Cristina Kirchner reapareció ayer martes en su primer acto público luego de la condena a seis años de prisión que le dictó un tribunal el pasado 6 de diciembre por supuesta corrupción en la concesión de obras públicas, y de su anuncio de que no será candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023 en Argentina.
La vicepresidenta volvió a presentarse como víctima de una persecución política por parte de la oposición y del Poder Judicial. Lo de ella no fue un “renunciamiento”, sino una “proscripción”, afirmó.
“El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón. Tampoco hay autoexclusión. Vamos a hablar clarito: hay proscripción”, dijo Cristina Kirchner al inaugurar el polideportivo Diego Maradona en la localidad bonaerense de Avellaneda.
El de ayer martes es el primer acto público en el que participa la vicepresidenta después de que el 6 de diciembre un tribunal la condenara por administración fraudulenta a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un caso por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), un fallo que ha decidido apelar.
Tras conocer la sentencia, Cristina Kirchner dijo que era obra de la “mafia judicial” y de “un sistema paraestatal” dominado por el “poder económico y mediático” y anunció que no se presentará a los comicios generales de 2023 porque no va a “someter” al peronismo a que lo “maltraten” por una “candidata condenada”.
“No hice un renunciamiento. Anuncié que yo no iba a someter a la fuerza política nuestra a llevar de candidata a alguien que le dijeran ‘está condenada’ y, de esta manera, ser absolutamente funcional a lo de ellos. Esto no es contra mí, es contra el peronismo”, reiteró ayer martes.
Cristina Kirchner sostuvo que la “estrategia de proscripción” la “comenzaron a pergeñar” en diciembre de 2015, cuando concluyó su segundo mandato presidencial, y “lo primero que hicieron fue armar un juicio” y planificar sentarla en el banquillo de los acusados, en “una clara maniobra proscriptiva” que se ha estirado para que llegue hasta un nuevo proceso electoral, el de 2023.
A su juicio, la proscripción es un “acto de disciplinamiento” a la clase política para que nadie nunca más se atreva “a tanto” como lo ha hecho su Gobierno en materia de redistribución del ingreso.
“Lo que dije ese día -el 6 de diciembre-, después del fallo fue meditado. No soy una loca. Ni renunciamiento, ni autoexclusión, proscripción”, insistió.
Criticas a la Corte
La vicepresidenta indicó que Argentina se encuentra “ante un hecho ajurídico, como si hubiera desaparecido el Estado de derecho”, que “influye en la calidad de vida de los ciudadanos” y llamó a “despabilarse”.
La vicepresidenta también cuestionó el reciente fallo de la Corte Suprema que ordena al Gobierno nacional restituir a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el opositor Horacio Rodríguez Larreta, fondos derivados de la recaudación tributaria federal.
“¿Qué está pasando con la democracia en la Argentina? Mauricio Macri dio muchísimo a la ciudad más rica de la Argentina”, sostuvo Cristina Kirchner.
“La Corte hizo caso omiso a una Ley, una cosa insólita”, acusó la exmandataria en relación al fallo de la Justicia. “No estamos ante un hecho antijurídico, sino un hecho ajurídico. Este partido judicial está influyendo sobre la calidad de vida de todos los ciudadanos. Hay que despabilarse”, apuntó.
“El mismo día que no hice el renunciamiento, en una cena con varios compañeros, hablé y les dije que esto no es contra mí. Sino que es contra el peronismo. Lo dije hace mucho tiempo”, precisó al respecto la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Le van a dar para la campaña electoral al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que seguramente va a ser el candidato de la oposición, fondos equivalentes a seis años de presupuestos de la localidad de Avellaneda”, objetó.
“En la Ciudad de Buenos Aires, tienen todo. Está todo consolidado: buses, trenes, subtes”, indicó la vicepresidenta al criticar el fallo de la Justicia a favor del gobierno porteño.
Cristina Kirchner sostuvo que se necesita que “vuelva a haber un árbitro en serio del Poder Judicial que aplique el derecho y que tenga la garantía para todos los ciudadanos de que todos son iguales ante la ley”, algo que “no existe hoy y es grave”.
“Que hoy veamos a nuestra democracia con un Estado paralelo, capturada por las mafias, no es justo”, aseveró.
En los tramos finales de su discurso, la exmandataria habló de la existencia de una “doble vara” en la sociedad. “La realidad es que hay una patente de corso y de impunidad para todo aquel que no sea peronista”, concluyó.
Antes de que hablara Cristina, lo hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien lanzó duras críticas al gobierno de Mauricio Macri.
El gobernador bonaerense también defendió la quita de la coparticipación a la Ciudad. “Lo que no pudieron hacer como gobierno, lo están haciendo a través del partido judicial. Cuando las urnas le dieron la espalda, fue la justicia la que los avaló”, afirmó.
Fernández pidió a la Corte revocar el fallo a favor de Buenos Aires
El gobierno argentino, mediante dos escritos firmados por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió a la Corte Suprema que revoque su propio fallo en el que le ordenó al Estado Nacional restituirle fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, y solicitó el apartamiento de todos los jueces del máximo tribunal.
Los jueces recibieron los escritos, pero no tienen previsto reunirse esta semana por el caso. Por lo tanto, el debate del asunto pasará al mes de febrero, cuando se reanude la actividad judicial, luego de la feria de enero, mes en el que permanecen cerrados los tribunales.
El escrito del gobierno señala que en la decisión de la Corte Suprema sobre la medida cautelar se adelantó opinión sobre el fondo del caso. Además, argumentó que el fallo es “arbitrario” porque no se explicaron los motivos por los cuales se estableció la transferencia de un monto fijo del 2,95% de los fondos coparticipables de la Nación.
Zannini solicitó además que de este recurso se le dé traslado a la Ciudad de Buenos Aires para que opine y que luego se lo conceda con efecto suspensivo, es decir, suspendiendo la orden de la propia Corte de transferir de manera diaria, a través del Banco Nación, unos 1.100 millones de pesos (algo más de 6 millones de dólares) a la administración porteña.
Juicio político
En tanto, el bloque de diputados de la opositora Unión Cívica Radical (UCR) presentó ayer martes en el Parlamento un proyecto de resolución para promover un juicio político al presidente Alberto Fernández.
La solicitud de juicio político fue presentada a partir de la decisión del jefe de Estado de pagar con bonos públicos los fondos derivados de la recaudación tributaria que la Corte Suprema le ordenó la semana pasada restituir a la Ciudad de Buenos Aires. El presidente de la UCR, Mario Negri, dijo que intentar pagar con bonos los fondos de la denominada “coparticipación” tributaria “es un ardid malicioso para solapar la desobediencia al fallo de la Corte Suprema”.
El proyecto de la UCR promueve el juicio político contra Fernández “por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone” la Constitución.
Para avanzar en un juicio político, la Cámara de Diputados debe aprobar por al menos las dos terceras partes de sus miembros una resolución para promover el proceso y luego constituirse como acusadora ante el Senado, cámara a la que le corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara Baja.
Según la Constitución, cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema y el jefe de Estado no puede ser declarado culpable sin la mayoría de los dos tercios del Senado.
La UCR es uno de los partidos que integran el frente opositor Juntos por el Cambio, que no tiene las dos terceras partes de las bancas en ninguna de las dos cámaras por lo que difícilmente podría prosperar el pedido de juicio político.
En base a La Nación (GDA) y EFE