propuesta final. Para eso, la Cjppu deberá evaluar las cifras planteadas por el gobierno y analizar cuáles son los ajustes que el directorio está dispuesto a aceptar.

Según pudo saber El País, en el directorio de la caja “hay dos grandes posiciones”. Por un lado, quienes están a favor de los ajustes planteados por el Poder Ejecutivo, y por otro lado, los que pretenden negociar medidas que no sean tan perjudiciales para los afiliados de la Cjppu.

En relación a la posibilidad de que el Estado le otorgue a la caja un préstamo de US$ 550 millones para seguir funcionando hasta que comiencen a dar rédito las medidas, desde la comisión dijeron que ese tema no estuvo planteado en la reunión de ayer.

No obstante, señalaron que en las instancias de intercambio “sobrevuela” que “alguien va a tener que cubrir lo que falta” y se asume que “seguramente sea el Estado”.

Esta última inquietud no es nueva para la Caja Profesional. El año pasado, el directorio de ese entonces había solicitado a las autoridades un préstamo estatal “puente” de entre US$ 104 millones y US$ 184 millones y si bien el gobierno no tomó una resolución en ese entonces, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres había puesto el foco en la autonomía de la caja para resolver su crítica situación.

En una línea similar a la del gobierno, la CESS había afirmado el año pasado -en el documento de recomendaciones de reforma jubilatoria elaborado por el oficialismo- que “la asistencia financiera estatal o la imposición de alguna otra carga sobre el resto de la sociedad no serían medidas de recibo”.