Análisis: la nueva Secretaría de Litigios Estratégicos es una oportunidad histórica para Uruguay

Nicolás E. Bianchi/ Árbitro y abogado especialista en derecho internacional público y arbitrajes de inversión. Socio de PBX Internacional Law con sede en Montevideo y Buenos Aires.
En los últimos días, el Poder Legislativo aprobó la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado, que dependerá de la Presidencia de la República y tendrá como objetivo central coordinar la defensa de Uruguay en juicios nacionales e internacionales estratégicos, incluidos los arbitrajes de inversión. La decisión llega en un contexto en el que el país enfrenta variosarbitrajes internacionales, con demandas que, sumadas, superan los US$ 2.000 millones.

La defensa del Estado uruguayo en los arbitrajes internacionales es una cuestión estratégica por al menos tres razones. Primero, por los montos en disputa: un solo caso puede comprometer cientos o miles de millones de dólares, lo que equivale a una porción significativa del presupuesto de un ministerio. Segundo, por su potencial impacto jurídico: los laudos pueden influir en cómo el Estado diseña sus políticas públicas futuras. Existe una tendencia estudiada en derecho internacional denominada regulatory chilling effect o efecto de enfriamiento regulatorio, que ocurre cuando el Estado deja de implementar una política pública —o la hace más débil— por temor a ser demandado internacionalmente. En tercer lugar, la defensa en arbitrajes internacionales es estratégica por su dimensión reputacional: la forma en que Uruguay trata a sus inversores extranjeros incide en la percepción que tienen del país los mismos inversores, los organismos internacionales y otros Estados.

En este marco, la nueva Secretaría de Litigio Estratégico representa una oportunidad histórica para pasar de una lógica reactiva y fragmentada a una política de defensa internacional holística y coordinada.

Foto: Estefania Leal

Su principal misión será la de articular la actuación de los distintos organismos del Estado, así como evitar criterios contradictorios y aprovechar el aprendizaje acumulado en más de dos décadas de defensa internacional, que actualmente se encuentra distribuido entre distintas dependencias y equipos del Estado.

Contar con un cuerpo de abogados especializado dentro del Estado, que conozca en profundidad la práctica del arbitraje internacional y el ejercicio de la defensa internacional, constituye un activo invaluable que puede potenciar el trabajo que realizan los estudios jurídicos externos que el Uruguay contrata habitualmente para este tipo de litigios. Este equipo, integrado por abogados altamente calificados, permitirá formular estrategias coherentes, sistematizar la información de los casos, seleccionar mejor a los abogados externos y controlar de manera eficiente el uso de recursos públicos destinados a estas defensas.

La tarea de la Secretaría de Litigio Estratégico resulta vital ante los tiempos que se avecinan. Se registra a nivel mundial una tendencia al aumento de nuevos arbitrajes internacionales iniciados por inversores extranjeros contra Estados.

De acuerdo con las estadísticas que publica la Unctad (la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), cada año se registran entre 60 y 70 nuevos casos contra Estados. El Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), principal foro de resolución de disputas inversionista-Estado, ha registrado cifras récord de casos administrados año tras año.

Foto: Pixabay.

En el caso de Uruguay, ha recibido tres nuevas demandas ante el Ciadi en los últimos dos años, la misma cantidad que había enfrentado desde la demanda de Philip Morris en 2010 hasta el año 2023. Prepararse para los desafíos legales que se avecinan es una de las tareas fundamentales que deberá asumir la Secretaría de Litigio Estratégico.

En ese sentido, será estratégica la coordinación que llevará adelante la Secretaría en materia de prevención de disputas. Debe intervenir activa y tempranamente en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar a inversores extranjeros. No para frenar la acción del gobierno, sino para que las políticas públicas se diseñen de forma tal que, además de legítimas y necesarias, sean defendibles frente a un eventual reclamo futuro. Ese asesoramiento preventivo podrá evitar que un conflicto se convierta en un arbitraje internacional multimillonario.

En la medida en que la Secretaría de Litigio Estratégico logre consolidar conocimiento práctico, prestigio, transparencia en su funcionamiento y una adecuada coordinación institucional, podrá convertirse en un pilar de la seguridad jurídica uruguaya: una herramienta clave para defender mejor el interés público, optimizar el uso de los recursos estatales y enviar una señal clara de que Uruguay se toma muy en serio el cumplimiento de sus compromisos internacionales.