Agencia EFE
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ofreció este lunes su megacárcel para recibir a migrantes indocumentados detenidos por delitos graves en Estados Unidos e incluso abrió la posibilidad de albergar a presos de nacionalidad estadounidense, a cambio de una tarifa.

Si bien Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no se refirió explícitamente a la propuesta del salvadoreño, sí afirmó este martes que enviaría a cárceles de otros países a ciudadanos estadounidenses condenados por crímenes de graves, siempre que fuera legal.

"Si tuviéramos el derecho legal para hacerlo, lo haría sin dudarlo", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Trump argumentó que trasladar a migrantes y ciudadanos condenados por crímenes graves a otros países sería "mucho menos costoso" para Estados Unidos que mantenerlos en sus cárceles y que, además, supondría un "gran elemento disuasorio" para evitar nuevos delitos.

Foto: Jim Watson/AFP.

"Podríamos ir un paso más allá. Es decir, estamos hablando de expulsar a los criminales que entran en nuestro país ilegalmente a través de otros países, ¿cierto? ¿Los inmigrantes ilegales, como yo los llamo? Bueno, tenemos personas que son tan malas como ellos en nuestro país; si pudiéramos sacarlos, yo sería muy feliz", afirmó.

Trump utilizó en repetidas ocasiones la palabra "animales" para referirse a quienes enviaría fuera de Estados Unidos, entre ellos, según dijo, aquellos que "empujan a otros a las vías cuando hay un tren que está llegando 40 millas por hora" o los que "golpean en la cabeza a ancianas con un bate de béisbol".

Foto: EFE

"Son criminales. Se les llama delincuentes peligrosos. Han estado en la cárcel 40 veces. Hay casos de hasta 142 veces. Y cada vez que salen, cometen otro crimen en menos de 24 horas, y es un crimen atroz. Un crimen brutal. No queremos a estas personas en nuestro país tampoco", subrayó.

Algunas organizaciones, incluidos expertos del Brennan Center for Justice, han cuestionado la legalidad de enviar a ciudadanos estadounidenses a otros países, ya que, a diferencia de los migrantes, están sujetos a garantías procesales recogidas en la Constitución de Estados Unidos.