Redacción El País
La esposa del presidente español, Begoña Gómez, quedó más cerca de ser enjuiciada luego de que ayer miércoles el juez que la investiga por malversación de fondos concluyera sus pesquisas y solicitara enviarla ante un jurado popular. Esta decisión no es todavía definitiva porque es susceptible de ser recurrida.
El juez Juan Carlos Peinado considera que una funcionaria contratada por la oficina del presidente Pedro Sánchez trabajó para Gómez en sus actividades privadas, lo cual constituiría malversación de fondos públicos.
Gómez, la funcionaria Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre, quien la habría contratado cuando trabajaba en la Presidencia y ahora es el delegado del Gobierno en Madrid, todos sospechosos de malversación, fueron citados por el juez Peinado este sábado en la tarde para comunicarles su decisión.
Esta noticia sucede además un día después de que un tribunal desestimara el último recurso de David Sánchez, hermano del jefe del Gobierno, quien quedó a un paso de ser juzgado por tráfico de influencias por su contratación en 2017 por una institución pública en España.
Además de estos casos, Sánchez se ha visto debilitado por otras causas judiciales, una que involucra a dos cercanos colaboradores suyos, su ex número tres Santos Cerdán y su exministro de Transportes José Luis Ábalos, sospechosos de cobrar coimas a cambio de obras públicas, y otra contra el fiscal general del Estado, nombrado por su Gobierno.
Según el escrito del juez Peinado, existe “verosimilitud de los hechos” de los que se acusa a Begoña Gómez, por lo que “pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos”.
El magistrado destacó que “la amistad personal previa” de Gómez con Álvarez sería “la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza (...) lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados”.
Peinado dio por cerradas las pesquisas y propuso que el caso vaya a “juicio ante el Tribunal Del Jurado”, es decir, ante un jurado popular.
La función del jurado popular es emitir un veredicto, que indica si está probado o no el hecho que se juzga, y determinar la culpabilidad e inculpabilidad de cada acusado para que, a continuación, el magistrado que preside la sala dicte sentencia.
Aparte de este caso, el magistrado también indaga desde abril de 2024 si Gómez se aprovechó del cargo de su marido en sus negocios privados, con lo que podría haber cometido delitos de corrupción y tráfico de influencias.
Esta causa provocó un fuerte pulso entre la fiscalía, que pidió cerrarla, y el juez, y generó irritación en Pedro Sánchez, quien mantuvo al país en vilo por varios días al debatirse si renunciaba, lo que al final no hizo.
A principios de septiembre, Sánchez acusó a algunos jueces de estar “haciendo política”, al ser preguntado sobre los casos judiciales que involucran a varios de sus allegados, que dijo parten “de denuncias falsas”.
“A este paso, el sanchismo va a necesitar un banquillo de los acusados más largo que la mesa del Consejo de Ministros. Dimisiones ya”, escribió ayer miércoles en X Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular (PP), principal de la oposición. AFP, EFE
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