Corrupción en Argentina

Piden allanar los domicilios particulares y el despacho del Senado de la expresidenta.

El juez federal Claudio Bonadio aceleró ayer la investigación contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas: pidió autorización al Senado para allanar sus tres domicilios habituales y su despacho del Congreso, mientras prepara un nuevo pedido de desafuero en su contra.

Bonadio quiere allanar el departamento de Cristina Kirchner en el barrio de la Recoleta; y sus dos casas de Santa Cruz: la de Río Gallegos y la de El Calafate. Como la expresidenta tiene fueros, Bonadio no puede hacerlo sin autorización del Senado.

En paralelo con esta solicitud, el juez prepara su segundo pedido de desafuero de Cristina Kirchner (el primero había sido en la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA). Según fuentes judiciales, lo efectivizará después del 13 de agosto, la fecha prevista para la indagatoria de la expresidenta. Si no se presenta, para llevarla por la fuerza pública. Pero en el entorno de ella afirmaron que va a asistir a la cita del juez, como lo hizo siempre. Eso le permitiría al juzgado seguir adelante con el proceso en su contra sin inconvenientes. ¿Por qué pediría entonces Bonadio su desafuero? Para procesarla con prisión preventiva. El juez ya imagina un escenario posindagatoria con la expresidenta procesada y con una detención sujeta a la decisión del Senado de desaforarla.

En tanto, dos fiscales pidieron ayer jueves elevar a juicio oral una causa en la que están procesados la expresidenta y sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques consideraron cerrada la etapa de instrucción de este caso, al apuntar que se encuentra "cabalmente demostrado" que "se instrumentó un mecanismo constante y permanente de lavado de dinero" a través de la actividad inmobiliaria de la sociedad familiar Los Sauces.

En su resolución, aseguraron que Cristina y su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, "organizaron y dirigieron" una "estructura criminal" para cometer distintos delitos y los señalaron como los "máximos jefes" de una asociación ilícita.

Para los fiscales, está corroborada la existencia de esta y, por ende, que el matrimonio presidencial, junto a funcionarios públicos de distintas carteras y empresarios "allegados", como los constructores Lázaro Báez o Cristóbal López, articularon "planes delictivos" para "permitir a unos y a otros obtener fondos y beneficios del Estado".