Redacción El País
El gobierno del republicano Donald Trump anunció esta semana que revocará la base establecida en 2009 para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, desde los tubos de escape de los vehículos o las centrales de gas y carbón.
Tras un fallo de la Corte Suprema, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) dictaminó durante el primer mandato del expresidente demócrata Barack Obama que los gases de efecto invernadero son peligrosos para la salud pública y, por lo tanto, podía regular sus emisiones bajo una normativa de 1970, la Ley de Aire Limpio.
La llamada “Declaración de peligro de 2009” constituye la base legal de muchas regulaciones federales para combatir el calentamiento global.
Desde que Trump, un defensor de los combustibles fósiles y escéptico del calentamiento global, regresó a la Casa Blanca en enero, las autoridades federales han cambiado de rumbo en la política climática. “De concretarse, el anuncio (de derogar la Declaración de peligro de 2009) constituiría la mayor medida desregulatoria en la historia de Estados Unidos”, declaró el actual director de la EPA, Lee Zeldin.
Zeldin acusa a la EPA de haber llegado en 2009 a conclusiones apresuradas, sobre las que existe un gran consenso científico pero que según él causaron daños importantes a la economía estadounidense.
“Los conservadores aman el medio ambiente, quieren ser buenos administradores del medio ambiente” pero “hay personas que (...) están dispuestas a llevar al país a la bancarrota en nombre de la justicia ambiental”, dijo Zeldin en el pódcast “Ruthless”.
El sector del transporte es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos porque la inmensa mayoría de sus habitantes usan el coche en sus trayectos cotidianos.
Es previsible que los grupos ecologistas y los estados lleven el caso ante la justicia para una batalla legal que podría llegar a la Corte Suprema.
Desde enero Trump ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático y ha favorecido la explotación de petróleo y gas, especialmente en las zonas de Alaska.
El exvicepresidente demócrata Al Gore lamentó en un comunicado el anuncio de EPA señalando que la agencia “ignora la evidente realidad de la crisis climática y margina a sus propios científicos y abogados en beneficio de los intereses y las ganancias de la industria de los combustibles fósiles”.
“Debilitar las medidas que reducen la contaminación por gases de efecto invernadero perjudicará la competitividad estadounidense en una economía global que se aleja del petróleo, el gas y el carbón”, añadió Al Gore.
Polémico informe
La EPA, no obstante, aseguró poseer datos científicos actualizados que desafían las suposiciones en las que se basó la Declaración de Peligro de 2009.
El aumento del nivel del mar no se está acelerando. Un mayor nivel de dióxido de carbono en la atmósfera beneficiará el crecimiento de las plantas. Los modelos informáticos utilizados para predecir el calentamiento global tienden a exagerar los futuros aumentos de temperatura.
Estos argumentos, esgrimidos habitualmente por quienes rechazan el consenso científico sobre el cambio climático, se incluyeron en un informe del Departamento de Energía divulgado el martes.
El informe, cuyo objetivo es respaldar los esfuerzos de la administración Trump por desmantelar las regulaciones climáticas, sostiene que la visión científica dominante sobre el cambio climático es demasiado pesimista e ignora los efectos positivos del calentamiento global.
El informe demuestra hasta qué punto el presidente Trump está utilizando su segundo mandato para librar una batalla contra la investigación sobre el cambio climático.
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Si bien el primer gobierno de Trump a menudo desestimó a los científicos federales y revocó más de 100 políticas ambientales, los funcionarios, en su mayoría, se abstuvieron de intentar debatir abiertamente la ciencia del clima.
Esta vez, los funcionarios de Trump han ido mucho más allá. La EPA citó el informe del Departamento de Energía en su propuesta para derogar una Declaración de peligro de 2009 que establecía que los gases de efecto invernadero, incluido el dióxido de carbono, representan una amenaza para la salud pública.
El nuevo informe también se publica meses después de que la administración Trump despidiera a cientos de científicos y expertos que elaboraban el análisis insignia del gobierno federal sobre cómo el cambio climático está afectando al país.
Dicho análisis, conocido como la Evaluación Nacional del Clima, debía explorar cómo el aumento de las temperaturas influirá en la salud pública, la agricultura, la pesca, el suministro de agua, el transporte, la producción de energía y otros aspectos de la economía.
“Es un ataque coordinado y a gran escala contra la ciencia”, afirmó Dave White, director del Instituto Global de Sostenibilidad e Innovación de la Universidad Estatal de Arizona.
“Esto ya existía durante la primera administración de Trump, pero se está agravando en la segunda”, agregó.
La gran mayoría de los climatólogos coinciden en que el dióxido de carbono, liberado por la quema de combustibles fósiles, se acumula en la atmósfera y eleva las temperaturas globales. Este calentamiento incrementa el riesgo de tormentas destructivas, sequías, incendios forestales y olas de calor en todo el mundo.
El Departamento de Energía encargó su propio informe a cinco destacados escépticos de la opinión general. Entre ellos se encuentran Steven E. Koonin, físico y autor de un exitoso libro que califica la ciencia del clima de “inconclusa”; John Christy, científico atmosférico que duda del grado en que la actividad humana ha causado el calentamiento global; y Judith Curry, climatóloga que ha señalado que existe un exceso de alarmismo sobre el calentamiento.
El informe no niega directamente que el dióxido de carbono esté calentando el planeta. Tampoco intenta negar muchos de los efectos del calentamiento global. Pero en muchos casos, los autores cuestionan las investigaciones establecidas sobre la importancia y los riesgos de este calentamiento. AFP, EFE, The New York Times
Nueva Zelanda, gas y petróleo
El Parlamento de Nueva Zelanda decidió ayer jueves autorizar la extracción de gas y petróleo en el mar, anulando así una prohibición decretada por Jacinda Ardern, que gobernó de 2017 a 2023.
El ministro de Energía y Recursos Naturales, Shane Jones, afirmó que con las nuevas leyes se incentivará la inversión en la exploración de yacimientos petroleros y se mitigarán los problemas de abastecimiento de energía durante el invierno. “La prohibición de exploración de 2018, que fue un fracaso, agravó la escasez de nuestro abastecimiento nacional de gas, al impedir nuevas inversiones”, declaró el ministro, y se refirió al cambio climático como una “gran histeria”.
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