España debate sobre la vuelta de Juan Carlos I tras desclasificación de los documentos del 23F

La publicación por parte del Gobierno español de información clasificada sobre el intento de golpe de Estado de 1981 reabrió ayer jueves el debate sobre el posible regreso a España del rey Juan Carlos I, que se marchó a Emiratos Árabes Unidos en 2020 por las polémicas sobre sus finanzas y relaciones personales. La casa real aseguró que la decisión es personal y le compete exclusivamente al monarca emérito, de 88 años.

Partidario claramente de su vuelta se había mostrado el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo: “La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado”, argumentó ayer en X en alusión a Juan Carlos I, que abdicó en su hijo, Felipe VI, en 2014.

Según Núñez Feijóo, el rey emérito ha reconocido “errores innegables” en su trayectoria, pero “contribuyó a sostener” la democracia española.

El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) replicó que la decisión de volver a España depende “exclusivamente” de él y la casa real.

“El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España”, destacó el ministro de la Presidencia, el socialista Félix Bolaños.

De hecho, viaja al país “cuando así lo decide”, agregó sobre varios viajes esporádicos para actividades privadas.

En sus memorias recientes, el rey emérito ha manifestado el deseo de volver de manera permanente.

A su vez, la ministra portavoz del Gobierno, la socialista Elma Saiz, opinó que la desclasificación de los documentos del 23F, a los que se pudo acceder el miércoles, es un ejercicio de transparencia que aleja “bulos y rumores malintencionados que querían difamar la figura del rey” en cuanto a un supuesto conocimiento previo o incluso conformidad con la asonada.

El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, fallecido justo este mismo miércoles, irrumpió pistola en mano en el Congreso al mando de un grupo de agentes de ese cuerpo de policía militarizada y secuestró a los diputados y al Ejecutivo, que estaban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente del Gobierno.

Varios jefes militares se unieron a la rebelión, que se frustró cuando Juan Carlos I, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a las autoridades civiles y castrenses, en un discurso televisado, que tomaran las medidas necesarias “para mantener el orden constitucional”.

Sin embargo, pequeños partidos de izquierda e independentistas vascos, catalanes y gallegos mostraron ayer “decepción” al considerar que los documentos ahora revelados no aportan novedades sobre el golpe militar.

Hay información que “sigue siendo oculta” y es “muy pronto” para hacer una valoración sobre el papel del jefe del Estado de entonces y sobre si contribuyó a “salvar la democracia”, indicó el portavoz del partido independentista gallego BNG, Néstor Rego. Pidió que el rey emérito regrese para rendir cuentas a la justicia española, también por los casos de “corrupción”.

El portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, tiene la impresión de que la desclasificación es “una nueva operación de blanqueo” del papel del anterior monarca. “El rey emérito obviamente no tiene ninguna prohibición de volver a España, pero se ha convertido en una auténtica vergüenza para este país”, añadió.

Y Gabriel Rufián, del partido independentista catalán ERC (izquierda republicana), se manifestó contundente sobre un eventual regreso: “Los delincuentes mejor fuera que dentro”.

Un documento del CESID (los servicios de inteligencia de la época) confirma cómo el rey frenó al general golpista Alfonso Armada, condenado a 24 años de cárcel, en el intento de acudir a la residencia real. Y que también ordenó al teniente general Jaime Milans del Bosch, entonces jefe de la región militar de Valencia, que depusiera su actitud a favor del golpe.

En nombre de Vox, partido de extrema derecha, el diputado Jorge Buxadé se limitó a afirmar que los “historiadores dirán” si la figura de Juan Carlos I sale reforzada con los nuevos documentos.

Entre los argumentos aducidos hace días por el Gobierno para publicar los documentos está “impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones y la desinformación” para “desinformar” a los jóvenes que piensan que “se vivía mejor” con el dictador Francisco Franco, muerto en 1975. El diputado socialista José Zaragoza consideró ayer que lo conocido confirma que la “ultraderecha conspiró” y la sociedad defendió la democracia. Con la publicación de estos documentos se “desbaratan muchas teorías de la conspiración”, añadió.

Parte de los escritos desclasificados documentan campañas contra Juan Carlos I para implicarlo en la asonada y tener argumentos contra la Corona que hicieran posible “un intento similar en el futuro”, y mencionaban “sectores de la derecha radical” de 1981.

Entre esta documentación hay un escrito del Partido Comunista del 11 de mayo de 1981 que advierte de un “jaque mate” de la extrema derecha, que “quiere implicar a la monarquía y destrozarla como institución democrática”.

Con el título “Campaña contra S.M. el rey en relación con el 23 F”, un escrito no firmado incluido en la documentación del Ministerio del Interior relata que tanto los abogados defensores de los “verdaderamente implicados” en el golpe como los grupos políticos y simpatizantes de los acusados “han tergiversado algunos hechos”. También, agrega el documento, sobre las Fuerzas Armadas se ha tratado de imbuir de manera insistente la idea de que no era posible la intervención de dos generales (Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada) “sin conocimiento previo de su majestad”.

AFP