Redacción El País
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció ayer jueves que vetará la ley aprobada por el Congreso que rebaja la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo. “Cuando llegue a mi mesa, la vetaré”, dijo Lula en una rueda de prensa en Brasilia, al día siguiente de que el Senado diera luz verde a la norma.
El veto podría no obstante ser derrumbado posteriormente por el Congreso. Bolsonaro fue condenado en septiembre por el Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 años de cárcel por intentar impedir en 2022 la llegada al poder de Lula.
Con la nueva norma, su tiempo de prisión efectivo, calculado actualmente por la justicia hasta 2033, podría quedar en algo más de dos años.
El proyecto fue tramitado en una semana por ambas cámaras del Congreso, justo antes del receso navideño. Bolsonaro está encarcelado desde finales de noviembre en dependencias de la policía federal en Brasilia.
La nueva ley también puede conceder libertad condicional a más de un centenar de presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.
Lula ha dicho que su antecesor “tiene que pagar” la condena impuesta por el STF, pero ayer jueves reconoció que es parte del “juego” político que el Congreso pueda derribar su veto.
Los aliados de Bolsonaro en el Congreso subrayan sin embargo que seguirán promoviendo una amnistía total.
“No era exactamente lo que queríamos, no era por lo que estábamos luchando, pero es lo que era posible en esta coyuntura”, dijo tras la votación el senador Flávio Bolsonaro, designado por su padre como candidato de la derecha en las presidenciales de 2026.
Paralelamente, los abogados del expresidente piden que sea trasladado a un hospital rápidamente para someterse a dos cirugías, una para tratar un hipo recurrente y otra para reparar una hernia inguinal.
Bolsonaro ha sido operado en varias ocasiones debido a una puñalada que sufrió durante la campaña electoral de 2018.
Su defensa también pidió que el exmandatario regrese a prisión domiciliar -donde permaneció varios meses desde agosto- por su estado de salud.
“Grave retroceso”
El miércoles, apenas se votó el proyecto de ley del Senado y antes de que Lula confirmara que lo vetará, la ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, calificó como un “grave retroceso” reducirle la pena a Bolsonaro.
Representa “una falta de respeto a las decisiones del Supremo Tribunal Federal y un grave retroceso a la ley que protege la democracia”, afirmó Hoffman en sus redes sociales.
Hoffman, una de las figuras más importante del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, criticó directamente a “la conducción” de la bancada oficialista en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado (CCJ), la instancia anterior a que sea enviado al plenario de la Cámara alta donde posteriormente el proyecto fue aprobado por mayoría.
Según ella, la lideranza oficialista en la CCJ actuó de forma contraria a la orientación original del Ejecutivo, que se oponía a la propuesta.
La aprobación en la CCJ fue posible gracias a un acuerdo de procedimiento orquestado por el líder del Gobierno en el Senado, Jaques Wagner, del PT.
El senador admitió haber facilitado el avance del texto, alegando que su aprobación era “inevitable”, y pidió a cambio destrabar una agenda económica, que buscaba agilizar la votación de una ley que recorta incentivos fiscales y aumentar impuestos sobre apuestas y fintechs.
“Los condenados por atentar contra la democracia tienen que pagar por sus crímenes”, enfatizó en su mensaje Hoffman, que fue presidenta del PT durante dos mandatos antes de asumir este año el ministerio a pedido de Lula.
El relator del proyecto, Esperidião Amin, del partido Progresistas, aceptó este miércoles incluir una enmienda en el texto original para restringir las condiciones para la reducción de la pena en régimen cerrado y limitar los beneficiarios del proyecto a aquellos relacionados con los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.
Ese era uno de los argumentos principales de los detractores, que criticaban que el texto original del proyecto interfería en sentencias ya consolidadas por el STF y que podía beneficiar a otros condenados por delitos graves.
La enmienda fue clasificada como un “ajuste de redacción” para evitar que el proyecto vuelva a la Cámara baja y pueda ser aprobado hoy mismo, antes de que el Congreso entre en receso.
Las malas noticias para el clan Bolsonaro no terminaron ayer en el anuncio de Lula de que vetará la reducción de la pena al expresidente. El titular de la Cámara de Diputados declaró la pérdida de mandato del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y que se encuentra desde inicios de este año en Estados Unidos, por superar el límite de faltas no justificadas permitido por la ley.
También decretó la pérdida de la banca del diputado Alexandre Ramagem, condenado en septiembre a 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista y que se encuentra prófugo en Estados Unidos.
Presidente seguro de su reelección en 2026
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió ayer jueves que será reelegido para un nuevo mandato en 2026 y que derrotará a cualquier candidato de derecha, entre los que figura un hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. “No voy a juzgar a los hijos o a la esposa de Bolsonaro”, porque “el dato concreto es que vamos a ganar las elecciones”, declaró Lula en una rueda de prensa, en Brasilia.
Lula respondió así a una pregunta sobre la candidatura ya anunciada por el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente condenado a 27 años de cárcel por golpismo y que entre sus promesas ya ha citado la posibilidad de indultar a su padre. “No tengo ninguna capacidad para juzgar a mis adversarios” y “quien crea que pueda ganar que venga para la disputa”, pero “puedo asegurar que la extrema derecha no volverá a gobernar este país”, afirmó Lula, líder del PT, quien aspirará a un cuarto mandato a sus 80 años de edad. EFE
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