Casas Bahia, una de las mayores cadenas de tiendas de Brasil, informó ayer lunes que solicitó ante los tribunales acogerse a la ley de quiebras con el fin de reestructurar una abultada deuda.
En un comunicado dirigido al mercado, se cita un “contexto de deterioro” de la situación financiera de la empresa, debido a las altas tasas de interés, la restricción del crédito y las “presiones sobre el consumo”. Por ello, la dirección de la compañía afirmó que el pedido es “necesario” y supone “un paso más” hacia la reestructuración financiera de una deuda que los medios citan en 17.300 millones de reales (unos 3.330 millones de dólares).
La medida busca, según el comunicado, “preservar la continuidad de las operaciones empresariales” y lograr “una solución definitiva” a los problemas financieros. Al mismo tiempo, la empresa aclaró, que mientras avanza el proceso judicial de reestructuración, mantendrá las actividades en “todos” los canales y “sin interrupciones relevantes”.
Casas Bahia, que contaba hasta hace poco con más de mil tiendas repartidas en todo Brasil, cerró 298 de las menos rentables y despedir a 3.000 empleados solo este mes, según informó en el balance del segundo trimestre publicado en la víspera. Además, la empresa reportó pérdidas de 10.117 millones de reales en el segundo trimestre, muchísimo más de los 555 millones de pérdidas reportados en el mismo periodo del año anterior.
En un comunicado enviado a la Comisión de Valores y Bolsa (CVM), la empresa informó que el proceso de reorganización judicial fue presentado ante el Tribunal de Quiebras y Reorganización Judicial del Foro Civil Central de San Pablo.
En el documento, la empresa afirma que la decisión se tomó a la luz del “deterioro de las condiciones económicas y financieras”. El grupo cita, entre los factores que agravaron la situación, las altas tasas de interés, las restricciones crediticias, el aumento de los costos financieros y la presión sobre el consumo y el capital de trabajo.
El mercado reaccionó negativamente a la solicitud. Las acciones de Casas Bahia se desplomaron tras la apertura de la sesión bursátil de ayer lunes. Alrededor de las 11 de la mañana, habían caído un 30%, hasta los R$ 0,47. El precio de las acciones refleja la magnitud de la crisis que atraviesa la empresa. En 2020, cuando la compañía se encontraba en la cima de su trayectoria, las acciones se cotizaban a R$ 400. Además de Casas Bahia, la solicitud de quiebra incluye a otras nueve empresas del grupo.
La decisión representa un nuevo capítulo en el intento de reestructuración financiera de la cadena minorista. En 2024, cuando había acumulado aproximadamente R$ 4.100 millones en deuda, Casas Bahia ya había recurrido a una reestructuración extrajudicial.
Al solicitar protección judicial, la empresa busca resguardarse contra el cobro de deudas por parte de los acreedores. De ser aprobada, el cobro y el pago de las deudas se suspenden durante 180 días, plazo que puede prorrogarse por otros 180 días. La idea es darle tiempo a la empresa para reestructurarse y pagar a sus acreedores más adelante. Mientras tanto, las operaciones de la empresa continúan con la venta de productos y servicios.
Se convocará una junta de accionistas para deliberar sobre la solicitud, aprobada el domingo por el Consejo de Administración de la compañía. En dicha reunión, dos consejeros dimitieron: Jackson Medeiros de Farias Schneider y Rogério Paulo Calderón Peres. También se aceptó la dimisión del vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Fiscales de la compañía, Fabio Spina. El tribunal también debe aprobar la solicitud de reorganización judicial.
En su solicitud de quiebra, Casas Bahia informó haber despedido a aproximadamente 3.000 empleados y cerrado cerca de 300 tiendas solo este mes, lo que refleja la crisis que afecta a la empresa.
Los 3.000 empleados representan el 10% del total de empleados que el grupo tenía a finales de junio, según datos del informe financiero del segundo trimestre, publicado el domingo. La empresa contaba con 30.117 empleados ese mes.
Según Casas Bahia, los recortes y la reducción de puntos de venta forman parte de la reestructuración de la empresa, con el objetivo de reducir los costes operativos y “equilibrar sus importantes pasivos”.
El informe financiero publicado el domingo mencionaba explícitamente la posibilidad de una reorganización judicial o una nueva reorganización extrajudicial. La dirección declaró que estaba evaluando “alternativas operativas, financieras, corporativas y estratégicas adicionales” en función de la situación de liquidez y las proyecciones de flujo de caja.
La auditoría de EY también llamó la atención, en su informe que acompaña a los estados financieros, sobre una “incertidumbre significativa relacionada con la continuidad de la empresa”.
Además de reducir su estructura física y su plantilla, la cadena minorista informó que está revisando el inventario, los volúmenes de compra, los contratos, los gastos administrativos y las inversiones.
La empresa afirma que la estrategia tiene como objetivo reducir las necesidades de capital, mejorar la generación de efectivo y centrar las operaciones en los canales y categorías con mayores márgenes y rentabilidad.