El pasado 17 de marzo, el ministro de economía y finanzas, Gabriel Oddone, acompañado por el Presidente de la República, anunció medidas que van en dirección al título de la nota.
Por un lado, se refirió a medidas que impactarían en el comercio exterior, que no son de nuestro metier en forma directa, pero que sin duda ayudarán a desburocratizar y contribuir a hacer más fluido el citado comercio, en definitiva, es beneficioso para el país.
En lo que nos atañe, el ministro no utilizó la palabra “desregular”, incluso él dice que hay que regular. Pero, interpretándolo, debe realizarlo con tino, con sentido común, con sentido de la urgencia que requiere la actividad privada que muchas veces colide con los tiempos públicos.
Vaya que el Ec. Oddone tiene presente este panorama.
Se refirió en definitiva a que las regulaciones sean más efectivas para lograr un país más ágil, accesible y que no tengamos tantas trabas burocráticas (lo expuesto), que ralentizan toda la operativa en cuanto a inversiones nos referimos.
Esto será resorte de una ley de Competitividad e Innovación que será presentada a fines de mayo y desde ya que el ministro solicitó aportes e ideas para enriquecer la idea.
No podemos más que estar de acuerdo con este cúmulo de buenas intenciones que esperemos se plasmen en acciones que sumen valor.
No fue el centro de su exposición el tipo de cambio (aunque los promotores padecen un dólar bajo al tener la mayoría de sus costos en pesos), aduciendo que es inefectivo y que tiene consecuencias sobre la inflación.
Abundó el ministro “La forma en que vamos a volvernos más competitivos es trabajando en la mejora de la productividad, en la mejora de la eficiencia del sector público y en la mejora de la eficiencia del sector no transable”.
Uno de los pilares de la normativa a presentar es la agilización de los proyectos de evaluación, reglamentando las declaraciones juradas, el uso del silencio administrativo (APPCU ha abogado por ello con las jerarquías del gobierno), el evitar la duplicación de controles.
Claro que lo que plantea el ministro Oddone no tiene incidencia en los gobiernos departamentales.
Pero en ese sentido y yendo a la Intendencia capitalina, se incorporó al Presupuesto el citado “silencio administrativo”, es decir cuando la Intendencia no se pronuncie sobre una petición o solicitud (esperemos que alcance a los permisos de construcción), ésta se tendrá por aceptada tácitamente. Hemos abogado también ante el Intendente Bergara por esta solución, basados en la experiencia de décadas, que constituye un cuello de botella sortear obstáculos que muchas veces frustran una inversión de porte con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo.
Nos anticipó el citado Intendente que dicha medida deberá ser reglamentada por la Intendencia y esperemos ser tenidos en cuenta en dicho aspecto.
Por supuesto las medidas de agilizar y fluir los expedientes por parte del Ministerio de Economía, seguramente alcance a las dependencias con las cuales APPCU interactúa, a vía de ejemplo, Comap, que cambiará su nombre, Catastro, Agencia Nacional de Vivienda, etc...
Sería determinante que todo este cúmulo de buenas ideas se plasmen, para que el promotor-inversor, en definitiva, nos referimos a lo que nos atañe, sea motivado a seguir invirtiendo generando miles de puestos de trabajo, entre otras tantas virtudes.
El año pasado los promotores y solamente vinculado a vivienda y refiriéndonos a los asociados de APPCU, invirtieron más de 2 mil millones de dólares. No olvidar que la OBRA PRIVADA es más abarcativa que la vivienda en sí misma, ingresando allí un establecimiento comercial, uno fabril, un shopping, un estacionamiento de automóviles y podríamos seguir en una lista numerosa.
UPM es un ejemplo notorio de inversión privada y que nos comprende en las generales de la ley.
Saludamos la iniciativa y aguardamos expectantes y con la esperanza presta a continuar la inversión, canalizando seguramente la atención de nuestros promotores, pero también de los foráneos que confían en un país que necesariamente debe precintar las certezas.