ARGENTINA

Contra todos los pronósticos, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, le puso un freno al Gobierno y suspendió los traslados de tres jueces que venían actuando en causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los jueces son Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli y habían presentado un recurso de per saltum contra sus trasladados aprobados por el Senado. La Corte también ordenó al Consejo de la Magistratura que no avance en el proceso de cubrir sus vacantes.

El fallo es un revés para el presidente Alberto Fernández y para Cristina Kirchner, que habían fustigado a la Corte, luego de que consiguieron que el Senado les negara un nuevo acuerdo a los jueces que habían investigado o iban a juzgar a la vicepresidenta por corrupción y se decretara el regreso a los cargos que ocupaban en 2017 y 2018.

Ahora todo ese trámite queda suspendido por esta medida previa tomada por “razones de urgencia”.

La Corte le impuso al expediente un trámite exprés, con la suspensión de los plazos habituales, para tomar una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de los traslados de estos jueces. Puede ser en dos o tres semanas. O menos.

El fallo fue unánime, aunque el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en su propio voto entendió que se estaba frente a un asunto de gravedad institucional que comprometía la república.

“Es inocultable entonces que el caso reviste una gravedad institucional inusitada, pues en su decisión se encuentra comprometida una institución básica del sistema republicano”, dijo.

El procedimiento indicado en el fallo que firmaron Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda es que en las próximas 48 horas el Consejo de la Magistratura fije su postura y que luego en el mismo plazo opinará el procurador General de la Nación, Eduardo Casal.

Recién entonces, con todos los argumentos sobre la mesa la Corte tomará una decisión de fondo.

Los persuadió de intervenir el hecho de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal demoraba una decisión.

Además, con el correr de los días el Gobierno avanzó con otras decisiones que cambiaron el escenario: el Senado les negó un nuevo acuerdo a los camaristas y el Poder Ejecutivo dictó un decreto para retrotraerlos a los lugares que ocupaban en 2017 y 2018, todo en menos de 24 horas.

Por eso la Corte entendió que no podía esperar más. “Las circunstancias originarias se han modificado a la luz de acontecimientos sobrevinientes que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procuran los actores, privándolos de su acceso a la Justicia”, dice el fallo. En otras palabras, si no actuaban ahora, todo iba a ser en vano.

Además, la Corte explicitó que no se trataba de resolver el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, sino que estaban en juego problemas que “atañen a la comunidad”. Los jueces de la Corte señalaron que “está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”.

Por eso destacaron en el fallo que el caso de los camaristas, en realidad, se refiere “de modo directo a los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales” y esos mecanismos pretenden “impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley”.

Esta frase puede ser leída como una advertencia para el Gobierno, pues alterar los mecanismos que regulan la integración de los tribunales puede hacer que las decisiones no respondan a la Justicia sino a otros intereses, políticos o privados.