AUDITORÍA

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La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) tiene fecha de defunción. Lo sabe el gobierno, el propio organismo y sus afiliados. De no realizarse cambios urgentes, en el año 2024 la institución se quedaría sin reservas. Sin embargo, la viabilidad financiera del organismo podría haberse extendido por tres años más si no se hubiesen otorgado ciertos beneficios extra a sus afiliados durante los últimos años.

Esa fue la principal conclusión a la que llegó la Asesoría técnica de planificación y control de gestión de la caja, a partir de un pedido de la gerencia del organismo que solicitó que se determinara cuál sería la situación de las reservas de la institución, en caso de que no se hubiesen otorgado “beneficios extraordinarios” desde 2004 hasta fines del año pasado.

Según se determina en el informe de la Cjppu —al que accedió El País—, los beneficios extra que acortaron la vida del organismo tienen que ver con: las compensaciones especiales de fin de año; los pagos adicionales a la tasa de remplazo (indicador que determina el porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos realizados como trabajadores activos); los dispositivos médicos; así como las compensaciones, complementos y partidas de reintegro del seguro de salud.

Esos beneficios adicionales —dados entre 2004 y 2021— implicaron más de $ 5.514 millones a valores corrientes, unos US$ 131 millones aproximadamente.

De no haberse otorgado esas prestaciones extra, el portafolio de inversiones de la caja hubiera tenido una rentabilidad adicional (calculados con una tasa de interés promedio anual equivalente a la tasa de rentabilidad de cada año) de más de $ 9.538 millones, unos US$ 227 millones aproximadamente.

“Por tanto, el impacto total en el portafolio hubiera ascendido a $ 15.053 millones”, unos US$ 358 millones aproximadamente, señaló el informe de la Cjppu.

“De lo anterior se concluye que, si la caja desde 2004 no hubiese otorgado los beneficios extraordinarios antes citados, y hubiera colocado el correspondiente importe hasta el 31 de diciembre de 2021 a la tasa de interés promedio anual de rendimiento de las colocaciones, las reservas habrían aumentado” casi US$ 360 millones, “por lo cual las reservas financieras” a fines del año pasado, “alcanzarían la suma de $ 24.100” millones aproximadamente, unos US$ 573 millones.

“Es decir, tendríamos más del doble de las reservas financieras”, lo que “cubriría 17,5 presupuestos de prestaciones (en lugar de los 6,6 presupuestos actuales)”, añadió el informe técnico del instituto.

Fuentes de la caja dijeron a El País que el estudio “demuestra la importancia de la auditoría de gestión” y señalaron que “solo al mirar el indicador que refiere a los beneficios adicionales” queda demostrado “que con buena gestión la caja anda muy bien”.

El informe técnico del organismo surge a raíz de la decisión —adoptada por unanimidad el pasado 21 de abril— del directorio, de solicitar en forma urgente una auditoría sobre la gestión de los directorios de los últimos 15 años.

La auditoria se realizará “a los efectos de determinar eventuales responsabilidades de cualquier índole en la gestión y en la toma de decisiones y su posible nexo y/o correspondencia con la situación económico financiera actual del instituto”, señalaba la resolución.

Al considerar las reservas totales de la caja, el informe concluyó que si desde 2004 el organismo “no hubiese otorgado los beneficios extraordinarios”, las reservas al 31 de diciembre del año pasado alcanzarían la suma de $26.800 millones, unos US$ 638 millones aproximadamente.

“Es decir, tendríamos más del doble de las reservas” a esa fecha de 2021, “lo cual cubriría 19,4 presupuestos de prestaciones (en lugar de los 8,5 presupuestos actuales)”, agregó la investigación del organismo.

Si se analizan dichos cálculos en términos de meses de viabilidad financiera, el estudio estimó que de no haberse otorgado esos beneficios, “la viabilidad se hubiera extendido tres años más”, hasta junio del año 2027 aproximadamente.

PASIVIDAD ADICIONAL. La investigación realizada por la Asesoría técnica de planificación y control de gestión de la caja, explicó que en el cálculo “no se tuvieron en cuenta los egresos por concepto de incrementos de las pasividades por encima del mínimo, debido a que dichos aumentos también se trasladaron a los sueldos fictos y por tanto, tiene un impacto en los ingresos de la institución”.

Esto refiere a un incremento adicional de las jubilaciones del 2,5% y 3% por encima del mínimo obligatorio establecido, y es uno de los beneficios que el actual directorio de la caja decidió no renovara partir del próximo 31 de diciembre, con el objetivo de mejorar la crisis del organismo.

No obstante, para tener una referencia de lo que significó ese egreso, el informe de la Cjppu señaló que en el período comprendido entre los años 2006 y 2021, “se abonó por concepto de incrementos de pasividades adicionales al mínimo” un importe estimado de $ 3.106 millones, unos US$ 74 millones aproximadamente.

Dicha cifra no incluye cuánto dinero se hubiese obtenido, de no adoptarse esas resoluciones “ya que no se estimó el ingreso adicional que se produce por el traslado de los incrementos adicionales a los sueldos fictos, y por tanto a los aportes de los afiliados activos”, concluyó el informe.