La Fiscalía de Paraguay pidió ayer viernes ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña, al que acusa de asociación criminal junto a cinco directivos del Banco Central para proteger a Ueno Bank, cuyo colapso precipitó su destitución y encarcelamiento.
“Desde la Presidencia de la República Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura”, señala un acta de la fiscalía.
El fiscal Christian Benítez dijo a periodistas que este nuevo cargo contra el exmandatario se suma a los de lesión de confianza y administración en provecho propio, de los que fue acusado inicialmente, lo que implica una ampliación de la acusación. En ese contexto, Benítez indicó que la asociación criminal y la lesión de confianza se catalogan como delitos “precedentes” (previos) al lavado de activos.
Un juez deberá decidir si lo imputa también por el delito de asociación criminal. De ser declarado culpable, Peña enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión.
La justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo.
Una está centrada en los directivos de Ueno Bank, diez de los cuales se encuentran detenidos. La otra, en torno a Peña y al expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, ambos en prisión preventiva.
Entre el jueves y el viernes, la fiscalía detuvo a otros cuatro funcionarios que formaban parte del directorio del BCP.
Según el Ministerio Público, Peña, de 47 años, habría encabezado una “estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal” para subordinar los controles financieros del BCP a los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank. La Fiscalía sostiene que Peña habría mantenido “reuniones clandestinas periódicas” de coordinación con Federico Vázquez, presidente del grupo.
La nueva imputación alcanza también a Carvallo, al superintendente de Bancos Holger Insfrán, detenido el jueves, y a tres exmiembros del directorio: Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González. Según la Fiscalía, los funcionarios habrían actuado de manera coordinada para ocultar las irregularidades financieras de Ueno y permitir que continuara captando depósitos pese a las advertencias sobre su insolvencia.
El BCP intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, y cientos de miles de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos.
Peña está acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno, en cuyo grupo controlador tuvo acciones hasta 2025. Es señalado de engordar la entidad con millones en fondos públicos y de ocultar o minimizar sus problemas pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.
El BCP ya devolvió mediante un fondo de garantías la totalidad de sus ahorros al 80% de los 1,8 millones de depositantes de Ueno.
Sin embargo, el grueso del dinero depositado sigue sin aparecer, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos.
La fiscalía paraguaya informó que varios países hallaron fondos vinculados al banco digital y que hará gestiones para congelarlos. El fiscal no especificó a qué países se refería.
El lunes, la fiscalía había anunciado el inicio de gestiones informales con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar dinero de Ueno y sus empresas vinculadas.
Peña fue destituido el 6 de noviembre en un acelerado juicio político en el Senado. Su vice Pedro Alliana deberá completar el mandato hasta 2028.
Con información de EFE y AFP
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