El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa serán juzgados por tráfico de drogas en Nueva York a partir del 1 de junio de 2027, anunció un tribunal federal ayer miércoles, casi siete meses después de la captura de la pareja en Caracas.
Presos están en una cárcel de Brooklyn. Maduro, de 63 años, está procesado por cuatro cargos de narcotráfico y tráfico de armas. Su esposa Cilia Flores, de 69 años, enfrenta tres cargos.
Comandos estadounidenses sacaron a la pareja de su complejo residencial en Caracas el 3 de enero. La operación relámpago combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres y puso fin al mandato de Maduro, en el poder desde 2013.
Durante una audiencia preparatoria ayer, el juez Alvin Hellerstein fijó la apertura del juicio para el 1 de junio del próximo año, tras una solicitud conjunta de la fiscalía y la defensa.
Manifestantes con carteles que decían “Liberen al presidente Maduro” se congregaron frente al tribunal de Manhattan, ondeando banderas venezolanas, mientras que otros exhibían pancartas en las que calificaban a Maduro y Flores de “dictadores”.
Durante su primera comparecencia en Nueva York el 5 de enero, poco después de su detención, Maduro se presentó como “un prisionero de guerra”. Entonces se declaró no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Desde la salida de Maduro del poder, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna con el aval del gobierno de Donald Trump. Estados Unidos controla las exportaciones de petróleo venezolano, cuyos ingresos van a cuentas especiales supervisadas por Washington.
En abril, Estados Unidos permitió a Venezuela pagar la defensa legal de Maduro y Flores, algo que anteriormente estaba prohibido por las sanciones estadounidenses.
Además del proceso penal contra el ex dictador, las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela emprendieron a comienzos de julio una acción civil en su contra, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones. La demanda presentada el mes pasado afirma que Maduro hizo que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo de seguridad de élite, ejecutara a los jóvenes entre 2017 y 2020. AFP
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