Análisis: la seguridad jurídica a la luz del nuevo arbitraje CIADI iniciado contra Uruguay

Nicolás E. Bianchi. Árbitro y abogado especialista en derecho internacional público y arbitrajes de inversión. Socio de PBX International Law.
Hace algunas semanas, la empresa española Asesores Financieros Andalucía Occidental-Sociedad Gestora de Patrimonios (AFAO) inició un arbitraje internacional contra Uruguayante el Centro Interpersonale Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La controversia se remonta a 2005, cuando el gobierno de Tabaré Vázquez rescindió la concesión para construir y mantener un tramo de la Ruta 1, aduciendo incumplimientos varios.

La empresa reclama, según reportes de prensa, más de US$ 380 millones en concepto de indemnización por supuestas violaciones por parte de Uruguay al Tratado Bilateral de Inversiones Uruguay-España. Lo llamativo es que lo hace recién en 2025, es decir 20 años después de la rescisión que, según su versión, habría violado sus derechos como inversores extranjeros.

Los 20 años que han transcurrido entre la medida por la que el inversor reclama (2005) y el inicio del arbitraje internacional (2025) podrían implicar que el derecho a iniciar el reclamo por parte de AFAO se encuentre prescripto.

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La prescripción significa, en pocas palabras, que el ejercicio de un derecho no puede hacerse indefinidamente: después de un tiempo razonable sin ejercerlo, el derecho caduca. La finalidad de la prescripción es proteger la previsibilidad y la seguridad jurídica, evitando que décadas después se reactiven pleitos cuando ya no existen pruebas, documentos o testigos disponibles. Es que ningún derecho es absoluto, incluyendo el supuesto derecho de AFAO a reclamar una indemnización ante el CIADI.

Este nuevo caso CIADI no solo obliga a repasar hechos de hace 20 años, sino también a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la defensa internacional de Uruguay, hoy en cabeza de la Prosecretaría de Presidencia. En ese sentido, resulta necesario que el país cuente con equipos técnicos con conocimiento jurídico especializado en derecho internacional de las inversiones, con el objetivo de construir la capacidad del Estado de anticiparse y gestionar estos desafíos.

Tener que defenderse de un reclamo dos décadas después de los hechos no solo compromete la posición procesal de Uruguay, sino que también erosiona la confianza de los Estados en el sistema arbitral como mecanismo previsible y equilibrado de solución de controversias.

Tribunales internacionales han reconocido anteriormente la posibilidad de rechazar demandas que llegan con demoras irrazonables. En definitiva, lo que está en juego en este nuevo arbitraje no es únicamente la responsabilidad patrimonial de Uruguay, sino también la vigencia de un principio básico del Estado de derecho: que la seguridad jurídica exige certeza y no litigios perpetuos.