El gobierno de Israel ha tomado medidas unilaterales para darse un mayor control sobre Cisjordania, desafiando la oposición del presidente Donald Trump a la anexión israelí del territorio. Las medidas, que facilitan a los colonos judíos la compra de tierras y socavan a la Autoridad Palestina en partes de Cisjordania que esta administra, podrían violar acuerdos importantes que Israel firmó durante el proceso de paz de Oslo hace décadas.
Los cambios fueron implementados por el Gabinete de Seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu en una reunión a puerta cerrada el domingo.
Netanyahu, quien tiene previsto viajar a Washington para reunirse con Trump el miércoles, no anunció los cambios. En cambio, estos fueron detallados tras la reunión del domingo por dos ministros del gobierno que supervisan la política en Cisjordania. Uno de ellos fue Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, que ha impulsado una serie de otras medidas que amplían la presencia de Israel en Cisjordania.
“Estamos profundizando nuestras raíces en todas partes de la Tierra de Israel y enterrando la idea de un Estado palestino”, dijo Smotrich en una declaración.
Estos acontecimientos se producen después del reciente y explícito rechazo de Trump a la anexión, su reconocimiento de las aspiraciones de los palestinos a un Estado independiente (hechas explícitamente en su plan de paz para Gaza) y su apoyo a las conversaciones políticas entre israelíes y palestinos.
Además, ocho países árabes y musulmanes, entre ellos Egipto, Jordania, Turquía, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, denunciaron los últimos cambios en un comunicado el lunes. Acusaron a Israel de "acelerar los intentos de anexión ilegal y el desplazamiento del pueblo palestino". Hussein al-Sheikh, el segundo funcionario más importante de la Autoridad Palestina, pidió a Liga Árabe, a la Organización de Cooperación Islámica y al Consejo de Seguridad de la ONU que condenaran las medidas y exigieran "que Israel se retracte de ellas inmediatamente".
Las nuevas medidas facilitan principalmente la compra de tierras por parte de colonos judíos, empezando por la derogación de una ley anterior a 1967 que prohibía la venta de propiedades en Cisjordania excepto a residentes locales, es decir, palestinos.
Según críticos, la medida podría permitir que grupos de colonos con amplios recursos influyan en la política israelí en Cisjordania al adquirir propiedades dentro de áreas que los palestinos prevén incluir en un futuro Estado, dado que el Ejército israelí tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos dondequiera que se encuentren.
El Gabinete de Seguridad también derogó el requisito de un "permiso de transacción" antes de cerrar la compra de terrenos. Estos permisos habían ayudado a combatir las falsificaciones y el fraude, algo que sucede cuando israelíes quieren comprar propiedades a palestinos que no quieren venderlas. Solicitar un permiso también permitía al Ministerio de Defensa rechazar la compra de propiedades en zonas vulnerables.
Otro cambio que podría tener graves consecuencias para los palestinos que venden tierras a israelíes fue la apertura del registro de tierras en Cisjordania a revisión pública.
Hasta ahora, los registros de tierras han sido confidenciales, lo que dificulta a los posibles compradores localizar a los propietarios ausentes. Dado que las ventas a judíos están prohibidas por una ley de la Autoridad Palestina que conlleva la pena de muerte, mantener los registros de tierras confidenciales también podría proteger a los vendedores palestinos de un proceso judicial.
Los Acuerdos de Oslo otorgaron a la Autoridad Palestina el control administrativo de aproximadamente el 40% de Cisjordania. Los cambios pondrán incluso esas zonas bajo el control de las fuerzas de seguridad israelíes —con la facultad de demoler estructuras palestinas por infracciones— en lo que respecta a sitios patrimoniales y arqueológicos, y riesgos ambientales.
Por David M. Halbfinger y Isabel Kershner / The New York Times
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