El directorio de la Caja de Profesionales (Cjppu)aprobó una moción que rechaza el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivoal Parlamento para solucionar la crisis de esta institución —con pérdidas de US$ 51 millones en 2024—, en el entendido que afecta derechos adquiridos y en proceso de adquisición. Además, considera que las medidas que se incluyen en ese proyecto de ley harán que muchos afiliados se den de baja, lo que perjudicará a la Caja y al sistema.

Así lo informó a El País Fernando Rodríguez, directivo de la Cjppu, luego de participar en la comisión especial de Diputados para el tratamiento del mencionado proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

El rechazo del proyecto de reforma de la Cjppu fue de los cinco de los integrantes electos del directorio, mientras que los dos que representan al Poder Ejecutivo votaron a favor del mismo.

“Hasta ahora veníamos votando divididos, así que ahora quebramos un poco esa norma. Todos los directivos electos de la Caja votamos en contra. Queremos decirle al Poder Ejecutivo y al Parlamento que en términos generales no estamos de acuerdo con la ley, en especial con los ajustes paramétricos que allí se proponen, ni con la asistencia financiera del Estado”, afirmó Rodríguez.

Entrando en artículos específicos, Rodríguez señaló que rechazan la nueva tasa de aportación del 22,5% (les parece muy alta, ya que la actual es de 18,5%); la convergencia de regímenes (“que castiga más a quienes se están por jubilar, sobre todo a los cincuentones”, dijo), y también están en desacuerdo con que a los jubilados se les incorpore un nuevo impuesto.

“La contribución de jubilados y pensionistas que establece el proyecto de ley es algo confiscatorio y, a esta altura, más allá de que sea constitucional o no, en realidad se trata de una contribución de un colectivo que es rehén de la situación”, opinó.

Asimismo, los directores electos de la Caja reclaman que la jubilación por edad avanzada se pueda cobrar conjuntamente con otras jubilaciones o pensiones de otras cajas, ya que, según afirman, en la ley 20.130 así lo plantea.

“Sería violatorio de los derechos de los profesionales, porque aportamos a la Caja de Profesionales expresamente para tener una segunda jubilación, tanto sea con 30 años de trabajo y 60 de edad, o con por lo menos 15 años de trabajo y 70 años de edad”, fundamentó Rodríguez.

Sobre las tasas y los timbres, los directores insisten en que se ajusten “completamente” por el Índice de Medio de Salarios (IMS) —en vez del promedio entre IMS e Índice de Precios del Consumo (IPC) que establece el proyecto— y que, además, se haga una recuperación del descalce del 20% o 25% que calculan tienen los timbres con respecto a la situación original. Plantean que a lo largo del varios semestres se vaya recuperando de a 5%.

Rodríguez afirmó que algunas de estas y otras modificaciones que planteó la Cjppu en la Cámara de Representantes tuvieron buena aceptación por parte de algunos diputados, por lo que espera que se efectúen cambios en el proyecto de ley en cuestión en los próximos días.

Según la presentación del gobierno ante la misma comisión, ya la sociedad uruguaya aporta US$ 155 millones al año, vía timbres profesionales y con el cambio propuesto en el proyecto (al ajustarse en base al promedio del IMS y del IPC, en vez de solo el IPC como ocurre actualmente) la población aportará US$ 9 millones más al año por esa vía.

El Poder Ejecutivo entiende que la implementación de las medidas que se establecen en el proyecto de ley llevará a la sustentabilidad de la caja por unos 20 años (luego se deberán seguir haciendo ajustes), ante lo cual Rodríguez dijo a El País: “Dicen eso pero no lo demuestran. No entregaron números, ni cálculos actuariales, ni estimaciones ni proyecciones con datos concretos. Ni al Parlamento ni a la Caja”.

“En la presentación que se realizó sobre el proyecto de ley se recurrió a un power point liceal”, criticó Rodríguez.

Foto: Ignacio Sánchez.

A colación, señaló que para elaborar el proyecto de ley, el Ejecutivo recogió información del directorio de la Cjppu y otras fuentes, pero el texto elaborado nunca pasó por ésto, ni por ninguna asociación o sindicato de profesionales. “Es una ley que propone el Poder Ejecutivo a solas, con sus cálculos y sus números, pero que nadie los conoce”, reafirmó.

Según Rodríguez, actores del Poder Ejecutivo han reconocido que tomaron el proyecto de ley exprés del periodo pasado como base para la elaboración de éste. “Eso ya lo habíamos notado. Y ahora podemos decir que, de alguna manera, lo endurecieron en los aportes de los activos, en los aportes de los jubilados, en la transición al nuevo sistema en donde la tasa de reemplazo se divide por muchos más años. Es decir, perjudica la jubilación de los profesionales, sobre todo de quienes tengan 50 y 60 años y sin los 30 años de aporte. Son recortes que llegan al 25%, 30% y hasta el 50% de la jubilación que cobrarían con el sistema actual”, resumió.