Demandarán a INAU, Justicia y Mides por caso de adopción revertida tras falta de acuerdo: “Fueron a negar los hechos”

Rosana Delgado, quien fue madre adoptiva de una bebé durante meses en 2025 hasta que se decidió retornarla a su familia biológica —denominado como caso Itzaé (nombre ficticio)—, demandará al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Poder Judicial y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), luego de una audiencia de conciliación este miércoles en la que no se llegó a un acuerdo.

Según explicó su abogado defensor, Ignacio Durán, a El País, la mujer inició una acción judicial “por daños y perjuicios y daño moral” contra estos organismos, los cuales “se encargaron en primer lugar de darle la niña a ella y de quitársela ocho meses después con una resolución judicial que no es ajustada a derecho, pero que viene motivada por un error administrativo grosero del INAU, que perfectamente pudo haber sido evitable”.

“Este miércoles fue el comienzo del proceso, con la audiencia de conciliación, en la cual no hubo acuerdo, pero fue una audiencia muy movilizadora desde la humano, donde la jueza les pidió a los demandados especial empatía con la situación, que ella obviamente no puede prejuzgar, pero que es muy dolorosa”, manifestó.

No obstante, el jurista remarcó que las partes demandadas “fueron directamente a negar los hechos, cerrar el acta de conciliación y esperar a ver si llega una demanda, que ya adelanto que va a llegar, porque Rosana no quiere dejar las cosas así”.

Asimismo, Durán aclaró que el accionar de Delgado, más allá de que “se demanda una situación y se busca reparar económicamente este horror administrativo del INAU”, no tiene un “fin económico”.

“Incluso si el INAU, por ejemplo, gestionara con los nuevos papás adoptivos de la niña unas visitas para ella, deja sin efecto cualquier acción judicial con tal de volver a ver a la niña de vuelta”, comentó. Sin embargo, solicitan una indemnización de US$ 250.000 por concepto de daño moral y de $ 300.270 por daño emergente.

“De todos modos, la abogada del INAU nos dijo que ella iba a informar sobre la situación, tiene que hacer un informe de la audiencia, y que iba a abogar por que haya un contacto previo antes de la demanda, que evite lo que para mí va a ser seguramente una sentencia de condena que no va a dejar a nadie contento”, afirmó Durán.

Consultada por El País, la presidenta del INAU, Claudia Romero, señaló que la investigación administrativa comenzada por el organismo a principios de año aún no finalizó, por lo que no se puede acceder a una conciliación.

La bebé fue dada en adopción con un mes de edad, ya que no tuvo visitas en el hospital y no hubo contacto con su familia biológica. Sin embargo, su tío, al enterarse de la adopción, la buscó hasta encontrarla. En un proceso que terminó en la Justicia, se estableció que la prioridad de la tenencia la tenía la familia biológica, por lo que se le quitó la niña a la mamá adoptiva y se la dio al tío.

El caso

La niña nació a principios de marzo de 2025 en el Hospital Pereira Rossell. El 25 de ese mes, el Poder Judicial recibió un informe del centro médico, en el que se señaló que su madre biológica no tenía “capacidad de cuidado”. A raíz de ese informe, la Justicia estableció que se buscara una familia del Registro Único de Aspirantes a la Adopción (RUA) para la niña, mientras se investigaba a la familia biológica para analizar si había otros familiares con quien vivir.

Así, INAU solicitó el informe del Pereira Rossell en los primeros días de abril y semanas después se logró dar con el tío de la niña, hermano de la madre, quien ya cuidaba de dos sobrinos suyos, hermanos de la niña. El 11 de abril, la niña fue a una madre adoptiva designada.

La Justicia estableció una audiencia para el 26 de mayo para determinar la situación de la niña, quien para entonces ya estaba bajo el cuidado provisorio de su madre adoptiva. Previo a esa instancia, INAU envió dos informes acerca de la familia biológica, donde se comunicó acerca de las circunstancias del tío biológico, a quien se le realizó una pericia psicológica por disposición de la Justicia. El estudio psicológico, a cabo del Poder Judicial, finalizó meses después y finalmente la niña fue transferida a vivir con su tío y sus dos hermanos. Esto sucedió el 9 de octubre.

Sobre el caso, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) emitió una resolución en la que asegura que se constató una “vulneración de derechos” de la infante y solicitó al INAU que informe sobre “las dificultades encontradas en este proceso y también sobre el avance del proceso de integración de la niña en su familia adoptante y las implicancias en términos de apego”.

Según la institución, no se tuvo en cuenta el “proceso de integración a su familia adoptante, el vínculo con su madre adoptante y el resto del núcleo familiar ya adquirido”. La resolución de la Inddhh surgió tras la denuncia de la entonces madre adoptiva.