La segunda audiencia del caso Nicolás Maduro en EE.UU. concluyó este jueves en Nueva York sin que el juez Alvin Hellerstein adoptara una decisión sobre la disputa por el pago de la defensa legal del exmandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores. El magistrado expresó dudas sobre el impacto de las sanciones estadounidenses que congelan fondos venezolanos, lo que impide a los acusados financiar a sus abogados en el proceso judicial. Además, Hellerstein dejó en claro que no está dispuesto, por ahora, a cerrar el caso pese al pedido de la defensa.
Los abogados de Maduro y Flores habían solicitado en febrero la desestimación del proceso luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) negara una licencia que permitiera utilizar fondos del Estado venezolano para cubrir los honorarios legales.
Tanto Maduro como el gobierno venezolano están sujetos a sanciones de EE.UU., por lo que uno de los abogados, Barry Pollack, solicitó dicho permiso a la OFAC, pero menos de tres horas después la agencia emitió una licencia enmendada que bloquea la transacción, según denunció.
El juez, de 92 años, cuya voz se percibió algo quebrada durante la sesión, afirmó que desestimar el caso "sería tomar una medida demasiado seria". Sin embargo, también cuestionó el alcance de las sanciones y su efecto en el derecho a defensa de los acusados.
Por su parte, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, defendió la postura del gobierno al señalar que Washington debe poder "utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional". Este argumento fue respondido por el magistrado, quien sostuvo que, dado que Maduro y Flores se encuentran detenidos, "no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional". No obstante, Hellerstein aún tiene que confirmar su decisión de manera oficial y no dio en la audiencia de hoy fechas de cuándo tomará esta decisión.
Hellerstein también introdujo un elemento político en su razonamiento al indicar que "las cosas han cambiado en Venezuela" y que Estados Unidos actualmente "hace negocios" con el país, lo que podría relativizar la aplicación estricta de las sanciones en este contexto judicial.
El proceso contra el exmandatario venezolano incluye acusaciones graves. Nicolás Maduro —al que hoy se le vio más delgado— enfrenta cuatro cargos: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, además de un cargo adicional por posesión de esas armas. En tanto, Cilia Flores está imputada por cuatro delitos vinculados, entre ellos conspiración para importar cocaína y posesión de armamento.
En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense, Maduro se declaró "no culpable" y se definió como un "prisionero de guerra", en una postura que refleja el carácter político que su defensa intenta imprimir al proceso.
La falta de definición del juez sobre el financiamiento de la defensa deja abierto un punto clave del caso, que podría incidir en el desarrollo del juicio en las próximas etapas. La discusión sobre las sanciones y su impacto en los derechos procesales de los acusados se perfila como uno de los ejes centrales del litigio.
"Confiamos en el sistema legal de EE.UU.", dijo el hijo de Maduro
El hijo del depuesto presidente venezolano dijo la AFP que confía en el sistema legal de Estados Unidos de cara al juicio por narcotráfico que encara su padre. El hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, insistió en los "vestigios de ilegitimidad" de este proceso porque se originó con lo que considera un "secuestro".
"Nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos", señaló no obstante el parlamentario venezolano, conocido popularmente como "Nicolasito". "Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos", afirmó. "Nosotros esperamos que desestimen los cargos, pero es un poco improbable, es improbable", había indicado más temprano. "Y esperamos, bueno, que se le permita su defensa, que se le permita tener la voz".
"Este juicio es un juicio que de origen ya tiene vestigios de ilegitimidad por la captura, el secuestro, la operación militar de un presidente electo", añadió. "Tiene inmunidad mundial, según el Convenio de Ginebra, el Convenio de Viena".
"Nicolasito" acompañó a centenares de seguidores del presidente depuesto en la plaza Bolívar de Caracas, donde una pantalla gigante transmitía la cobertura del juicio. "¡Libertad, libertad para Cilia y Nicolás!" coreaban los presentes.
Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. Delcy Rodríguez era su vicepresidenta y asumió el poder tras su captura. Bajo presión de Trump, la mandataria encargada dio un vuelco a la maltrecha relación con Washington con concesiones en petróleo y minería.
Con información de EFE y AFP
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