Fernández avanza en juicio político a la Corte Suprema

Alberto Fernández obtuvo ayer martes el respaldo de menos de la mitad de los gobernadores para presentar el pedido de juicio político contra los ministros del máximo tribunal. Al menos once mandatarios lo acompañaban, hasta ayer a la tarde, en el escrito que presentará hoy miércoles en la cámara de Diputados.

Para los caciques provinciales más beligerantes, que ayer participaron de una reunión en Casa Rosada, los jueces incurrieron “en la violación de la ley Ética Pública y en mal desempeño”.

En concreto, el presidente cuestiona el fallo de la Corte que repuso parte de los fondos de la coparticipación primaria a la administración del gobierno de la Ciudad, al mando del opositor Horacio Rodríguez Larreta.

También cuestiona el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de una ley que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura, que consiste en asegurar la independencia del Poder Judicial.

Por último, hace alusión a la relación del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, con el mano derecha del presidente de la Corte, Silvio Robles (ver aparte).

El número de apoyos a la iniciativa de Fernández generó vértigo durante toda la jornada de ayer: el Gobierno, de hecho, envió un comunicado a la prensa y un texto con el pedido de juicio político que figuraba con la adhesión del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que sin embargo no respaldará la medida.

“No firmó el comunicado ni va a acompañar la petición contra los miembros de la Corte”, dijeron fuentes cercanas al mandatario entrerriano a La Nación. La decisión sorprendió a la Casa Rosada.

Según fuentes de la casa de Gobierno, Fernández presentará el pedido de juicio político hoy en la mesa de entradas de Diputados, para que tome curso en comisión.

Pese a que el oficialismo no contaría con los votos en la Cámara baja, cerca de Fernández creen que el proceso, de mínima, obtendría dictamen. La titular de la comisión, Carolina Gaillard, es entrerriana. Aunque el gobernador de su provincia no adherirá, la legisladora también tiene muy buena sintonía con Fernández.

En un comunicado, el Gobierno señaló que Fernández y los once gobernadores firmantes -la mitad de los mandatarios del país- decidieron “impulsar el juicio político contra el presidente de la CSJN, doctor Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño” y “solicitar que se inicie el proceso de juicio político respecto de (el juez Carlos) Rosenkrantz, (el juez Juan Carlos) Maqueda y (el juez Ricardo) Lorenzetti”. “Por último, pedimos al bloque del Frente de Todos que impulse el proyecto para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso”, agregaron.

En una escena similar a la que se vivió el 22 de diciembre cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad, Fernández recibió hoy a un grupo de gobernadores peronistas en el Salón Eva Perón para redoblar la cruzada contra el máximo tribunal.

“Consideramos que esta Corte tuvo una manifiesta parcialidad porque los fallos que hemos observado fueron para beneficiar a un sector político. Los argentinos no pueden estar tranquilos con miembros de la Corte que violan la Constitución”, dijo el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada.

“La Corte avanzó sobre los otros poderes. Nos sentimos damnificados”, dijo Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que también ofició de vocero al término del encuentro.

Hay gobernadores que no formarán parte de la jugada política del presidente. Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, firmó el anterior comunicado, pero esta vez no lo hizo. Por ahora no lo convencieron.

Sergio Uñac, del Partido Justicialista y gobernador de San Juan, que sí había estado cuando Fernández convocó por la coparticipación, no asistió a esta segunda reunión. “No está de acuerdo con esta decisión”, dijeron a La Nació allegados al gobernador.

Luego de que la Corte resolviera hacer lugar a la cautelar presentada por la administración de Rodríguez Larreta, Fernández dijo que el fallo era de “imposible cumplimiento” anunció que iba a recusar a los cuatro miembros de la Corte.

Presentó, además, un pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución dictada por los cortesanos.

Tres días después, vía Twitter, Fernández anunció que pagaría con bonos públicos el monto actualizado que la Corte ordenó reponer a la Ciudad.

Esa actitud fue cuestionada por los gobernadores que tenían las posturas más intransigentes y por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que aludió irónicamente a la Casa Rosada como la “Agrupación Amague y Recule”.

Luego de que se conocieran los chats filtrados entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, uno de los principales asesores de Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia (ver aparte), Fernández se alineó con las posturas más duras del kirchnerismo y de algunos gobernadores del Partido Justicialista, y anunció que avanzaría con el juicio político. Aseguró que lo hizo por iniciativa propia.