AFP
La plataforma E-Verify será obligatoria en el estado de Florida a partir del 1° de julio para las compañías con más de 25 empleados. Se trata de una base de datos federal, en la que se deberá comprobar el estatus legal de los empleados. La normativa fue impulsada por el gobernador Ron DeSantis y busca impedir la contratación de personas indocumentadas, quienes ahora viven en una incertidumbre respecto a su futuro.

Benjamín Pérez se gana la vida limpiando viviendas en Miami. Trabaja sin permiso legal, como otros miles de extranjeros que forman una mano de obra primordial para el estado de Florida. El futuro de todos ellos pende ahora de un hilo por la ley migratoria recién aprobada.

Pérez, de 40 años, lleva dos décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos, pero teme no poder seguir haciéndolo. Como muchos, abandonó su país natal, México, buscando una mejor situación económica. Fue albañil, hasta que una lesión lo obligó a cambiar de sector.

Ahora vive en un apartamento del centro de Miami con su esposa nicaragüense y un sobrino de ella, Joel Altamirano. Los tres trabajan, aunque ninguno tiene permiso para hacerlo.

"Para los que venimos sin ningún documento, más que con las ganas de trabajar, se nos hacen más estrechos los caminos para encontrar un empleo", lamentó Pérez, quien pidió usar un seudónimo, por temor a los servicios migratorios.

"El sueño americano no es nada más que eso, un sueño", añadió. "El gobierno nos acorrala cada día más. Esta vez el trato es sin misericordia. Prácticamente ya no valemos nada".

"Para Estados Unidos nosotros no existimos", dijo Pérez, quien además reclamó: "Estados Unidos fue construido por gente de todas partes y yo soy uno de ellos".

En Florida, un estado de unos 22,2 millones de habitantes, viven 772.000 migrantes indocumentados, según una estimación del laboratorio de ideas Migration Policy Institute.

Muchos de ellos trabajan en sectores esenciales para la economía estatal como la agricultura, la construcción y la hostelería.

Impedir que lo sigan haciendo tendrá graves consecuencias económicas, advirtió Samuel Vilchez, director para Florida de la American Business Immigration Coalition, una asociación empresarial que aboga por una mejor integración de los migrantes en la economía.

"Ataca a nuestras empresas y les impide crear nuevos puestos de trabajo, generar ingresos y prestar los servicios que pretenden ofrecer", explicó Vilchez. "Va en contra de lo que sabemos que es bueno para la economía y tendrá efectos devastadores para Florida".

Según la ONG Florida Policy Institute, la nueva ley podría generar pérdidas anuales de 12.600 millones de dólares para la economía del estado al reducir la mano de obra, los gastos de los migrantes indocumentados y los impuestos que pagan.

La incertidumbre creada por el cambio legal ya tiene consecuencias en los lugares de trabajo, a pesar de que aún no ha entrado en vigor y de que no obliga a denunciar la presencia de extranjeros en situación irregular.

"En la compañía donde yo trabajo, muchas personas se han ido, se han movido de estado. Hay mucho temor por la ley", dijo Altamirano, un obrero de la construcción de 38 años. "Todos los políticos quieren su parte del pastel y nosotros pagamos los platos rotos", agregó el mexicano. "Vinimos para trabajar, enviar dinero a nuestras familias, gastarlo aquí y pagar impuestos. Esto es injusto".

De momento no piensan regresar a sus países. Varios familiares dependen de sus remesas y, en el caso de Altamirano, está el temor de volver a vivir bajo el gobierno autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua.